El Gobierno de Canarias plantea la creación de centros de acogida para migrantes que no pueden ser repatriados
El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, ha considerado urgente la creación de centros de acogida para los migrantes que no pueden ser repatriados, como han hecho Ceuta y Melilla, para que “no se queden en la calle”.
En comparecencia parlamentaria, el consejero señaló que si bien la Comunidad Autónoma no tiene competencias en el control fronterizo, sí tiene que ayudar a la Unión Europea y a la Administración General del Estado y exigir que se refuercen las políticas preventivas que impidan las salidas de migrantes irregulares.
Asimismo, abogó por ejercer las competencias de Canarias, como son impulsar la repatriación de los migrantes, atender a los menores no acompañados y crear lugares de acogida para los migrantes que no pueden ser repatriados, como han hecho Ceuta y Melilla.
Julio Pérez afirmó que el Sistema de Vigilancia Exterior (SIVE) de Lanzarote no es la solución a la migración irregular, sino que en África haya gobiernos “democráticos, solventes y que aprovechen los millones que les da Europa”. “Mientras eso no ocurra, habrá inmigración”, advirtió.
El diputado Luis Campos (NC) señaló que hasta el pasado 14 de noviembre han llegado a las costas canarias 1.493 migrantes irregulares, 240 de ellos menores, frente a los 1.223 registrados el año pasado, y se han contabilizado hasta 15 fallecimientos por ahogamiento.
Los CIE, una “aberración”
Ante estos datos, el diputado exigió al Gobierno de España que el SIVE de Costa Teguise funcione “de manera efectiva”, pues “permitirá salvar vidas”, y también abogó por desmantelar los CIE en el archipiélago porque son una “aberración” y responden a una política migratoria “racista e hipócrita”.
Por el Grupo Mixto, Ricardo Fernández de la Puente reclamó al Gobierno de España más medios para poder prestar una mejor atención y asistencia a los migrantes irregulares que llegan al archipiélago, así como más agentes para controlar las fronteras.
La diputada Melodie Mendoza, de ASG, coincidió en la necesidad de instar al Estado para que dote a Canarias de más medios para atender a estas personas y, también, que sea el impulsor en Europa de una política migratoria común que no criminalice a los migrantes.
El diputado de Podemos Francisco Déniz culpó a Europa del problema de la inmigración por haber llevado “la guerra y el exterminio” a África, mientras que la popular Astrid Pérez hizo hincapié en que el Gobierno tiene la responsabilidad de evitar que personas mueran en el mar o en nuestras costas mediante la puesta en marcha del SIVE.
Oswaldo Betancort, del Grupo Nacionalista Canario, afirmó que hablar del SIVE de Costa Teguise es hacerlo “desde la rabia y la incomprensión”, y el socialista Manuel Martínez señaló que la solución al problema de la migración pasa por darles oportunidades en sus países de origen y controlar el crecimiento de la población para que el desarrollo pueda llegar a estos territorios.
En su segunda intervención, Julio Pérez quiso dejar claro que los SIVE han permitido reducir un 50% las llegadas de migrantes irregulares a las costas españolas en el Mediterráneo, y advirtió a los partidos de la oposición que si en Costa Teguise no funciona el SIVE y las mafias entran por ahí, “más van a entrar si lo dicen”.
En cuanto a los CIE, aclaró que su función es retener durante 40 días a los migrantes irregulares que no pueden ingresar en prisión; no obstante, incidió en que el problema no son los CIE, sino que la mayor parte de los migrantes irregulares que llegan a nuestras costas no pueden ser repatriados.
El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, ha considerado urgente la creación de centros de acogida para los migrantes que no pueden ser repatriados, como han hecho Ceuta y Melilla, para que “no se queden en la calle”.
En comparecencia parlamentaria, el consejero señaló que si bien la Comunidad Autónoma no tiene competencias en el control fronterizo, sí tiene que ayudar a la Unión Europea y a la Administración General del Estado y exigir que se refuercen las políticas preventivas que impidan las salidas de migrantes irregulares.