Tras la declaración como acusado del juez Salvador Alba y como testigo del empresario Miguel Ángel Ramírez, los protagonistas de la grabación por la que el primero se sienta en el banquillo con la pesada losa de cinco delitos y peticiones de más de diez años de cárcel a sus espaldas, la primera sesión del juicio en la Sala de Audiencias del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha concluido con la comparecencia del abogado que acompañó al presidente de Seguridad Integral Canaria (SIC) a ese encuentro, Sergio Armario.
“Alba me pidió hablar expresamente con Miguel Ángel Ramírez. Que no quepa la menor duda de que quería hablar con él”. Así de tajante se ha mostrado el letrado, a quien el juez atribuye la iniciativa de ese encuentro. Armario estaba personado en la causa por fraude fiscal contra Ramírez desde el preciso momento en el que su representado, Héctor de Armas, mano derecha del entonces propietario de SIC, fue imputado por cuatro delitos en ese procedimiento. Es decir, desde el mismo día en el que Alba accedió al juzgado para sustituir a Victoria Rosell cuando la jueza pidió la excedencia para concurrir a las elecciones generales celebradas en 2015.
Según el segundo testigo del juicio, el magistrado procesado expresaba un interés inusitado en los contratos de publicidad de SIC y, más en concreto, en aquellos vinculados con las empresas editoras del periódico Canarias Ahora, que dirige la pareja de Rosell, en la actualidad diputada de Podemos. “Desde que entra en la 644 (la causa penal 644/2014) se van encendiendo fuegos y solo se deja un camino, Miguel Ángel Ramírez”, ha asegurado Armario.
En la misma línea manifestada por el empresario en una declaración anterior, el abogado de SIC reconoció que le sorprendió la actitud de Alba en este procedimiento. “Llevó a (Héctor) De Armas a declarar por la fuerza. Lo puso en busca y captura, dijo que si era necesario llevaba a la Policía o le prestaba declaración en el hospital. Fue a declarar convaleciente”, recuerda Armario.
El letrado ha explicado que Alba le trasladó su intención de decretar el “cierre total” del procedimiento contra Ramírez, esto es, el archivo definitivo, por las irregularidades que habría cometido Rosell durante la instrucción y por no haberse abstenido por los vínculos comerciales que creía haber descubierto entre la pareja de la jueza y el empresario al que investigaba. “Me dijo que iba a proponer un acuerdo a tres bandas en el que estaba implicado también el Ministerio Fiscal (…) Decía que había causa de nulidad en el procedimiento”. Un pacto que, sin embargo, veía inviable porque la representante del Ministerio Público, Evangelina Rios, le había expresado que no apreciaba esos argumentos esgrimidos por el entonces magistrado instructor.
En relación con la reunión del 16 de marzo, Armario ha relatado que Alba le impidió acceder al despacho donde se reuniría con Ramírez, deteniéndolo con un gesto con la mano y la expresión ‘Te lo devuelvo intacto’. “Me sorprendió. Mi intención era estar en ese encuentro (…) No lo consideraba una actuación profesional (era el abogado de SIC y de Héctor de Armas, pero no de Ramírez), pero no lo quería dejar desamparado”, ha subrayado.
Armario ha añadido durante su comparecencia que Alba le llamó desde un teléfono privado el mismo día en el que cesó como juez sustituto en Instrucción 8, el 3 de mayo, para pedirle que presentara un escrito pidiendo la nulidad de la causa. También lo hizo posteriormente, una vez fuera del juzgado, para citarle en una playa del municipio grancanario de Telde, donde reside el magistrado, preguntarle por “cuestiones personales” y grabarlo con la intención de incorporar ese audio a alguno de los procesos judiciales que mantenía abiertos.
Una causa compleja
El letrado ha contradicho a Alba sobre la complejidad de la causa que instruyó Rosell por fraude fiscal contra Ramírez. Armario ha recordado que tiene nueve tomos y ha precisado, en relación con la actuación del juez sustituto, que era materialmente imposible citar a declarar a Héctor de Armas el mismo día en el tomaba posesión sin tener conocimiento de la causa.
Además ha desmontado alguna de las irregularidades denunciadas por Alba y atribuidas a Rosell, como la supuesta demora en imponer la fianza (“Lo sorprendente es que se fijara en el momento en el que se encontraba la causa, cuando aún no se había recibido el informe pericial solicitado por la jueza a la Agencia Tributaria”) o la retención de un pendrive durante 22 meses. “Estaba a disposición de las partes y no contenía información relevante”, ha afirmado Armario, que considera que Rosell no benefició a Ramírez en ninguna de sus resoluciones.