20 de abril: la patronal lo quiere todo

Las alarmas han saltado en los cuarteles generales de la patronal canaria y en el Gobierno canario dirigido por el bipartito CC-PP, favorable a los intereses de la patronal. El próximo día 20 de abril se van a producir movilizaciones, que prometen tener empaque, en las islas con el eslogan: “Canarias tiene un límite, por un cambio de modelo económico”. Promesa siempre postergada por los gobiernos de nuestras islas. 

El hartazgo por la situación económica, laboral, medioambiental y social de las islas son los disparadores de dicha movilización. El nerviosismo ha cundido en los defensores del status quo cuando los organizadores de la manifestación han puesto la diana en las disfuncionalidades del sistema, ya que choca de lleno contra los intereses empresariales. Esto ha abierto una brecha y una ventana de oportunidad inédita, ya que esta es la primera vez que se empieza a discutir sobre el modelo turístico, y no sobre si el turismo debe de ser de calidad o de masas. 

El presidente Clavijo ha maniobrado con habilidad, y cinismo, realizando el siguiente guiño a los manifestantes: “Pido al sector turístico democratizar la riqueza porque explota algo de todos: nuestro sol, nuestro paisaje, nuestras maravillosas islas”, y ha pedido corresponsabilidad al sector y “aumentar los salarios”. Por supuesto, esto no se le ocurrió cuando fue presidente la última vez, ni cuando CC estuvo en la oposición. 

¿Pero cuál es el problema del turismo en Canarias? Dicho modelo tiene varias externalidades negativas evidentes. El empresariado mantiene salarios bajos y precariedad que afecta negativamente a los trabajadores y trabajadoras. De hecho, en la crisis económica de 2008 hubo récord de turistas por las crisis en el norte de África, y fueron años de destrucción de empleo y bajadas salariales. Además, el león de los beneficios del turismo recae en las turoperadoras, las empresas hoteleras, y en menor medida, en las plataformas de alquiler vacacional. Con el Régimen Económico y Fiscal apenas deja impacto en las arcas de la comunidad autónoma, lo que ha acabado generando una subfinanciación de los servicios públicos (en la cola de la mayoría de los servicios de todo el Estado). El problema del REF es que no se audita su impacto, ni se obliga a las empresas a dar algo a cambio de ahorrarse el impuesto de sociedades. A esto añadimos el impacto negativo en el cambio climático del sector, que está ayudando a producir una subida anormal de temperaturas y más episodios de calima, que afectan de manera importante a nuestras islas.

El coste salarial es de 1.894,59 euros en Canarias (INE; octubre-diciembre de 2023), mientras que Baleares, con una estructura económica similar (en torno al 35,5% del PIB generado por el sector turístico y casi el 40% del empleo), los trabajadores cuestan 2.358,70 euros, prácticamente coincide con la media estatal, un 26% de media más que en Canarias. Eso a la vez que el porcentaje de población en riesgo de pobreza o exclusión social (tasa AROPE, 2023) está en el 33,8% de la población y un 26,1% de pobreza (3ª comunidad), agravado por la cesta de la compra más cara por renta por habitante (según la OCU), y un crecimiento exponencial del coste del alquiler y de la vivienda, lo cual no ayuda en absoluto a mejorar dichos datos. A esto se suma que las Islas Canarias son, tras Melilla y Ceuta, de los territorios más desiguales de España, atendiendo al coeficiente S80/S20 (según la encuesta de condiciones de vida del INE de 2022), mientras que 0,3% de la población canaria tiene una riqueza equivalente a casi la mitad del PIB de todo el archipiélago (datos de 2021 de la AEAT).

A esto hay que añadir la presión sobre el alquiler de la vivienda ejercida por el alquiler vacacional. Canarias tiene 44.376 espacios habitacionales, el más alto del país, donde, además España es el 2º país con mayor número de alquileres vacacionales de toda UE. El gobierno canario (CC-PP) ha anunciado una ley para regular el sector y poner freno a dicho crecimiento exponencial, y un fondo se ha dado prisa acaparando 150 millones en vivienda (500 alojamientos) para alquiler vacacional antes de que la ley se apruebe. Mientras que el número de viviendas públicas (20.000) es ridículo para un territorio con un 2,2 millones de habitantes. La inacción en esta materia es total.

En Canarias se ha seguido impulsando una estrategia desarrollista que no solventa la situación de pobreza, basada en el pelotazo urbanístico, la depredación del territorio, los salarios bajos, y las escasas políticas ambientales. Un ejemplo de ello ha sido el intento de construir el proyecto turístico Cuna del Alma, que afecta a al menos un yacimiento arqueológico y ha contado con informes negativos por el impacto ambiental, mientras la colusión entre los intereses empresariales y de algunos partidos políticos han llevado a este desastre. Canarias acumula infraestructuras infrautilizadas en la idea equivocada de que dichas infraestructuras atraen automáticamente actividad económica y generarían empleo.

¿Qué aporta la patronal del sector que utiliza un territorio europeo geográficamente enclavado en África, con un clima envidiable, servicios sanitarios y una seguridad europea que explotan sin aportar casi nada a los ingresos del Estado? El territorio que explotan no es suyo. No se comprometen ni con la calidad de vida de los trabajadores y trabajadoras, ni con reducir el impacto negativo en el medioambiente de su propio sector, ni fiscalmente gracias a las subvenciones, publicidad institucional gratis, el REF y las ayudas europeas por ser una región ultraperiférica. A la vez que tiene partidos que defienden claramente sus intereses mercadeando en Madrid su apoyo por beneficios para sus empresas, o ayudándoles desde las instituciones canarias, como CC, el PP, NC, ASG y un sector del PSOE. Incluso una medida moderada como la tasa turística, que reclaman los colectivos sociales, los partidos de izquierdas (aunque según el momento), y los sindicatos se ha opuesto frontalmente la patronal y el PP. CC hace guiños a la medida pero con escasa credibilidad. La patronal no quiere ceder nada, lo quieren todo.

Sumar apoya las movilizaciones que se realizarán el 20 de abril con un firme compromiso con la necesidad de cambiar de modelo económico, guiado hacia propuestas de descarbonización de las islas y la industrialización verde, como la búsqueda de reducir de forma drástica el impacto ambiental provocado por el turismo y otros sectores. Creemos en la necesidad de aumentar los salarios, revalorizando el papel de los sindicatos en el diálogo social, donde el Gobierno de Canarias no debe actuar como vocero de los primeros sino representar a los intereses de los canarios y las canarias. La economía debe funcionar al servicio de la ciudadanía, por lo que hay que auditar el REF, medir su impacto, y modificarlo u orientarlo hacia una economía de misiones (siguiendo a Mazzucato) donde el Estado oriente la iniciativa privada hacia fines sociales. El gobierno debe acometer una reforma fiscal en profundidad, al igual que mejora los servicios públicos y construya vivienda social, de manera que reduzca las tasas de pobreza, exclusión social y desigualdad. El gobierno debe declarar (y los municipios) zonas tensionadas a aquellas que tengan problemas serios con el alquiler, como el control de precios, a la vez que se impulsa vivienda de alquiler asequible.

Construyamos una Canarias para los habitantes de Canarias, y no para los intereses empresariales. Este es el momento.