El personal público se manifiesta unido para que el poder político canario y estatal cumplan con la normativa y jurisprudencia europea, no malgastando los tan necesarios fondos públicos.
Los servicios públicos en Canarias son el eje vertebrador que remueve los obstáculos que se encuentran en una sociedad desigual que contiene la tasa de pobreza general e infantil más alta de todo el Estado español. Un sector público de calidad que no debería tener trabajadoras y trabajadores públicos en precario.
Según el Boletín Estadístico del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, a 1 de julio de 2019, el sector público canario se componía de los siguientes trabajadores:
- en la administración autonómica: 67.319
- en la administración insular y local: 32.469
- en la administración del Estado: 23.348
Esto hace un total de 123.136 trabajadoras y trabajadores, donde la temporalidad-precariedad tiene un 40% en su nivel autonómico, un 60% en su nivel insular y local y un 8% en su nivel estatal. Ello nos conduce a afirmar que más del 39% de las administraciones públicas canarias se mantienen con personal público no fijo, alcanzando en la actualidad la cifra de casi 50.000 trabajadores.
Este grave problema de precariedad laboral se remonta a hace más de 25 años debido a una mala gestión en el empleo público en Canarias, llevada a cabo por distintos partidos políticos que han gobernado las distintas Administraciones Canarias. La situación en la actualidad es que la media de edad de este personal público es de cincuenta años, siendo en un 70% mujeres. Esta es la realidad de la precariedad laboral en el sector público canario que, según la normativa europea desde el año 1999 y según la normativa española desde el año 2007 no debería existir.
Todo el personal público que ha ocupado un puesto estructural durante más de tres años está en fraude de ley, porque así lo ha reconocido recientemente la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, por lo que tiene derecho a ser indemnizado en caso de cese. Y, por otro lado, las últimas sentencias del Tribunal de Justicia Europeo respecto a la precariedad laboral en el sector público de los países de la Unión dictaminan que hay que llegar a la fijeza sin procesos selectivos de resultado incierto. En Canarias, el personal público de la Administración General se encuentra en huelga desde el mes de enero del año en curso para conseguir que se respete el derecho de permanecer en nuestro puesto de trabajo, como así lo ha señalado en su dictamen la presidenta emérita del Tribunal Constitucional español María Emilia Casas.
El 28 de octubre, el personal de la administración general tiene un día de huelga, que coincide con el día de huelga que se ha convocado para todas las Administraciones públicas a nivel estatal, donde realizaremos una manifestación junto a otras administraciones públicas en las dos capitales canarias. En España, 900.000 trabajadoras y trabajadores públicos son falsos temporales por la desidia de los gobernantes que están pretendiendo resolver ahora el problema de temporalidad de espaldas a la normativa europea y de las justas propuestas de letrados de reconocido prestigio. Nos haremos oír con una sola voz, una vez más, en Canarias y en todo el país para que se reconduzca la ley que se tramita en el Congreso y para que cada administración no delegue la competencia organizativa de sus recursos humanos en el Estado y así se consiga que “quienes estamos nos quedamos”, porque es lo justo y lo más económico para toda la ciudadanía que no tiene porqué pagar la mala gestión política realizada.