Abreu y el pastel de Clavijo

Llevo varios días mirando al cuadro que nos pintó Javier Abreu en su comparecencia en los juzgados de La Laguna por el caso Reparos con la mosca detrás de la oreja: hay algo que no encaja, no cuadra, como si fuera el bosque el que no te dejara ver bien los árboles.

No son sus pequeñas mentiras del estilo de que la prórroga del contrato con Urbaser no ha sido denunciada, que se haya escondido detrás de los funcionarios al más viejo estilo Coalición Canaria (CC), o que trate de equiparar la responsabilidad y habilitación del interventor a la del resto de funcionarios… ni siquiera su complicidad con el abogado de CC para liberar a los muchachos de toda culpa (“jamás don Fernando Clavijo, ni don José Alberto Díaz, ni ningún otro concejal, ni nadie que estuviera por allí, ni nos reunimos, ni conspiramos ni hicimos nada extraño”).

Tampoco, por muy dura que suene, la boutade de que Santiago Pérez y el interventor se reunían prácticamente cada tarde (no sabe si a tomar el té o, como pretendía oportunistamente el abogado de CC, a “preparar la denuncia”).

Nadie ha denunciado a Javier Abreu. Y esta denuncia no fue maquinada ni articulada de modo oscuro. Todo lo contrario. La presentó Pérez después de años avisando, nada menos que en el Pleno de la Corporación, de que iba a hacerlo si no cambiaban las prácticas de prorrogar o dar continuidad a contratos vencidos con los informes de la Intervención en contra.

Eso fue lo que hizo. Así de simple. Dar traslado al Juzgado de unos informes que periódicamente presentaba el interventor al Pleno con los reparos de legalidad que se levantaban por el Gobierno local. Múltiples contratos. Por una cuantía de dinero más que considerable. La Fiscalía Anticorrupción hizo suya la denuncia y el nombre de Abreu afloró al haber firmado unos cuantos como alcalde accidental.

Y ahora viene y se descuelga en el Juzgado diciendo que se siente “amenazado” porque las esquinas laguneras le susurran al oído, de parte de Pérez, que “se porte bien porque aquí el objetivo es Clavijo”. Y que si se porta bien “lo desimputan”, cuando hasta un chiquillo de primero de Derecho sabe que eso es imposible, por muchos escritos que nadie le redacte, desde que la denuncia fue presentada.

Así es que después de 44 minutos de declaración, en los que se permitió incluso mandar a callar varias veces a la fiscal Farnés, justo al final de la misma y sin venir a cuento, pretende hacernos creer que se siente “amenazado”. 

Es justo ahí donde falla su pirueta, donde el cuadro se desdibuja, donde está la pequeña trampa. Podría haber dicho tentado, impulsado, impelido, animado, invitado y otro montón de “ados”. Cualquier cosa menos amenazado. Ni lo refleja su lenguaje en la comparecencia, verbal y no verbal, ni nada hubiera cambiado dijera lo que dijera sobre Clavijo (firmó unos cuantos decretos levantando reparos como alcalde accidental y eso no tiene remedio).

Es verdad que uno puede recurrir a las fórmulas más imaginativas para defenderse cuando lo llevan a un Juzgado. Incluso mentir en su propio beneficio. Lo que no puede hacer es imputar a otra persona la comisión de un delito tan grave como el de atentar contra la Justicia. O al menos hacerlo sin esperar que la otra parte no defienda su honorabilidad, que también tiene derecho a tenerla.

Es tan subjetiva y fantasiosa su versión, salvo que tenga pruebas de las que no ha hablado, como la mía si dijera que sé que fue a casa de Fernando Clavijo, porque va, a preparar su declaración del otro día.

Sin embargo Clavijo, aprovechando la revoltura del río y los altavoces a su servicio, ha tardado un instante en salir a sentenciar que “se ha descubierto el pastel: aquí no hay nada, como tampoco lo había en el caso Grúas”. 

Como si por arte de magia la película de Abreu lo exonerase de toda culpa, descargándola en Pérez, que es tan malo que manipula al interventor por las tardes y aprovecha las noches para recorrer las calles laguneras amenazando a ex concejales. 

Olvidó Clavijo referirse al caso Corredor, donde sí que había un pastel, podrido, que sigue apestando y lo inhabilita moralmente para ser cargo público después de dejar clarito, en negro sobre blanco, cómo se las gasta. 

¡Oh, casualidad!, que un oportuno robo en el Juzgado hiciera desaparecer las autorizaciones judiciales para pincharle el teléfono. ¡Oh, maldición!, que esas llamadas se hicieran, porque se hicieron, y fueran grabadas y transcritas por la Guardia Civil dejando constancia histórica de cómo se maneja el ex presidente.  

No nos tomen por tontos.