Alcaldes entre vaivenes

Debió ser en la Navidad de 1997, cuando Gerhard Schröder (SPD), preparándose para ser canciller federal de Alemania, disfrutó de una breve estancia en el hotel 'Tigaiga' (Puerto de la Cruz, Tenerife). Gentilmente invitados por su propietario, Enrique Talg Wyss, le cumplimentamos e intercambiamos puntos de vista sobre política en general y los desafíos de la sociedad en el siglo XXI. Talg le había prevenido de lo que había sucedido en el Ayuntamiento portuense en julio de 1995, cuando una moción de censura perpetrada por el Partido Popular (PP) y Coalición Canaria (CC), nos desbancó de la alcaldía, después de haber ganado los comicios con casi el 39% de los votos. Tuvimos que explicarle al futuro canciller de las peculiaridades del sistema electoral español, hasta que Schröder hizo la pregunta del millón:

-¿Y qué clase de ley es esa que no se puede gobernar con el 39% de los votos?

Meses después, contábamos el episodio en el curso de unas jornadas de política municipal clausuradas por el que fuera secretario federal de Política Municipal, Alfonso Perales (q.e.p.d.), quien aludió al caso, entre otros, para argumentar la necesidad de modificar el sistema electoral para ser respetuosos con la voluntad mayoritaria de los votantes, proporcionar la debida estabilidad institucional y fortalecer la figura del alcalde. Advirtió que tal modificación no debía, en todo caso, mermar mecanismos de fiscalización y control por parte de los órganos municipales cuyo funcionamiento democrático debería quedar garantizado por la propia Ley. Pese a la revisión en orden a la materialización, en el pleno, de la censura, los planteamientos básicos siguen siendo prácticamente los mismos.

Pero las ironías y los vaivenes de la política han querido que sea ahora el Partido Popular el que enarbole la bandera. El presidente Rajoy la contextualizó mal (ni más ni menos que en un propósito de regeneración política: “no es esto, no es esto”) pero tras el anuncio en sede parlamentaria, ha dado una vuelta de tuerca ante los suyos, insistiendo en una idea de fondo claramente partidista con la que pilla a los socialistas no solo con el pie cambiado sino confiando en que les resultaría difícil contradecirse teniendo en cuenta que una idea similar, por no decir idéntica, ya habían incluido en pasados programas electorales. Ha añadido que les va a esperar, que es tanto como decir que se allanan a negociar o purgarán sus culpas allí donde no ganen alcaldías.

Tras el impacto inicial, la sospecha de que el súbito propósito se debe a las previsibles pérdidas de la mayoría en importantes ayuntamientos de ciudades y capitales de provincia, se une a la evidencia de que el asunto no figura en el texto de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración local, al final aprobada con prisas y con el rodillo mayoritario, no fuera que semana tras semana, tras el varapalo del Consejo de Estado, siguieran incrementándose las fisuras, las incongruencias y los desnudos competenciales del texto articulado en cuyo trasfondo late una vulneración del principio de autonomía local. Aún así, ya se sabe, le queda trabajo al Tribunal Constitucional donde terminaron las impugnaciones de grupos políticos, otra razón, desde luego, para que estos mismos grupos, aun cuando puedan contemplar aristas positivas a la propuesta del presidente Rajoy, entiendan que ahora no es el momento de enfrascarse con una reforma cuya naturaleza obliga al consenso.

El debate está servido, con pros y contras, sin que falten interpretaciones que hasta desnuden una cierta contradicción: frente a quienes estiman que la iniciativa de Rajoy es muy pragmática en los tiempos que corren y facilitará la estabilidad institucional, ya se aprecia la corriente contraria: la que cree que estamos ante una evidente regresión democrática, palpable con todo lo que signifique incrementar competencias y capacidades decisorias del alcalde.

Mientras tanto, la pregunta de Schröder y los afanes de Perales desatan la evidencia de que, en política, la coyuntura da la función. Eso sí: será complicado y prácticamente imposible refutar que sus dudas y sus fundamentos revisionistas eran muy razonables.

Debió ser en la Navidad de 1997, cuando Gerhard Schröder (SPD), preparándose para ser canciller federal de Alemania, disfrutó de una breve estancia en el hotel 'Tigaiga' (Puerto de la Cruz, Tenerife). Gentilmente invitados por su propietario, Enrique Talg Wyss, le cumplimentamos e intercambiamos puntos de vista sobre política en general y los desafíos de la sociedad en el siglo XXI. Talg le había prevenido de lo que había sucedido en el Ayuntamiento portuense en julio de 1995, cuando una moción de censura perpetrada por el Partido Popular (PP) y Coalición Canaria (CC), nos desbancó de la alcaldía, después de haber ganado los comicios con casi el 39% de los votos. Tuvimos que explicarle al futuro canciller de las peculiaridades del sistema electoral español, hasta que Schröder hizo la pregunta del millón:

-¿Y qué clase de ley es esa que no se puede gobernar con el 39% de los votos?