¡Ave, Marchena!

Reconozco que ha sido una ingenuidad mía. Seguramente porque prefiero no acabar de creerme hasta dónde está dispuesta a llegar La Contra para hacerse con el poder.

Y derribar al Gobierno legítimo, como sea.

La Contra está muy organizada y sus esbirros cumplen a rajatabla las instrucciones impartidas por el puesto de mando, cuya composición es fundamentalmente empresarial, luego mediática.

Y por cierto, judicial. Cada vez más a la descarada, muy influyentes magistrados (casi todos chicos, por cierto) compiten en una carrera esbirrocrática. Y si llegan airosos a la meta, la de que este Gobierno “dura menos que dos telediarios alemanes”, al decir de S.Sª Peinado, el mismo que ha ideado una “alternativa judicial” y jurídicamente delirante, para arremeter contra Puigdemont por delitos de traición no especificados. O que el que definió a un Consejo General del Poder Judicial carente de la más mínima legitimidad constitucional como la “aldea gala” contra el Gobierno de Sánchez. Y ya ha sido premiado con una plaza de magistrado del Tribunal Constitucional.

En esta fase de la ofensiva contra la amnistía no podía faltar The Boss: Marchena. ¡Ave, Marchena! 

Decía el inolvidable y sabio Pedro Molina, líder de los ganaderos de Tenerife, que la diferencia entre ser listo o ser inteligente es que “de listo te puedes pasar; pero de inteligente, no”.

Creo que el juez Marchena es una persona muy inteligente, pero se viene pasando de listo desde hace algún tiempo. Y pasarse de listo implica siempre una falta de respeto a la inteligencia de los demás. Que no somos muy listos, pero tampoco muy tontos.

No voy a reproducir los “argumentos” primordiales de la decisión del Supremo. Suscribo las consideraciones que ha realizado el ex-magistrado y ex-fiscal del Tribunal, José Antonio Martín Pallín.

Porque quiero efectuar algunas consideraciones jurídico-políticas, que es el prisma desde el que ha observado la realidad del Estado de Derecho un jurista de pueblo como yo, con más de 30 años de docencia universitaria en el área del Derecho Político y Constitucional las espaldas y con más de 40 desempeñando cargos representativos, como senador y diputado autonómico y como miembro del Cabildo de Tenerife y del Ayuntamiento de La Laguna. De estos 40, 32 en la oposición en las instituciones autonómica, insular y municipal.

Una previa: a veces pienso que las élites occidentales han tomado la opción, frente a la amenaza del liderazgo de China, que “disfruta” de un régimen dictatorial, de partido único “comunista”, una economía capitalista y de  un sistema político situado en las antípodas de los principios de la cultura liberal democrática de la que tanto ha presumido Occidente, hasta el punto de intentar imponerla a países de otras áreas del planeta con las terribles consecuencias y estragos, especialmente sobre la población civil de esos Estados independientes. Y con el objetivo de controlar los recursos naturales, especialmente los energéticos.

La ofensiva antidemocrática que recorre Occidente, y no precisamente fantasmal -sino de carne y sangre- tal vez persiga restaurar dictaduras capitalistas para poder competir con la creciente expansión e influencia chinas. La ultraderecha, desnuda o disfrazada, ha sido siempre la fuerza de choque del capitalismo más despiadado.

No le ha importado al Tribunal Supremo, bajo la égida de Manuel Marchena, cuyo su nombre sea loado, y que -cómo no- tenía que actuar como ponente, desplegar maniobras “argumentales” inauditas: desde desdecirse de su propia sentencia del Procés en la que dejó constancia que la Independencia era una “ensoñación” de su líderes y una forma de presionar al Gobierno estatal, para invocar el daño potencial a los intereses financieros de la UE, que es uno de los límites a estas medidas de gracia, SI esa fantasía independentista se hubiera consumado.

Ni citar una sola sentencia de esa doctrina secular sobre la malversación, para desobedecer la letra de la Ley de Amnistía y la voluntad explícita del legislador democrático. Les ha disgustado a sus Excelencias que las Cortes ajustaran al límite el texto y los mandatos de la Ley durante la tramitación parlamentaria. Entre otras razones, para ajustarse a recomendaciones muy explícitas de la Comisión de Venecia, especialmente respecto a la malversación. Por eso se permiten efectuar consideraciones políticas, idénticas a las manoseadas por los brazos políticos y parlamentarios de La Contra, dígase PP y Vox, sobre la rapidez o idoneidad del procedimiento y de los ritmos de la tramitación legislativa. Porque se les estaba haciendo la boca agua con el texto inicial de la Proposición de Ley.

Es la segunda vez que órganos jurisdiccionales, el Tribunal Constitucional, aunque no forma parte del Poder Judicial, y el Tribunal Supremo irrumpen en el procedimiento legislativo en el que se define la voluntad popular. La primera (y me la tuve que estudiar muy en detalle para actuar representando al Grupo Socialista del Senado) fue respecto a la derogación del delito de sedición. Adoptando una medida cautelarísima, inauditae partes, que cercenaba el ejercicio del poder legislativo. La segunda, esta exhibición del Tribunal Supremo. Y las dos con el Procés como trasfondo y boicoteando la voluntad del Gobierno y de la mayoría parlamentaria de emprender vías de normalización y de pacificación. Conductas jurisdiccionales sin precedentes en la democracia del 78.

Otra línea “argumental” tiene que ver con el principio de igualdad ante la Ley. Invocado así, en abstracto. Cuando saben, mejor que yo, que sería imprescindible poner sobre la mesa un “tertium comparationis”. Es decir, algún quebranto constitucional similar al Procés, a cuyos protagonistas no se les hubiera aplicado medidas de gracia.

Y así, un suma y sigue de despropósitos y de quebranto del pleno sometimiento a la Ley que legitima el ejercicio del poder jurisdiccional. Lo demás es puro descaro, protagonismo enfermizo y fanatismo ideológico.

Por cierto, le he dedicado muchas horas a leerme los informes y dictámenes de letrados parlamentarios, de la mayoría del periclitado Consejo General del Poder Judicial contra la amnistía. Todos reproducen exactamente la misma cantaleta de argumentos que ahora ha esgrimido el Tribunal Supremo. Con una diferencia: que, porque el ponente del Supremo es o se cree el más listo de todos, ha tratado de maquillarlos con un lenguaje diferente. Pero los juristas, incluso los de pueblo, sabemos que el nominalismo jurídico tiene las patas muy cortitas. Porque, en definitiva, lo que importa es su sentido, finalidad y consecuencias jurídicas. También en una resolución judicial.

Pero de lo que se trata es de retrasar el calendario de aplicación de la amnistía, para sincronizarlo con la estrategia de La Contra. Y eso, ya lo dan por descontado. Incluso con un certificado de seguro: la cuestión de inconstitucionalidad sobre si el delito de desobediencia entra o no en el ámbito de aplicación de la Amnistía.

Qué sería de las derechas patrias si no tuvieran una ETA o un Procés con los que tapar los intereses reales a los que representan. Por eso pretenden mantener rediviva a ETA y prolongar el Procés. Aunque sea con respiración asistida. Judicial y mediática a estas alturas, of course.

Reconozco que ha sido una ingenuidad mía. Seguramente porque prefiero no acabar de creerme hasta dónde está dispuesta a llegar La Contra para hacerse con el poder.

Y derribar al Gobierno legítimo, como sea.