Balanzas fiscales y financiación

Según estos datos, hechos públicos por el Ministerio de Economía y Finanzas, en respuesta al compromiso adoptado por el presidente Rodríguez Zapatero, el “superávit” fiscal de Canarias se sitúa entre el 1,6% y 6,38% de su PIB, según las seis balanzas fiscales con datos de 2005, y el Archipiélago forma parte, de esta manera, del grupo que integran las ocho comunidades autónomas que reciben más de lo que aportan. La complejidad de la medición se observa con la amplitud de las horquillas presentadas por el estudio.

Extremadura, en torno al 15%, y Asturias, superando el 10%, aparecen como las comunidades más receptoras. En el otro lado se sitúan las que más contribuyen: Cataluña, Madrid, Navarra, Islas Baleares y Comunidad Valenciana. Madrid es la que más aporta en todos los estudios, con una horquilla entre el 9,13 y el 8,87% de su PIB, siendo Baleares siempre la segunda, entre el 8,56 y el 7,47%, y Cataluña la tercera, entre el 6,69 y el 6,38%.

No constituye en modo alguno una sorpresa la existencia de comunidades que, por sus condiciones económicas y sociales, aportan más a la bolsa común, mientras otras son claramente receptoras de significativas partidas económicas.

En el marco de un Estado que funcione bajo el principio de la solidaridad entre sus nacionalidades y regiones integrantes esto es así, debe ser así, quedando compensado por la responsabilidad y la buena gestión de los caudales públicos que cabe exigir a todas las partes.

Por otra parte, considero que la publicación de las balanzas fiscales es un elemento instructivo y que aporta transparencia por lo que sería oportuno que la Consejería de Economía y Hacienda del Gobierno canario, editara las balanzas fiscales insulares, para conocer en qué islas se recauda y en dónde se invierte, sin que esto suponga un cambio en la distribución presupuestaria.

Arcas comunes

En mi opinión, la publicación de las balanzas fiscales que indican que esta comunidad tiene un balance positivo, es decir, que recibe más dinero del que aporta a las arcas comunes, no debe suponer en ningún caso una reducción de la financiación estatal al Archipiélago.

Una reducción inaceptable en cualquier marco por la singularidades del Archipiélago, y que sería aún más grave en medio de una crisis económica que tiene especial incidencia en las Islas, al contar con algunos parámetros especialmente negativos, entre ellos los salarios privados más bajos del Estado y las elevadas cifras de desempleo, muy por encima de la media estatal, y, sobre todo, por el mayor coste de los servicios por nuestra lejanía y nuestra insularidad.

Nos encontramos ya inmersos en el inicio del debate sobre la financiación autonómica y conocidas estas cifras, lo esencial es lograr que Canarias, mediante el reconocimiento de sus singularidades, logre un adecuado encaje en el nuevo modelo, que garantice los recursos precisos para el funcionamiento adecuado de las administraciones y los servicios públicos y mantenga su diferencial fiscal.

Y para ello, en mi opinión, no valen ni la demagogia irresponsable ni el frentismo irracional contra el Gobierno del Estado que mantuvo el Ejecutivo de Rivero y los partidos que los sustentan en el período reciente, llegando al extremo de judicializar los mejores Presupuestos Generales para Canarias de la década, los de 2008. Y que ahora, vistos los resultados, su más absoluto fracaso, están sustituyendo esa calculada crispación por una actitud sumisa igual de improcedente.

Hecho insular

El Gobierno canario tiene que basar su estrategia en la defensa del hecho insular que garantiza, sin menoscabo del diferencial fiscal, los recursos del Archipiélago y especialmente a través del Fondo de Suficiencia. El segundo argumento clave debe ser la adecuada respuesta al aumento poblacional, ya que este es el principal criterio para el reparto entre comunidades. El diálogo con el Estado y la alianza con otras comunidades es imprescindible para alcanzar este objetivo, ya que otras autonomías están cuestionando las variables hasta ahora utilizadas para el reparto.

Como he señalado en otras ocasiones, de aparecer nuevas variables que no beneficien a Canarias, como la estructura de edad de la población (el envejecimiento poblacional, esgrimido por algunas comunidades), el Ejecutivo canario debe poner sobre la mesa el elevado nivel de desempleados o la pervivencia de situaciones de pobreza en amplias capas de la población. Así como intentar que el Estado reconozca la condición ultraperiférica (lejanía más insularidad), que sí tiene en cuenta la Unión Europea, y su situación de frontera sur, especialmente en políticas migratorias y de seguridad.

La existencia de un Gobierno de Canarias débil y aislado, sin liderazgo social y político, sin el menor rigor en sus propuestas, constituye sin duda una dificultad añadida de primer orden a la hora de abordar un debate, el de la financiación, en el que nos jugamos el futuro.

*Román Rodríguez es presidente de Nueva Canarias. Román Rodríguez*

Según estos datos, hechos públicos por el Ministerio de Economía y Finanzas, en respuesta al compromiso adoptado por el presidente Rodríguez Zapatero, el “superávit” fiscal de Canarias se sitúa entre el 1,6% y 6,38% de su PIB, según las seis balanzas fiscales con datos de 2005, y el Archipiélago forma parte, de esta manera, del grupo que integran las ocho comunidades autónomas que reciben más de lo que aportan. La complejidad de la medición se observa con la amplitud de las horquillas presentadas por el estudio.

Extremadura, en torno al 15%, y Asturias, superando el 10%, aparecen como las comunidades más receptoras. En el otro lado se sitúan las que más contribuyen: Cataluña, Madrid, Navarra, Islas Baleares y Comunidad Valenciana. Madrid es la que más aporta en todos los estudios, con una horquilla entre el 9,13 y el 8,87% de su PIB, siendo Baleares siempre la segunda, entre el 8,56 y el 7,47%, y Cataluña la tercera, entre el 6,69 y el 6,38%.