El Cabildo de Gran Canaria dirá no a la vulneración de Derechos Humanos en la Frontera Sur

A petición de la plataforma Canarias Libre de CIE, este viernes se  discutirá el cierre del Centro de Internamiento de Extranjeros de Barranco Seco, bajo cuatro objetivos claros. En primer lugar, solicitar el cierre del CIE de Barranco Seco al Gobierno de España y la cesión de la infraestructura a las instituciones locales. En segundo lugar, apostar por medidas de acogida que no vulneren los derechos humanos de las personas que llegan en patera y cayuco a las Islas Canarias, en específico, incentivar la creación de dispositivos abiertos de primera acogida que oferte un asesoramiento integral (jurídico, psicosocial, laboral, entre otros) a las personas que llegan a costa. En tercer lugar, instar al Gobierno de Canarias a la creación de un Plan Estratégico de Acogida para personas migrantes en Canaria que permita realizar un seguimiento y donde exista una inversión real para el desarrollo libre de cada una de ellas. Y, por último, proponer la creación de un espacio museográfico en la Prisión Provincial de Las Palmas – actual CIE de Barranco Seco – con el fin de investigar y divulgar la Historia Reciente de Canarias, así como promover la reparación y dignificación de las víctimas de la represión franquista y de la Transición en Canarias.

Desde los movimientos sociales en defensa de los derechos humanos en Canarias, llevamos años denunciando la situación de extrema vulnerabilidad que pasan las personas que son internadas en el CIE de Barranco Seco. En su gran mayoría, las personas internadas en esta cárcel lo hacen tras un periplo de días, incluso semanas en alta mar, en patera o cayuco, en condiciones de máxima inseguridad y jugándose la vida, como se demostró el pasado lunes 15 de enero en el que murieron siete personas ahogadas. A su llegada a Canarias pasan, en menos de tres días por ser detenidos, encerrados en calabozos, juzgados e internados en el CIE, en la mayoría de los casos sin las correspondientes y necesaria información y asesoramiento jurídico y social para poder ser sujetos de lo que la lógica deportadora del control migratorio está haciendo con ellos. De pronto, se encuentran en el patio de un penal franquista sin entender muy bien qué les deparará el futuro. Justo cuando estaban a punto de rozar Europa, se les obliga a pasar unas semanas encerrados, con el único objeto de infligirles miedo, dado que su posible deportación no pasa por el internamiento en un CIE en la Frontera Sur – El CIE de Barranco Seco es el que menos deporta del Estado español, no llegando al 1% de las personas internadas anualmente – y destruyendo por completo los ánimos de los más esperanzados.

Hasta que no existan vías seguras y legales que supongan que, por ejemplo, un vecino de la localidad de Smara que huye de la represión marroquí no tenga que pagar más de 800 euros para jugarse la vida en patera los 130 kilómetros que distan entre Tarfaya, en la costa africana, y la isla de Lanzarote; es labor de las instituciones canarias hacer todo lo posible para que, una vez llegados a costa, se garanticen todos sus derechos fundamentales. Y eso pasa, en primer lugar, por conseguir el cierre del CIE de Barranco Seco y el establecimiento de un protocolo de actuación en el que las personas que llegan a Canarias por vía marítima no tengas que pasar a estar detenidas ni encarceladas en una antigua prisión, sino que se ofrezcan dispositivos abiertos que no estén bajo dependencia policial, donde se garantice el respeto de los Derechos Humanos y el desarrollo integral de quien lo desee.

Si mañana desde los movimientos sociales y la institución insular, somos capaces de plantar cara a la impunidad que gira en torno al CIE de Barranco Seco, estaremos ante la posibilidad de agujerear esas herramientas del racismo institucional que son los CIE en la Frontera Sur del Estado español, reclamando el cumplimiento de los Derechos Humanos para las personas que llegan a Canarias por vía marítima. Frente a las políticas del Ministerio del Interior dirigido por Zoido que van en la línea de reforzar las costas andaluzas y canarias a fin de evitar lo que denominan “efecto llamada”, “invasión” o “avalancha”; tenemos el deber moral y legal de exigir el cierre de los CIE y el cambio de paradigma en las políticas migratorias, acabando con la criminalización de la movilidad humana y el derecho a migrar y empezando a exigir la creación de vías legales y seguras para ello.

Por otro lado, cerrar el CIE de Barranco Seco es una oportunidad para avanzar en materia de la memoria democrática de Canaria. Por ello, la propuesta de cierre de CIE va acompañada con la creación de un centro referencial de la Memoria Histórica en la Prisión Provincial, lo cual podría integrarse dentro de la primera “Estrategia para la Memoria Histórica de Canaria” que recoge el artículo 7 de la nueva Ley de Memoria Histórica de Canarias y de Reconocimiento y Reparación Moral de las Víctimas Canarias en la Guerra Civil y la Dictadura Franquista presentada en el Parlamento de Canarias el pasado 14 de diciembre de 2017 y en fase de tramitación. Con ello, La Prisión Provincial abriría las posibilidades a una demanda de las canarias y canarios desde hace décadas como es la un centro memorial de la Memoria Histórica en Canarias, siendo además un espacio de investigación y reparación de los Derechos Humanos, tan necesario y urgente en Canarias.

Canarias, por sus condiciones actuales, puede convertirse en el primer lugar de la Frontera Sur en el que se genere un cambio real en las políticas migratorias, basada en una gestión local pero con compromisos globales, un modelo en el que se cumpla con el derecho internacional y se consolide un lugar de recepción, acogida, o tránsito. Ahora está en manos de los grupos políticos con representación en el plano del Cabildo de Gran Canaria retratarse este viernes en cuestión de Derechos Humanos.