Carreteras: gestión y sostenibilidad

Canarias tuvo que pelear, y mucho, para que el Estado se implicara en la financiación de nuestras carreteras. Felipe González se negó durante su prolongada etapa en la Presidencia del Gobierno. Consideraba que era una competencia estatutaria canaria y que el Ejecutivo central no debía comprometerse. Al final se consiguió en las negociaciones de los nacionalistas canarios con el Gobierno de Aznar, en 1997, lo que supuso una inversión de 217.000 millones de pesetas de entonces, unos 1.300 millones de euros.

Años más tarde, ya con Rodríguez Zapatero al frente del Ejecutivo estatal, en 2006 se establecería el segundo convenio de carreteras Canarias-Estado, con una vigencia hasta el año 2017 y por 2.437 millones de euros.

Hubo una acertada revisión en 2009, al dar más autonomía política a Canarias, que ya no solamente participaba del proceso de planificación sino que decidía la gestión, la adjudicación y además se juntaban los recursos de obras con los de las expropiaciones, en un mismo paquete, y solo nos responsabilizábamos de las desviaciones. En esos años se ejecutaron grandes e importantes proyectos en todas las islas. Razonablemente consensuadas, razonablemente discutidas y razonablemente equilibradas.

Pero su ejecución se quebró por los recortes aplicados por el Gobierno del PP durante la crisis económica entre 2012 y 2016 y el convenio se vio reducido en más de 750 millones de euros. Mientras tanto en otras zonas del territorio estatal se seguían haciendo carreteras y trenes de alta velocidad. Una paralización que supuso el freno a estas infraestructuras públicas pero también una significativa pérdida de empleos en las Islas.

Los tribunales han resuelto favorablemente la denuncia del anterior presidente del Gobierno canario, Paulino Rivero, contra esos impagos. El pasado mes de enero, el Tribunal Supremo (TS) dio la razón a Canarias en el litigio que mantiene con el Ministerio de Fomento por los recortes que sufrieron las inversiones que el Estado debería haber hecho en sus carreteras, al reconocer a favor de nuestra comunidad una deuda de 138 millones de euros, sólo en el año 2012.

Falta por resolver lo correspondiente a 2013 y 2014, también denunciado por Rivero, y ver qué hace el actual Gobierno con las partidas de 2015 y 2016 además de saber cómo se consigue ejecutar la sentencia.

Ahora nos encontramos en una situación en la que ni se ha avanzado en la aprobación del tercer convenio –el Gobierno estatal señala que éste no será posible hasta que se hayan aprobado los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018- ni, tampoco, se ha logrado restituir lo que el Estado adeuda a Canarias. Pese a las promesas del Gobierno canario, no se ha resuelto ninguno de estos asuntos.

Gestión en Canarias

Aunque habrá que continuar trabajando para resolver ambos contenciosos, los problemas de las carreteras no se encuentran exclusivamente en las decisiones del Ejecutivo central o en el retraso de las cuentas públicas estatales. Una parte importante de los mismos están condicionados por la mala gestión en las Islas. Con un dato de enorme gravedad: la ejecución presupuestaria, en el primer año de gestión del vicepresidente y consejero Pablo Rodríguez, es solo del 20%.

Según la contestación a la diputada de Nueva Canarias (NC) Esther González de la Consejería de Obras Públicas y Transportes sobre el nivel de ejecución, a 30 de noviembre de 2017, de los 96 millones de euros presupuestados inicialmente para carreteras, la media de las obligaciones reconocidas apenas llegó al 20%.

Hay que recordar que el Ejecutivo canario, con las cantidades adicionales logradas a través de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) del pasado año, disponía de 219 millones de euros para invertir. Sin embargo, la ejecución real es mínima, ya que las obligaciones reconocidas sólo llegan al 10%.

Afectando a carreteras de todas las Islas. En Fuerteventura, a su eje insular. Con un presupuesto inicial de 11,3 millones de euros tiene obligaciones reconocidas de solo 587.520 euros, un 5,16%, que baja al 2,75%, si incluimos los 10 millones de euros correspondientes a la enmienda de NC incorporada en los PGE de 2017. En el norte de La Palma la LP1, con 2,1 millones de euros para gastar en 12 meses, las obligaciones reconocidas apenas llegaron a los 64.073 euros, un 2,93%.

En Tenerife, en el proyecto de la TF5, con una inyección presupuestaria inicial de más de 4 millones de euros, sólo se han invertido 973.863 euros, un 24%, que se queda en un 10% si tenemos en cuenta los cinco millones de euros adicionales conseguidos por Nueva Canarias en los PGE.

En Gran Canaria, La Aldea también sufre las consecuencias de la mala gestión y planificación de la Consejería de Obras Públicas. Las expropiaciones que exige su carretera en lugar de hacerse por urgente ocupación se están llevando a cabo por expropiación ordinaria, que puede alargarse varios años. Lo que llevaría a retrasar, innecesariamente, las obras.

Movilidad sostenible

Se precisa resolver los problemas de financiación que afectan a carreteras prioritarias para Canarias. Como en otras ocasiones, apoyaremos al Gobierno canario en este asunto. Se requiere, además, una buena gestión de esta área, lo que en estos momentos no se está produciendo por parte del Ejecutivo.

Pero, al mismo tiempo hay que cambiar el modelo. No se pueden hacer infinitas carreteras porque no solucionarán los problemas del tráfico y los atascos. Hay que apostar por un equilibrio poblacional y turístico. Hay que seguir potenciando un transporte público eficiente, de calidad y poco contaminante, así como lograr un peso cada vez mayor de los coches eléctricos. Impulsar el transporte guiado en las islas más pobladas. Fomentar la bicicleta y ganar espacios peatonales. Actuar colectivamente a favor de una movilidad auténticamente sostenible.