Concentrarse al alba

Emilio Moya, presidente de la Audiencia Provincial de Las Palmas, ha convocado a los jueces a una protesta en defensa del estado de derecho, lo que viene siendo putodefender España, para entendernos.

De seguir la liturgia de otras concentraciones convocadas también desde el ámbito judicial, los putodefensores se concentrarán a la entrada de la Audiencia revestidos de los atributos de su cargo y, así, togas y puñetas prestarán solemnidad a la putaconcentración.

Lo van a hacer a pesar de que la Ley Orgánica del Poder Judicial les prohíbe felicitar o censurar, entre otros, a los otros poderes del Estado, al igual que les prohíbe concurrir como miembros del poder judicial a actos o reuniones públicas que no tengan carácter judicial.

Así y todo, Emilio Moya, les convoca oficialmente a esa concentración y lo hace en un edificio judicial utilizando recursos públicos, ya que se informa de la citada concentración a través del gabinete de prensa del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Suena a intentar putodefender España violentando de manera grosera una Ley Orgánica.

Hasta aquí, Emilio Moya no ha hecho ni más ni menos que sus homólogos en otros órganos judiciales, pero en su caso concurren otras circunstancias que hacen aún más llamativa e intolerable su conducta.

Emilio Moya preside la Sección Sexta de la Audiencia Provincial y durante años compartió sección con Salvador Alba, condenado por conspirar contra Victoria Rosell, la cual, a consecuencia de esa persecución, tuvo que abandonar la Diputación Permanente del Congreso, renunciar como diputada y, posteriormente, a repetir como cabeza de lista por Podemos por la circunscripción de Las Palmas.

Emilio Moya, aunque prefiera olvidarlo, es conocedor de que Victoria Rosell fue víctima de una persecución judicial perfectamente acreditada. Tan perfectamente acreditada como para costarle una condena de cárcel a ese personaje deleznable con el que Emilio Moya compartió sección.

Emilio Moya sabe que ese término tan desagradable y que levanta tantas ampollas en la judicatura, lawfare, es un anglicismo que trasladado al castellano significa precisamente persecución judicial, como la que padeció Victoria Rosell.

Puedo coincidir en que por prudencia los dirigentes de los partidos políticos no deban entrar en ese resbaladizo terreno, pero Emilio Moya sabe perfectamente que la lawfare, los casos de persecución judicial, como las meigas, haberlos haylos. 

Por cierto, no sé si Emilio Moya y el resto de togados han caído en la cuenta de que la misma urticaria que les produce a ellos el término lawfare, ya que pone en duda su honorabilidad, la producen en el lado político sus infundadas acusaciones de quiebra del estado de derecho, que pone en duda la honorabilidad y el respeto a la Constitución de quienes han llegado a un pacto y acordado una ley de amnistía.

Con una diferencia, mientras que ni España se rompe, ni está en riesgo la democracia, ni peligra el estado de derecho y que quien dirá si la ley es constitucional o no es el Tribunal Constitucional, la persecución judicial ha existido y ahí está la condena a Salvador Alba para acreditarlo.