El Raval, un barrio digno contra Vox

Acabo de salir de un juicio de siete días en que el partido de extrema derecha Vox y la Fiscalía de Delitos de Odio se unieron para acusar a ocho vecinas y vecinos del diverso barrio del Raval de Barcelona tras una protesta vecinal en septiembre de 2020.

En el último día, a mí me retiraron todos los cargos. A las otras siete personas solo se rebajaron las penas exigidas, aunque cabe destacar que la Fiscalía de Delitos de Odio retiró el agravante de discriminación ideológica, lo que representa una victoria parcial.

Por tanto, de mí ya se ha levantado el peso de unas acusaciones infundadas que han afectado mi vida durante más de tres años. Pero las otras siete personas acusadas, que se enfrentan a acusaciones igualmente infundadas, tienen que esperar hasta septiembre para saber el veredicto.

Todo lo que oímos durante los siete días del juicio confirma que no hay caso real contra ninguna de las ocho personas que fuimos procesadas. Las otras siete deberían ser absueltas, y cuanto antes.

Para saber más del caso y del juicio, se pueden consultar los artículos elDiario.es donde se informó sobre los testimonios de los dirigentes de VOX, sobre las fichas políticas policiales y sobre los testimonios de las personas imputadas. Aquí tocaré unos temas generales planteados por esta difícil experiencia.

¿Odiar el racismo es delito?

Todo el caso se basa en un abuso del concepto de delito de odio. Fui representado en el caso por la abogada, Laia Serra, que es especialista en los delitos de odio. Explica el problema en un artículo cuyo título ya lo resume “Los delitos de odio, un arma política y jurídica en manos de la extrema derecha”.

Cuando se introdujo el concepto de delito de odio en el código penal, algunos movimientos antirracistas lo presentaron coma una solución definitiva ante la amenaza de la extrema derecha. Siempre se suponía que su objetivo era defender a grupos oprimidos, como las personas racializadas, LGTBI+, mujeres, etc.

Pero en 2019, la Fiscalía General del Estado, en Circular 7/2019, declaró que: “una agresión a una persona de ideología nazi, o la incitación al odio hacia tal colectivo, puede ser incluida en este tipo de delitos [de odio]”.

Estaban diciendo que un grupito neonazi gritando consignas racistas o LGTBIfóbicas se merecía la misma protección especial que una mujer trans agredida en el metro, o una persona mayor musulmana asaltada mientras vuelve a casa tras rezar en la mezquita. Esto ya es una aberración.

Pero aquí, va más allá. En el caso del Raval, se trata de cargos políticos, figuras políticas, personas que cobran sueldos importantes por (supuestamente) representarnos. Estas figuras no pueden tomar decisiones que perjudican nuestras vidas, o hacer declaraciones insultantes desde las tarimas de las instituciones que pagamos nosotros, y luego acusar de delito de odio a quienes criticamos o incluso nos manifestamos contra ellas. En el juicio, Laia Serra citó precedentes judiciales que dejan esto muy claro.

Se supone que, al retirar el agravante de odio en este caso, la Fiscalía lo reconocía, pero con más de tres años de retraso y tras causar mucho sufrimiento a las personas acusadas y a nuestras familias y amistades.

Ahora falta una rectificación general. Es un escándalo que la Fiscalía de Delitos de Odio aplique este concepto contra activistas que combaten el odio y que defienden los derechos humanos.

Solidaridad

Unitat Contra el Feixisme i el Racisme, UCFR, la amplia plataforma contra la extrema derecha que existe en Catalunya desde 2010, se puso desde el principio a difundir el caso y recoger apoyos para las ocho personas imputadas. Y no solo de Catalunya; los movimientos hermanos de UCFR en otros países se han sumado a la solidaridad ante este caso. Es de destacar que activistas por los derechos humanos en Túnez o Sudáfrica están expresando su preocupación por la falta de garantías democráticas aquí; una inversión de la relación típica entre el norte y el sur globales.

Por su parte, el grupo de apoyo RavalVsVOX ha llevado a cabo muchas actividades en el barrio, recogiendo dinero para el grupo antirepresivo Alerta Solidaria, que asumió la defensa de siete de las personas imputadas.

Hubo movilizaciones de solidaridad el primer y el último día del juicio. Abarcaban, por un lado, al tejido social del Raval, convocado principalmente por el grupo de apoyo RavalVsVOX. Por el otro, un amplio espectro de movimientos y entidades que constituyen UCFR, como asociaciones vecinales, sindicatos (CCOO, UGT, entre otros), partidos, movimientos de migrantes y personas racializadas, de mujeres…

Lucha unitaria

Este caso debe dejar claro que no podemos depender del sistema judicial para defendernos contra el racismo y la extrema derecha. Y no podemos olvidar que la extrema derecha está creciendo por toda Europa, por todo el planeta.

Ante esta amenaza, hace falta una respuesta amplia y unitaria, desde abajo. Por tanto, en esta lucha debemos colaborar entre fuerzas muy diversas que discrepamos en muchos otros temas. No nos podemos permitir una repetición del error de los años 30, cuando sectores de la izquierda se negaron a impulsar la lucha unitaria contra Hitler porque otros grupos de izquierdas eran “lo mismo que los nazis”. Tampoco podemos permitirnos el error de fiarnos de pactos electorales, donde todo el mundo debe acatar un programa político de gestión del sistema, y donde cualquier visión más radical queda reprimida.

La lucha unitaria es precisamente eso; acción unitaria desde el respeto hacia la diversidad, sin que nadie intente imponer su visión política sobre el resto, y sin que nadie tenga que abandonar sus propios principios.

En Catalunya, trabajamos en este sentido desde 2010; aún nos queda mucho trabajo por hacer, pero hemos logrado mucho. En gran parte del Estado español no existe nada parecido.

Sería de esperar que la respuesta amplia ante este juicio —con la victoria parcial conseguida hasta ahora, que esperamos que sea definitiva en septiembre— inspire a gente en otros territorios del Estado español a iniciar movimientos parecidos.

Nota: UCFR tuvo que asumir mí defensa y me representó Laia Serra. Sin embargo, UCFR no tenía fondos suficientes para un caso tan largo. Se ha iniciado un crowdfunding, donde aún falta para llegar al objetivo. Toda contribución será bienvenida: https://gofund.me/d4bfbcb1