La democracia española asediada

Podría, y me apetece, dedicar este artículo al cada vez más evidente cerco judicial a la democracia -en realidad cerco de jueces ultraconservadores, siempre ubicados en el sitio y en el momento precisos procesalmente hablando, claro-, pero no. Los que están en esto sólo son una trinchera, tal vez la “última”, de una operación de demolición de los gobiernos progresistas, cuyos epicentro y estado mayor radican en ámbitos del poder económico. Lo demás: fanfarria mediática, feijóos, ayusos, abascales, magistrados y fiscales ultraconservadores… son meros gorgoritos, no más.

La panoplia es ya asfixiante: el amigo del narco que-no-es-presidente-porque-no-quiso, desde una sede financiada con dinero de la corrupción, exigiendo la dimisión de Pedro Sánchez; el Gobierno legítimo, sitiado por una flota de medios desaforados; “informes” contra la amnistía de letrados parlamentarios, mayorías ilegítimas del órgano de gobierno de los jueces…

El manejo de los tiempos procesales es un campo ya demasiado arado por el conservadurismo judicial para dictar con total impunidad sentencias y autos antes o después de las elecciones, según quienes se vean beneficiados o perjudicados por esas resoluciones. Sin ir más lejos, ya saben…  

Y la última, por ahora, cuyos “argumentos” jurídicos leo y me tengo que restregar los ojos para convencerme que en realidad están diciendo lo que creo estar leyendo, la diatriba del Consejo Fiscal contra la Amnistía.

[Porque prefiero no comentar la resolución del TSJ de Madrid, desautorizando a la Junta Electoral  y  autorizando el rezo del Rosario por España y…,  no en un día cualquiera, ni en ningún otro sitio, sino en la jornada de reflexión y en la jornada electoral ante la sede del PSOE. La ponderación entre derechos fundamentales que pudieran estar en conflicto, la proporcionalidad y la razonabilidad de las decisiones gubernativas o jurisdiccionales al respecto -a la vista de lo que ha venido ocurriendo y de para qué han servido las concentraciones ultraderechistas previas, precisamente en ese mismo emplazamiento- de las que está llena la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, que un servidor ha explicado durante largos años a los estudiantes de Derecho de La Laguna, me las debo haber inventado].

Por cierto: como he tenido la “paciencia” de irme leyendo uno a uno todos los Informes antiamnistía, el corta y pega sin-cortarse-un-pelo entre ellos es casi porno. Lo que apunta a la coordinación de ese “Ejército de Salvación” que acepta la democracia y respeta la Constitución si, y sólo si, el poder económico y sus lacayos políticos controlan el Estado. Y si no, no.

En esa coordinación y corta-pega de informes, no puedo dejar de señalar la coincidencia entre todos esos informes y dictámenes al centrarse machacona y exclusivamente  -y dar valor determinante y sesgado- a los antecedentes parlamentarios de la Constitución, invocando el Título Preliminar del Código Civil en materia de interpretación de las normas, pero olvidándose de que “se interpretarán según el sentido propio de las palabras, en relación con el contexto… atendiendo a la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas”, del mismo precepto (art.3.1). Y ese contexto social y esa realidad social han estado marcados por las graves consecuencias del Procés.

Es difícil superar en descaro los requiebros y las piruetas interpretativas que despliegan para atraer al Consejo Fiscal la competencia para elaborar este informe, sobre una iniciativa legislativa de origen parlamentario, Proposición de Ley, que no del Gobierno (Proyecto de Ley); cómo se sacan de la manga que afecta a la “estructura y funciones” de la Fiscalía, que es lo que exige la Ley para que su informe sea preceptivo, además de que se trate de un Anteproyecto de Ley; cómo, al tiempo, forcejean para acotar la potestad legislativa de las Cortes Generales; cómo discursean generalidades sobre el pluralismo político como valor superior proclamado por la Constitución y ni una sílaba sobre la DEMOCRACIA, en que se sustenta nuestra convivencia y nuestro sistema político…

Cómo acotan la historia a conveniencia: de la Amnistía de 1977, que en realidad benefició primordialmente a los malhechores de la dictadura (torturadores, asesinos, secuestradores, auténticos sicarios del franquismo agazapados en la Brigada Político Social (y otros  organismos represivos) saltan a los pactos investidura del presidente del Gobierno…

Como si la grave crisis política desencadenada por el Procés no hubiera existido, como si no se hubiera gestando durante una década a conveniencia de los respectivos gobiernos estatal (PP) y autonómico (CiU) anegados por la corrupción y embelesados con los recortes sociales. El patriotismo huero ha sido siempre, desde que el ser humano existe, como la gran coartada de los poderosos. O de los que aspiran a serlo, a pesar de las lacras de su “hoja de servicios”.

Como si resolver, pacificar, restañar las secuelas del Procés no fuera un asunto de extraordinario interés general, ese interés general al que se refieren las sentencias del Tribunal Constitucional en materia de amnistía, en el que los efectos positivos de las políticas del Gobierno en la pasada y en la presente legislatura no constituyeran ya una evidencia. ¿Saben por qué al ultraconservadurismo españolista no le interesa pacificar los conflictos territoriales? Porque vive de eso. Porque le sirven para tapar los intereses que realmente representa. Para poner en sordina sus votaciones parlamentarias en contra de todo lo que signifique avance social, en libertades civiles y en el ámbito de los derechos de los trabajadores. Porque si no hubiera existido el independentismo vasco o catalán, lo habrían inventado. Con el mismo descaro con el que tratan de mantener viva a ETA.

Los muy ilustres fiscales se refieren a la separación de poderes y a la independencia del poder judicial (por eso olvidaron el valor DEMOCRACIA) como si  tanto el Ejecutivo como el Judicial no estuvieran (“sometidos únicamente”, en el caso de los jueces) a la Ley, expresión de la voluntad popular que representa el Legislativo. De milagro no censuraron en su I¡informe el artículo 117 de la Constitución, que subraya que independencia judicial no consiste en que jueces (y fiscales, 124.2 de la Constitución) actúen y resuelvan como las dé la gana u obedeciendo a convicciones o prejuicios ideológicos, sino imparcialmente y conforme a la legalidad.

Como si los sesudos fiscales se hubieran convertido súbitamente en defensores de la democracia directa y el mandato imperativo. De forma que se le niegue al Legislativo y al Gobierno que (no lo olviden, ilustres fiscales) tiene el poder y la responsabilidad de la dirección de la política interior (artículo 97 de la Constitución) el margen de apreciación de las circunstancias que vive el país a la hora de tomar las decisiones políticas y legislativas. Y rendir cuenta ante los ciudadanos en las elecciones. Díganlo conmigo: democracia   r e p r e s e n t a t i v a.  Así. ¡Muy bien!

La democracia española está asediada. Y en un escenario internacional que presenta síntomas estremecedores. Hasta con un fascista, el “soldado de la Patria” que no hizo el servicio militar que hicimos honrosamente tantos españolitos que vinimos al mundo,  amenazando ya con enfrentarse “físicamente” al Gobierno.

Está sitiada la democracia. Y nos toca a los demócratas defenderla. No dejemos a nuestros hijos y nietos una España represiva, injusta, sombría y, muy especialmente, mediocre como fue la España de la dictadura franquista.

Y un respetuoso consejo de jurista de pueblo a tan ilustres señores: incluso para hacer valer sus convicciones o prejuicios, es más eficaz hacerlo respetando la inteligencia de los demás. Porfa.