Nuestras desigualdades educativas

La desigualdad que reproduce nuestro sistema educativo es incontestable: el 85.3% de los hijos e hijas de profesionales realizan la educación secundaria postobligatoria, frente al 27.5% de los descendientes de trabajadores manuales no cualificados. Mientras que el 56.9% de los jóvenes de 16 y 17 años están matriculados en la educación secundaria postobligatoria, la cifra baja al 33.9% si se trata de inmigrantes, o al 51% si se trata de canarios. Sólo en Ceuta, Melilla y Baleares hay menor porcentaje de matriculados en ese nivel.

Así pues, la clase social, la condición de inmigrante y la comunidad autónoma en que se reside son factores de desigualdad educativa.

En España la escuela pública acoge a dos tercios del alumnado de 15 años, en comparación con el 83.5% de promedio en los países de la OCDE. Esta fuerte implantación de la enseñanza privada refuerza las desigualdades educativas, tal y como se refleja en dos estudios recientes, elaborados a partir de los datos del Informe PISA de 2003. En uno de ellos se concluye que “la escuela privada no es mejor que la pública” y que los mejores resultados de la primera “se deben, pura y simplemente, a que acoge a los mejores estudiantes”. En nuestro país, “la titularidad del centro se convierte en un mecanismo de estratificación social”.

El otro estudio analiza también los resultados del Informe PISA en matemáticas. Los alumnos de las escuelas públicas obtienen 472.1 puntos, los de los centros privados concertados 504.6 puntos y los de centros privados independientes 519.6 puntos. Ahora bien, por ejemplo, una fuerte presencia de padres con estudios superiores en un centro provoca que los alumnos obtengan 112.2 puntos más que si el nivel promedio de estudios de los padres es inferior o igual a estudios primarios. De donde se deduce que, más importante que elegir el tipo de escuela, sería elegir el tipo de padres. Este segundo estudio señala que los centros privados aportan “una concentración de usuarios cuyas características previas permiten mejorar el rendimiento”. En suma, “los centros privados no tendrían mejores resultados si los usuarios se distribuyeran de forma aleatoria entre los centros privados y públicos”.

El compromiso con la igualdad de oportunidades y el rechazo a las desigualdades explica la propuesta de Izquierda Unida de poner fin a la concertación de centros educativos (con medidas que garanticen los empleos). También se precisa un plan de choque contra el fracaso escolar (que, en Canarias, es más de setenta veces mayor que en Finlandia), para así pasar del 58% de la población, de entre 25 y 34 años, que posee al menos el nivel de educación secundaria superior, al 73% con que cuenta la Unión Europea de los Quince. Nuestros altos niveles de baja cualificación son un lastre social y económico. Así que, en coherencia con lo anterior, Izquierda Unida plantea incrementar el gasto educativo en un punto y medio del PIB y rechaza las propuestas fiscalicidas de los grandes partidos porque imposibilitan avances sociales importantes.

Por supuesto, las mejoras educativas deben dar estabilidad al profesorado, reducir el número de alumnos por aula, ofrecer formación continua a los docentes, incrementar las becas, mejorar la calidad del material escolar o evaluar ese mal uso de las nuevas tecnologías que podría ser una de las causas de la reducción de la competencia lectora del alumnado español.

Sin embargo, la adopción de medidas eficaces para combatir la desigualdad y mejorar la calidad educativa cuenta con menos apoyos de los que podría esperarse. Muchas personas que dicen defender la educación pública votarán a quienes recortan impuestos necesarios para mejorarla y favorecen su privatización a través de la concertación. El apoyo a los modelos económicos de los grandes partidos, con su compromiso con las privatizaciones y la congelación del porcentaje de la renta destinado a gasto social, es incompatible con un modelo educativo público e igualitario.

Pero es que, además, la educación de calidad ayuda a la gente a entender mejor el mundo en que vive y eso provoca nuevas exigencias redistributivas. El Eurobarómetro señala a España como el país europeo con menor porcentaje de población interesada en noticias políticas y con un interés aún menor en información económica. Por el contrario, Suecia y Finlandia tienen las ciudadanías más interesadas en información económica y Dinamarca y Alemania en noticias políticas. No es casualidad que los países con la población más informada tengan mayor bienestar y derechos sociales y que, por el contrario, España tenga uno de los peores Estados del bienestar. Un estudio del Centro de Investigaciones Sociológicas muestra que los españoles que peor viven son los que más pasan de la política. Quienes están en una posición social comparativamente peor muestran menos interés por la política. Ésta interesa al 39% de los hombres y al 26% de las mujeres; al 60% de quienes tienen estudios superiores y al 23% de quienes carecen de estudios, e interesa menos a jubilados y amas de casa. Según una encuesta reciente, el 53% de los canarios tiene escaso interés en la política.

En Canarias, las deficiencias educativas favorecen una indefensión cultural que ayuda a aceptar elevados niveles de desigualdad. Si a ello se añade nuestro modelo económico y laboral de bajas cualificaciones, ¿cómo no entender que el gobierno canario no encargara el diagnóstico PISA de su sistema educativo? Según la consejera de Educación, “hay cosas que no tiene que venir nadie de fuera a decirnos”.

Después de todo, los de fuera no conocen nuestras especificidades ultraperiféricas. Y, en el terreno educativo, la ultraperificidad fue definida, hace un mes, por un inspector de la Consejería de Educación, cuando indicó a un grupo de docentes de la ESO que deben aprobar a más alumnos, que su trabajo no consiste en preparar a la mayoría para acceder al bachillerato, ni a la universidad. Y concluyó afirmando que un país como el nuestro se puede permitir mantener un veinte por ciento de la población enganchada a la metadona.

*Ramón Trujillo es coordinador de Izquierda Unida Canaria en Tenerife.

Ramón Trujillo*

La desigualdad que reproduce nuestro sistema educativo es incontestable: el 85.3% de los hijos e hijas de profesionales realizan la educación secundaria postobligatoria, frente al 27.5% de los descendientes de trabajadores manuales no cualificados. Mientras que el 56.9% de los jóvenes de 16 y 17 años están matriculados en la educación secundaria postobligatoria, la cifra baja al 33.9% si se trata de inmigrantes, o al 51% si se trata de canarios. Sólo en Ceuta, Melilla y Baleares hay menor porcentaje de matriculados en ese nivel.

Así pues, la clase social, la condición de inmigrante y la comunidad autónoma en que se reside son factores de desigualdad educativa.