El indicio apunta a que Pedro Sánchez, superado el referéndum derogatorio del 23J orquestado por la derecha, puede lograr la investidura y formar un nuevo Gobierno progresista.
Y la certeza, una de esas certezas negativas que se usan en la interpretación y aplicación jurídicas, es que Feijóo no tiene el respaldo parlamentario para ser presidente del Gobierno.
De esas certezas se derivan, según lo veo, otras: que la única expectativa que pudiera o pudiese tener la derecha para recuperar el Gobierno -que considera que le pertenece a título de herencia- es la de forzar otra convocatoria electoral, comerse con papas a Vox (lo que no va a resultarle tan fácil como con Ciudadanos, porque estos como Milei y otros parafascistas tienen apoyos entre gente humilde asustada y entre clases altas, de las que son una auténtica fuerza de choque) y a ver si así, a la tercera, a la cuarta o a la que sea se calzan el Gobierno.
La otra certeza es que, mientras y hasta tanto no vuelvan a ocupar el Ejecutivo, van a seguir tratando de deslegitimar a cualquier Gobierno progresista. Y no sé si la convivencia democrática podrá aguantar durante mucho tiempo ese estrés protogolpista.
Primero fue negándosela al Gobierno surgido de una Moción de Censura. Porque a éstos, que lo mismo dan patente constitucionalista a Vox que le niegan hasta el derecho a existir a los partidos legales de carácter independentista, debe habérseles olvidado que la exigencia de responsabilidad política al Gobierno se instrumenta, en nuestro régimen parlamentario, a través de una moción de censura constructiva cuya votación no es formalmente de destitución de un presidente y su gobierno, sino de investidura de un nuevo presidente. Que es lo que identifica al régimen parlamentario racionalizado, que surgió tras la II Guerra Mundial para poner remedio a las debilidades del parlamentarismo clásico, que desembocaba frecuentemente en situaciones de inestabilidad o bloqueo de la acción del Gobierno, sometido al fuego cruzado de fuerzas de oposición, que eran incompatibles entre sí para intentar formar una nueva mayoría parlamentaria. Y esas inestabilidades y bloqueos acabaron llevándose por delante al propio régimen parlamentario y, de paso, a la democracia.
Después, es decir en esta última legislatura, trataban a Sánchez de okupa. Y eso que había ganado dos veces las elecciones: en abril y en noviembre de 2019. Pero ahora el argumento era que sus sus aliados lo deslegitimaban: “golpistas” catalanes y herederos de ETA.
Y, por lo que el propio Feijóo nos ha anunciado, van a continuar con ese raca raca en los próximos tiempos: “Cuando necesitas para gobernar un país tener diputados que su objetivo es debilitar o romper ese país, eso es incompatible con gobernar el país”. Así ha solemnizado ayer en el cónclave parlamentario del PP.Peor imposible.
Así las cosas, lo que va a seguir intentando por meras conveniencias tácticas y partidistas es presionar al Rey para que lo proponga como candidato a la investidura -que está cantado que la va a perder- y así poner en marcha el reloj constitucional para la disolución anticipada y la convocatoria de nuevas elecciones.Para el caso de que Pedro Sánchez no lograra ser investido en el plazo de dos meses desde el fracaso cantado de Feijóo.
No les va a importar poner en jaque el prestigio y la autoridad de la Jefatura del Estado, de la Monarquía a la que tanto dicen defender; pero sólo si les baila el agua.
No hay ninguna norma escrita, pero el valor de la votación de hoy consiste en que ha certificado una certeza: la mayoría del Congreso no respalda al PP, ni sólo ni con Vox. Que sólo UPN y la “progresista” Coalición Canaria clavijista, a la que no le queda otra porque están más uncidos al PP que las yuntas que practican el vernáculo arrastre de ganado en estas tierra canaria, les votarían.
Felipe VI apreciará, a la vista de la votación de hoy y en la ronda de consultas con los portavoces y dirigentes de los partidos presentes en el Congreso, que Feijóo tiene cero opciones de ser investido. Por eso, intentar forzar al Rey a proponerle al Congreso es una grave falta de lealtad, una más, contra el buen funcionamiento del orden constitucional y de sus Instituciones.
Y entretanto, haciendo destrozos con Vox contra la igualdad, las políticas de sostenibilidad, la cultura, la progresividad fiscal…a lo largo y ancho de la geografía española, en las numerosas entidades territoriales que han copado “tirando por el puente” (que diría Ayuso) a quienes han ganado las elecciones.