Contra el fraude

Uno de los grandes problemas de las administraciones es la falta de ingresos para abordar el conjunto de sus responsabilidades y, especialmente, el funcionamiento de los servicios públicos esenciales. Hasta ahora los gobiernos han intentando solventarlo sobre la base de los recortes y la subida de impuestos. Por nuestra parte, hemos insistido en otra vía: la implementación de una fiscalidad progresiva y justa, que posibilite que paguen más quienes más tienen y que no cargue todo el esfuerzo en trabajadores, consumidores, clases medias y pymes. Destacando, igualmente, la necesidad de combatir el fraude fiscal, la economía sumergida y los paraísos fiscales.

En los dos años de legislatura hemos insistido en el Parlamento en ese camino, frente a las inercias conservadoras del Ejecutivo canario. Ahora, parece que reaccionan y, aunque con insuficiencias, se plantean intervenir en este ámbito con el denominado plan contra el fraude fiscal, laboral y la economía sumergida; que, según aseguró su portavoz, pondrá en marcha sin ampliar los actuales servicios de inspección, basándose en “una labor coordinada entre los servicios de inspección de las Consejerías de Empleo y Economía y la viceconsejería de Turismo, porque son las que más actividad tienen”.

Desde el grupo parlamentario de NC hemos insistido en que para fortalecer los ingresos tributarios de la comunidad hay que perseguir el fraude fiscal y laboral. Sabemos que el cumplimiento de los contribuyentes aumenta cuando la administración tributaria y laboral mejora sus procedimientos de gestión y control, lo que revela la rentabilidad recaudatoria y social y el efecto multiplicador de la inversión en recursos para la gestión tributaria.

Ingresos

Considero que el esfuerzo invertido en perseguir el fraude fiscal traerá muchos más ingresos a Canarias y debilitará la tentación de defraudar. Baste señalar que la economía sumergida, fraude fiscal y laboral acumulado, supone en Canarias el 28% del PIB (cinco puntos por encima de la media estatal), es decir, 11.000 millones de euros.

Desde NC presentamos enmiendas parciales a los presupuestos canarios, tanto para 2012 como para 2013, con el objetivo de incrementar los recursos en la persecución del fraude fiscal y laboral. Da una medida de su impacto el hecho de que solo rebajar diez puntos el fraude fiscal supondría 1.500 millones de ingresos.

Nuestra preocupación por este tema ha hecho que en esta legislatura hayamos solicitado y sustanciado sendas comparecencias del consejero de Economía para que nos explicara los obligados (y repetidos) planes de control tributario para 2012 y 2013. Por cierto, en ninguna ocasión nos ofreció resultado alguno. También hemos solicitado y sustanciado en marzo de 2013 una comparecencia de la consejera de Empleo sobre su afirmación de los 125.000 desempleados que trabajan en la economía sumergida, cifra muy poco sustentada en datos.

En esa comparecencia parlamentaria le propusimos al Gobierno que “elabore, publicite y presente en este Parlamento un plan de control del fraude laboral similar al Plan de Control Tributario que anualmente publica el Gobierno canario y que, además, se coordine con él para incrementar la eficiencia en la actividad de control de la economía sumergida”.

Condiciones laborales

En nuestra opinión, existe una gran bolsa de empleo irregular que supone un gran fraude laboral, competencia desleal respecto a autónomos y empresarios que pagan sus cotizaciones sociales y sus impuestos y unas condiciones laborales pésimas para los trabajadores que se encuentran en la irregularidad. Aflorar esta bolsa es importante, sin duda; pero también recordamos que su existencia es lo que hoy permite ingresos a muchos trabajadores que en el mercado laboral regular no encuentran empleo.

Por tanto, entendemos que es necesario un tratamiento cuidadoso de esta realidad que vaya más contra los empleadores que se aprovechan de esta situación (compitiendo con trampas con el resto de empresas y facilitando la explotación de sus trabajadores) y menos contra los trabajadores que se ven obligados a aceptar las condiciones de irregularidad para subsistir.

Creemos que, en un asunto de tanta relevancia, no valen gestos propagandísticos sino actuaciones que ayuden a cambiar las cosas. Por eso, y ante las dudas que plantea un plan que no incrementa los medios necesarios para llevarlo a cabo con eficacia, hemos decidido solicitar la comparecencia del Gobierno en el pleno. Para que informe sobre los objetivos del recién aprobado Plan de Lucha contra el Fraude Fiscal y Laboral, así como en torno a los recursos humanos y materiales que implementarán para su adecuada aplicación.

Es una buena noticia, sin duda, que el Gobierno ponga en marcha ese plan conjunto de actuaciones contra el fraude. Pero puede quedar en papel mojado si no va acompañado de los medios materiales y humanos adecuados para llevar a cabo las inspecciones y garantizar sus mayores niveles de éxito, posibilitando su cuantificación y evaluación.

Uno de los grandes problemas de las administraciones es la falta de ingresos para abordar el conjunto de sus responsabilidades y, especialmente, el funcionamiento de los servicios públicos esenciales. Hasta ahora los gobiernos han intentando solventarlo sobre la base de los recortes y la subida de impuestos. Por nuestra parte, hemos insistido en otra vía: la implementación de una fiscalidad progresiva y justa, que posibilite que paguen más quienes más tienen y que no cargue todo el esfuerzo en trabajadores, consumidores, clases medias y pymes. Destacando, igualmente, la necesidad de combatir el fraude fiscal, la economía sumergida y los paraísos fiscales.

En los dos años de legislatura hemos insistido en el Parlamento en ese camino, frente a las inercias conservadoras del Ejecutivo canario. Ahora, parece que reaccionan y, aunque con insuficiencias, se plantean intervenir en este ámbito con el denominado plan contra el fraude fiscal, laboral y la economía sumergida; que, según aseguró su portavoz, pondrá en marcha sin ampliar los actuales servicios de inspección, basándose en “una labor coordinada entre los servicios de inspección de las Consejerías de Empleo y Economía y la viceconsejería de Turismo, porque son las que más actividad tienen”.