¿Esto es gestión?

En el pleno municipal de septiembre del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria se vieron algunos temas que son fieles indicadores de la capacidad de gestión del equipo de gobierno del pasado mandato, que básicamente es el mismo que el de este.

Uno de ellos fue el cambio de obras previstas por el Ayuntamiento en base a los dineros a recibir del programa denominado Fondo de Desarrollo de Canarias (FDCAN), cuyo reparto había sido establecido en el convenio con el Cabildo Insular aprobado en el pleno municipal del 2 de mayo de 2017, con los votos en contra del Partido Popular.

En la primera fase del FDCAN (2016 – 2019), el Gobierno de Canarias aportaba 611,5 millones de euros. Los Ayuntamientos podían acudir directamente a los fondos con proyectos municipales y recibirían el 100% del importe de los mismos, una vez aprobados por el Gobierno de Canarias.

La otra modalidad que el Gobierno de Canarias propuso era que los Ayuntamientos presentaran los proyectos a sus respectivos Cabildos y estos gestionaran los fondos FDCAN, comprometiéndose los Ayuntamientos a financiar el 50% de las obras programadas. El otro 50% sería aportado por el Gobierno de Canarias, vía cabildos insulares.

Curiosamente, en Canarias solamente cuatro municipios (tres en Gran Canaria) firmaron directamente con el Gobierno de Canarias, que pagó la financiación íntegra de sus respectivos proyectos. Firgas, con 854.000 euros, Mogán, con 5 millones de euros, y San Mateo, con 6,9 millones de euros, fueron los tres de municipios de Gran Canaria.

El Cabildo de Gran Canaria recibiría del Gobierno de Canarias 167,4 millones de euros, y los restantes 18 municipios de Gran Canaria tendrían que poner otro tanto. Concretamente, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria tendría que poner 19,9 millones de euros y el Cabildo aportaría otros 19,9 millones de euros recibidos del Gobierno de Canarias.

Aunque las comparaciones son odiosas, es evidente la desproporción de la cantidad de dinero a recibir del Cabildo para el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, en relación a los importes recibidos por Mogán y San Mateo, que negociaron directamente con el Gobierno de Canarias.

Aunque el aspecto poblacional no era el único elemento del reparto de fondos (a la vista está), sí debió ser un factor importante. En el 2017, Gran Canaria tenía 847.000 habitantes y Las Palmas de Gran Canaria 380.000 habitantes. Las Palmas de Gran Canaria, con el 44,8% de la población de la isla, recibía el 11,88% de los fondos que venían a la isla por el FDCAN vía Cabildo Insular de Gran Canaria. En cambio, Mogán y San Mateo que negociaron directamente con el Gobierno de Canarias, con 19.700 y 7.500 habitantes respectivamente (o sea el 2,29% y el 0,87% de la población de Gran Canaria), recibieron 5 y 6,9 millones de euros. Además, les financiaron al 100% las obras, mientras que Las Palmas de Gran Canaria, recibiendo 19,9 millones, tenía que poner otros tantos para financiar las obras municipales.

Es evidente que nuestros munícipes “se dejaron coger la camella”, como se dice popularmente, y no velaron por los intereses de nuestro municipio. La desproporción de fondos recibidos en función de los habitantes no tiene defensa alguna. Aún así, Javier Doreste lo defendió en el pleno, y el gobierno municipal le pasó el rodillo al Partido Popular, que señaló la incongruencia del convenio y su reparto tan desequilibrado de fondos, indicando que el Ayuntamiento debía haber negociado con el Gobierno de Canarias directamente. Por lo menos debía haberlo intentado, cosa que no hizo.

En el pleno del pasado septiembre, Javier Doreste se cargó dos partidas con cargo al FDCAN correspondientes a este año. Una de 1.750.000 euros para la canalización de aguas pluviales en la Urbanización Reina Mercedes, y emisario submarino y galería de servicio de Ciudad el Mar. Otra de 1.000.000 euros para el barrio de San Nicolás, para urbanización, aparcamientos disuasorios y equipamiento del barrio. Ambas obras con sus anualidades estaban fijadas en el convenio del 2017, para gastarse en el 2019. ¿Saben ustedes a qué se destinaron en su lugar? A pagar carriles bici y a convertir la Fábrica de Hielo en un centro de día para los sin techo. Sin comentarios.

Reina Mercedes se ha inundado 7 veces en los últimos 5 años. Los vecinos todavía no se creen la jugada municipal. Y desde luego, como vuelvan a inundarse los bajos del barrio (garajes, comercios, etc.) el concejal Javier Doreste haría bien yéndose de vacaciones al Congo, por lo menos hasta que los bomberos terminen de achicar el agua.

En el mismo pleno se aprobó, mediante una modificación presupuestaria, el pago del IBI Social, cuya convocatoria fue en 2016. De las 26.000 familias que el alcalde Hidalgo anunció que se iban a beneficiar, solo pidieron la ayuda 6.750 y se les concedió a 5.218 vecinos. ¡Van a cobrar tres años después de que se les concediera!

En 2017 solicitaron la ayuda 2.738 familias, y todavía no han cobrado, ni hay fondos previstos para pagarles. Peor fue en 2018 cuando, con un presupuesto de 1,06 millones, no se llegaron ni a convocar las ayudas del IBI social de ese año.

Estos ejemplos son lo suficientemente significativos para demostrar el desastre en la gestión de nuestro municipio de Las Palmas de Gran Canaria.