LOMCE: ¿éxito o fracaso del Gobierno de España?

Afirmar que la aprobación de la LOMCE supone un éxito para el Partido Popular por el hecho de haberse valido de su mayoría absoluta en las Cortes Generales es una conclusión cuanto menos superficial.

Son otras variables las que propongo que se contemplen en el ejercicio de acercarnos a la realidad, si cabe, del éxito de la LOMCE tanto desde el punto de vista político como desde el punto de vista operativo, ya que el mismo no siempre es medible en número de votos, aunque desde luego, los votos sean decisivos en la toma de decisiones.

Desde el punto de vista político, encuentro una gran contradicción al apreciar que, por un lado, la tendencia de la democracia española evoluciona hacia la práctica de la transparencia, el buen gobierno y la participación ciudadana, y por otro, existe un férreo empecinamiento del Gobierno de España en empujar firme y valientemente una ley que no goza del respaldo de una amplia mayoría social.

Una visible mayoría social que merece ser tomada en cuenta y que se encarna en diferentes movimientos que se posicionan en contra de la LOMCE con un discurso de amplio contenido ideológico -pues a nadie se le esconde que hay una estrecha relación entre educación e ideología- pero también con una sólida argumentación técnica y pedagógica que es desechada por el Partido Popular sin amago de acercamiento.

La actividad de los movimientos sociales genera un importante rechazo en los impulsores de la LOMCE que no terminan de percatarse de que el éxito de las acciones de protesta ya no solo se cuantifica por la cantidad de personas que acuden a una manifestación o secundan una huelga, sino también por la viralidad y trascendencia de sus mensajes y campañas a través de las redes sociales y que esa trascendencia no es fácilmente calculable ni manipulable (aún) desde los organismos oficiales.

Además de la revolución que ha implicado el social media para el marketing político y comercial, los ciudadanos hemos encontrado en el mismo un nuevo espacio para la militancia política, y ese activismo va ganando mayores cuotas de credibilidad y por tanto su trascendencia en los resultados electorales irá en un inevitable aumento.

En este sentido, contrasta el impulso de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno con un ejercicio de la política que, en el caso que nos ocupa, dista mucho de los principios que invoca el título de dicha ley.

Parece que no están suficientemente interiorizados estos principios en el partido del gobierno y que el mismo requiere de una reflexión interna sobre las cuestiones de forma que están tan de moda en el escenario político y que, al menos superficialmente, son compartidas por el conjunto de la comunidad política.

Desde el punto de vista de la operatividad de la LOMCE, cabe afirmar que sin la concurrencia del conjunto de fuerzas políticas de las Cortes Generales y, fundamentalmente, sin la de los actores que hacen posible la implantación del sistema, esta reforma educativa está condenada a producir un desgaste, no solo al Partido Popular, sino a la política en general y a las comunidades educativas en particular.

Al fin y al cabo, la responsabilidad de la educación es compartida con las familias y en el ejercicio de sus responsabilidades tienen derecho a decidir. Los que afrontan el importante reto de abrazar su propio proceso educativo son los estudiantes y deben tomar parte de los asuntos que les afectan. Los profesionales que hacen posible el hecho educativo y aplican el sistema en el aula son los docentes y quienes tienen la mayor parte de la responsabilidad de desarrollar la ley educativa en sus aspectos más operativos son las comunidades autónomas.

Un ley que nace con la insumisión de las comunidades autónomas y el rechazo de gran parte de profesorado y las familias no servirá para vertebrar el cambio de paradigma de la educación en España. Sin embargo, servirá para escenificar que por mucho que los partidos incluyan en sus discursos y programas políticos la intención de generar consenso y facilitar la participación de la ciudadanía en los asuntos públicos, aún queda muy pendiente ejercerla en las instituciones públicas para merecer la etiqueta de buen gobierno.

Afirmar que la aprobación de la LOMCE supone un éxito para el Partido Popular por el hecho de haberse valido de su mayoría absoluta en las Cortes Generales es una conclusión cuanto menos superficial.

Son otras variables las que propongo que se contemplen en el ejercicio de acercarnos a la realidad, si cabe, del éxito de la LOMCE tanto desde el punto de vista político como desde el punto de vista operativo, ya que el mismo no siempre es medible en número de votos, aunque desde luego, los votos sean decisivos en la toma de decisiones.