Multipartidismo y pluralismo gubernamental

Los resultados de las  recientes elecciones generales nos han dejado un panorama que, pese a que presenta ciertos elementos de continuidad con respecto a las anteriores, aporta también algunos cambios significativos en el sistema de partidos del Estado español. No obstante, pocas dudas caben de que forman parte de un convulso ciclo político-electoral iniciado en 2015, en el que se han convocado nada menos que cuatro elecciones generales y que quizá pueda culminar en esta legislatura. 

Del lado de la continuidad se encuentra sin duda el nuevo “empate” entre los bloques de las izquierdas y las derechas estatales, aunque se han dado importantes cambios en el interior de cada bloque, en especial en el de las derechas. Así, en las izquierdas asistimos a otra victoria del PSOE con 120 escaños que aumenta ligeramente su ventaja respecto a UP, si bien pierde tres escaños y se queda de nuevo muy lejos de la mayoría absoluta. Podría decirse así que la estrategia electoral del PSOE guiada por el deseo de aumentar su mayoría ha fracasado estrepitosamente. Asistimos igualmente a un nuevo descenso de UP que retrocede y se queda con 35 escaños (antes 42) y a la muy débil emergencia de Más País-Equo con tan solo 3 escaños, aunque –frente a lo que se sugiere- parece que poco afectó al descenso de UP. Por su parte, en el bloque de las derechas cabe reseñar que el PP se mantiene como segunda fuerza política y recupera terreno con una significativa subida de 22 escaños (88, antes 66). Destaca también el fuerte crecimiento de la ultraderecha con los 52 escaños de VOX (28 más que en las elecciones anteriores), consolidando el fin de «la excepción española» y convirtiéndose en un partido homologado con sus socios de la ultraderecha europea. Y sobresale finalmente la imponente debacle de Ciudadanos que, tras su errática y polarizadora estrategia política así como tras su decidido giro a la derecha, desciende nada menos que 47 escaños que, probablemente, haya perdido a causa de un importante y mayoritario trasvase de votos desde Ciudadanos al PP y a Vox.  

De todo estos resultados se desprende, sin embargo, que la suma de PSOE, Unidas Podemos y Más País-Equo (158 escaños) en poco se diferencia actualmente de la suma entre PP, Vox y Ciudadanos (152, añadiendo los dos obtenidos por Navarra Suma). Parece pues que en estas elecciones el empate entre ambos bloques ha sido más real que en las pasadas elecciones, pues mientras ahora el bloque de las izquierdas ha descendido 7 escaños, el bloque de las derechas ha crecido 5. Pero más allá de estos cambios internos, el empate de abril y el nuevo empate de noviembre (al igual que los empates de diciembre de 2015 y de junio de 2016) significan simple y llanamente que, dado que ambos bloques han quedado respectivamente lejos de la mayoría absoluta, ni uno ni otro podía o puede conformar gobierno por sí solo y necesitan del concurso de otras fuerzas para ello. De manera similar y como consecuencia de lo anterior, este nuevo empate entre los dos bloques sugiere la doble hipótesis, por un lado, de que el bipartidismo ha sido sustituido por el bibloquismo  y, por otro, de que -grosso modo- la movilidad electoral (el cambio de preferencias electorales de la ciudadanía) ha ocurrido –aunque no solo- entre las fuerzas políticas de cada uno de los bloques más que entre fuerzas de uno y otro bloque. La tercera de las continuidades residiría a su vez en que, una vez más, parece abrirse la posibilidad de un nuevo bloqueo para la formación de gobierno y hasta el peligro de una nueva repetición de las elecciones. Finalmente, parece que también persiste una situación en la que, de nuevo, corre a cargo de las fuerzas nacionalistas/regionalistas deshacer ese empate entre los bloques de las derechas y las izquierdas estatales.  

Hay una última continuidad que creo igualmente significativa: una vez más parece que –cerrada la posibilidad de la “gran coalición” a raíz de los mutuos vetos que se han interpuesto y, por el momento, mantienen el PP y el PSOE- sigue descartada la posibilidad de que el bloque de las derechas pueda formar gobierno mientras ocurre lo mismo con el bloque de las izquierdas que, al igual que tras las generales de abril, sí puede lograrlo, aunque para ello debe contar con diferentes formas de colaboración (coalición, acuerdo de legislatura, acuerdo de investidura) por parte de las fuerzas regionalistas/nacionalistas. Esta circunstancia, que insistimos también se dio tras las generales del pasado abril, debería llevar -tanto al PP como a Ciudadanos- a repensar en alguna medida su estrategia política basada, de una parte, en la polarización, confrontación y hasta crispación tanto con las izquierdas como con los partidos nacionalistas en especial a través del problema territorial y la cuestión catalana y, de otra, en la complicidad, blanqueo y colaboración con la ultraderecha representada por VOX asumiendo de hecho buena parte de su excluyente discurso político. De no ser así, no solo ocasionarán graves daños a la convivencia política y al propio sistema democrático. También tendrán –salvo circunstancias excepcionales o cambios importantes en las preferencias electorales de la ciudadanía- serias dificultades para acceder al poder y gobernar. Sin duda, parecía que una estrategia de este tipo era más fácil para Ciudadanos que, de hecho, nació con vocación de centro liberal y partido bisagra entre uno y otro bloque. Pero la deriva polarizadora, derechista y recentralizadora a que Albert Rivera condujo al partido (y la actual persistencia de Arrimadas y Villegas en esta estrategia) parece que cierran definitivamente la puerta a tal cambio de estrategia.

No obstante, como decíamos al principio, estas elecciones también han aportado unos cuantos e importantes cambios políticos. Uno de ellos es sin duda la realidad de un sistema de partidos mucho más plural, rico y complejo. Tanto es así que, considerando por separado las coaliciones conformadas por Podemos-IU y sus confluencias (ECP y Podemos-EU) así como por el PP y Ciudadanos (Navarra Suma) y Más País (Compromís), mientras en las elecciones del pasado abril fueron 13 las fuerzas políticas que obtuvieron representación parlamentaria, ahora nos encontramos con nada menos que 19. La novedad reside en que, junto a las fuerzas nacionalistas/regionalistas que ya tenían representación (ERC, JxC, PNV, EH-Bildu, CC/NC, Navarra Suma, PRC, a las que podríamos añadir ECP y Podemos-EU), emergen ahora no solo una nueva fuerza política de carácter estatal (Más País-Equo) sino varias de ámbito regional o nacionalista (CUP, BNG, Compromís, Teruel Existe). En todo caso, nuestro sistema de partidos queda ahora conformado por 6 fuerzas políticas de ámbito estatal (tres en el bloque de la izquierda y tres en el de la derecha) y 13 de carácter nacionalista/regionalista. Este hecho alude, por una parte, a la realidad de una rica pluralidad ideológica basada en los polos izquierda/derecha-centralismo/nacionalismo, y en sus complejas combinaciones y modulaciones en la España actual. Alude también a la diversidad existente en el interior de cada uno de estos polos. De hecho, sugieren que convendría reconocer abiertamente esta pluralidad y tomar buena nota de la configuración multipolar de nuestro sistema de partidos en el que conviven derechas estatalistas y nacionalistas con izquierdas estatalistas y nacionalistas. Y todo ello no refleja más que la realidad y persistencia del sano pluralismo ideológico inherente a toda sociedad democrática, al que en nuestro caso habría que añadir la igual permanencia de la cuestión territorial o del carácter plurinacional del Estado español. 

Otro cambio significativo de estas elecciones es que han supuesto un avance en el número de escaños y en el peso político de las fuerzas nacionalistas. Esto sugiere que es posible que la estrategia recentralizadora de las derechas haya tenido como consecuencia su efecto contrario, el reforzamiento de las opciones nacionalistas/regionalistas. Pero sea como sea, sin incluir entre ellas a ECP, Podemos-EU y Navarra Suma, la realidad es que mientras en las elecciones de abril las fuerzas nacionalistas/regionalistas obtuvieron en conjunto 33 escaños, tras las recientes elecciones han alcanzado los 40. Ello ha sido posible por la emergencia de “nuevas” fuerzas (Teruel Existe, BNG, CUP, Compromís), por la mejora de las posiciones de otras (JxC, HB-Bildu), por el mantenimiento de otras (PNV, CC/NC, PRC) o por el ligero descenso de ERC que con sus 13 escaños sigue siendo, con diferencia, la mayor de las fuerzas nacionalistas. 

Esta diversidad de fuerzas estatalistas y nacionalistas nos sitúa igualmente ante la rica complejidad del sistema de partidos y sugiere que, si bien en momentos anteriores a 2015 estábamos ante de un sistema pluripartidista, tras estas elecciones parece que avanzamos decididamente hacia la consolidación de un modelo multipartidista, o incluso hacia un multipartidismo atomizado. No deja de sorprender, frente a periodos previos, que este multipartidismo esté hoy basado tanto en la diversidad de fuerzas en los bloques de la derecha y la izquierda estatales como, sobre todo, en la emergencia de fuerzas nacionalistas/regionalistas de uno u otro signo ideopolítico. Es cierto que la fuerte polarización e incluso crispación que, en su particular batalla por la hegemonía del bloque de la derecha y por el acceso al gobierno, han alentado el PP, Vox y Ciudadanos durante los últimos años pudiera llevar a algunos a creer que este multipartidismo conduce inherentemente a la inestabilidad y el conflicto. Creen en este sentido que es hora ya de acabar con este convulso ciclo político a través de una restauración del bipartidismo gubernamental, de la recuperación de la vieja fórmula de la «gran coalición», del cambio hacia sistemas electorales mayoritarios reforzados o, en fin, de una vuelta a un nuevo y conservador «consenso en el centro». 

Frente a tales deseos acaso sea mejor abrir la posibilidad de cerrar este ciclo político dando muestras de que el presente multipartidismo no solo constituye una expresión del normal pluralismo ideopolítico de nuestra sociedad. También de que puede poner fin al bloqueo y la inestabilidad institucional a través de la formación de gobiernos. Es precisamente en este sentido en el que, como ya sabemos, acaso resida la novedad más significativa tras los recientes resultados electorales. 

El tan sorprendente como rápido preacuerdo al que han llegado el PSOE y UP para la formación de un gobierno progresista de coalición merece –al menos eso creo- ser saludado con ilusión y esperanza. Sin duda, de culminar con éxito puede poner fin –como ya hemos sugerido- al peligro de un nuevo bloqueo e inestabilidad institucional, así como al riesgo de una nueva convocatoria de elecciones anticipadas que no haría más que aumentar el razonable hartazgo y hasta el cabreo de la ciudadanía con unos partidos y líderes políticos incapaces de adoptar una cultura del diálogo, el compromiso y el acuerdo en pro de los intereses de las mayorías sociales. Pero merece también alguna que otra explicación -que todavía no se ha dado- acerca de por qué tras las elecciones de abril y en mejores condiciones (165 escaños frente a los 155 actuales) no llegaron a tal acuerdo y ahora, en peores condiciones,  sí lo hacen. 

En todo caso, de concluir con éxito, el reciente preacuerdo entre PSOE y Unidas Podemos significaría no solo la posibilidad de articular un gobierno progresista dispuesto cuando menos a afrontar algunos de los enormes y profundos malestares sociales que aquejan a nuestra sociedad. Supondría igualmente la confirmación de que, en un sistema multipartidista como el nuestro, es posible preservar nuestra rica pluralidad ideopolítica y mantener la estabilidad político-institucional, si bien cabe recordar que la crisis de algunas de las instituciones fundamentales del Estado nada ha tenido que ver con el multipartidismo sino por el contrario con otras prácticas tan poco edificantes como la corrupción, etc.  Pero significaría finalmente el reconocimiento de que –al igual que ocurre ya en muchas de nuestras comunidades autónomas y en otros Estados de nuestro entorno- necesitamos y debemos dejar atrás el viejo bipartidismo gubernamental, la práctica de que solo uno de los dos grandes partidos (PSOE, PP) accede al gobierno y conforma gobiernos de un solo partido, aunque en ocasiones necesite el apoyo de otros partidos. De ser así se habría dado un importante paso para la consolidación del multipartidismo en el Estado español. Pero también se daría un primer movimiento en pro de la sustitución del bipartidismo gubernamental por el pluripartidismo gubernamental. 

El gobierno de coalición que, a día de hoy, promueven PSOE y UP tropieza sin duda con serias dificultades que no solo derivan de la aritmética parlamentaria o de las reticencias de algunos poderes fácticos y hasta de algunos viejos o nuevos barones del PSOE. Provienen además del contexto de polarización y crispación alentado por las derechas, de la realidad del conflicto catalán, de los graves problemas sociales que soporta nuestra ciudadanía o, en fin, de la amenaza de una nueva crisis o recesión  económica. Son problemas que sin duda tendrá que procurar superar, si bien deberá hacerlo sin renuncias sociales ni complicidades neoliberales. Pero creo por mi parte que una buena manera de fortalecer esta posibilidad quizá sea comenzar por ampliar la propia coalición que debe sustentar el gobierno de progreso que se quiere articular. Todo aconseja que esa coalición de gobierno sea, bajo formas diversas, lo más amplia posible y tenga la mayor cantidad de apoyos que se pueda. Es mucho lo que nos jugamos y no parece que la cuestión sea arriesgar esta posibilidad por uno u otro sillón. Los obstáculos son serios y queda mucho por hacer por parte de todas las fuerzas progresistas para culminar con éxito esta iniciativa. Pero seguro que vale la pena intentarlo pues, entre otras muchas cosas, quizá así podamos dar por culminado este convulso ciclo político-electoral y dar adecuado acomodo a la diversidad ideopolítica y a la pluralidad nacional que caracteriza a la sociedad y el Estado español.