Dos asesores del comité científico de la pandemia en Canarias: “Jamás se discutió sobre contratos o empresas”

“Jamás se discutió sobre contratación” y “nunca se habló sobre empresa alguna” en el comité científico que asesoró al Gobierno de Canarias durante la pandemia de Covid-19. Así lo han asegurado este lunes en el Parlamento regional dos de sus miembros: Lluís Serra, catedrático de Medicina Preventiva y actual rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), y Beatriz González López-Valcárcel, catedrática e investigadora en Economía de la Salud en el mismo centro.

Serra y González López- Valcárcel han comparecido este lunes en la primera sesión de la comisión de investigación sobre la adquisición de material sanitario en la emergencia sanitaria. Y han coincidido en su discurso. El comité científico no tenía ninguna capacidad decisoria. Su labor era de asesoramiento. Sus miembros analizaban los datos epidemiológicos y proponían una serie de medidas de control para intentar evitar la propagación del virus. Informaban, para ello, a otro comité, el de Gestión de Emergencias Sanitarias, que conformaban cargos políticos, y al propio Gobierno regional. 

Lluís Serra fue el primero en comparecer. El actual rector de la ULPGC, que fue portavoz de ese comité científico, recordó el inicio de la pandemia como un momento “de incertidumbre, miedo y desconocimiento”. La primera llamada para unirse al equipo científico asesor la recibió de José Julián Isturitz, que en aquel momento era director general de Patrimonio del Gobierno de Canarias, pero que atesoraba experiencia en gestión de emergencias sanitarias. De hecho, fue el impulsor del 1-1-2 en las Islas, motivo por el que había sido rescatado por el Ejecutivo cuando se declaró el estado de alarma. 

Serra ha contado que, tras esa llamada de Isturitz, llegó la del entonces vicepresidente Román Rodríguez (Nueva Canarias) y, por último, la del presidente, Ángel Víctor Torres (PSOE). “No dudé en aceptar la tarea por compromiso y responsabilidad, saliendo de mi zona de confort”, dijo.

El catedrático se mostró orgulloso del trabajo realizado en esa época por el comité, con medidas que fueron “pioneras” en España. Entre ellas citó el plan de desescalada, la creación de grupos burbuja en las aulas o el control en los centros sociosanitarios para proteger a la población más vulnerable ante el coronavirus. 

El rector de la ULPGC recordó que el comité científico estaba formado por seis personas. Junto a él y a Beatriz González López Valcárcel estaban otros dos catedráticos: el epidemiólogo Antonio Serra, y el que fuera durante muchos años jefe del servicio de Ginecología y Obstetricia del Materno de Gran Canaria, José Ángel García, un profundo conocedor del sistema sanitario, en palabras de Serra. Isturitz, por su parte, hacía la labor de secretario, mientras que el coordinador era Conrado Domínguez, que en aquel momento era secretario general técnico de la Consejería de Obras Públicas, pero que antes había sido director del Servicio Canario de Salud (SCS), un cargo que asumiría de nuevo meses después hasta que fue finalmente forzado a dimitir precisamente por su implicación en el caso de las mascarillas que en la actualidad investiga la Fiscalía Europea. 

El comité científico se reunió 48 veces. La primera, el 25 de marzo de 2020. La última, en enero de 2022. Tanto Serra como González López-Valcárcel explicaron que no se levantaban actas como tal, puesto que no había votaciones, pero que Isturitz, en su condición de secretario, recogía en cada una de las sesiones unas notas con los comparecientes, sus aportaciones y las recomendaciones. También han negado ambos, a preguntas de los parlamentarios, haber tratado durante esas sesiones cuestiones relativas a la contratación de material sanitario o sobre la idoneidad de los productos adquiridos. 

“No conozco ni casos, ni empresas, ni personas. No conozco el volumen total de contratación ni cuántos recursos destinaron a ello. No sé qué porcentaje se pudo gastar mal, pero se hizo bien en el 90 y pico por ciento de los casos”, precisó Serra. Aunque reconoció la dificultad de juzgar por el contexto en que se produjo, sí considera “inadmisible” pagar por adelantado cuatro millones de euros a una empresa (RR7 United) sin experiencia en el sector sanitario para la compra de unas mascarillas que nunca llegaron. 

Según el rector de la ULPGC, Conrado Domínguez hacía de enlace entre el órgano asesor y el Comité de Gestión de la Emergencia Sanitaria que presidía Ángel Víctor Torres. “No estaba al frente del comité científico. Transmitía los resultados de nuestras conclusiones. Estaba todo el día ocupado, haciendo gestiones”. Serra ha afirmado que en “8, 9 o 10 ocasiones” los asesores científicos acudieron a las reuniones del Comité de Gestión y que la “inmensa mayoría” de las recomendaciones de los expertos fueran asumidas por los políticos. “Había una excelente sintonía entre ambos comités”. 

“Aportamos valor”

“Visto retrospectivamente, estoy convencida de que aportamos valor”, destacó Beatriz González López-Valcárcel, que ejerció como asesora durante la pandemia no sólo para el Gobierno de Canarias, sino también para el de Asturias, para un grupo interdisciplinar de veinte expertos para el Ministerio de Ciencias, y para las organizaciones colegiales de medicina. La catedrática destacó que todas las recomendaciones se basaban en la ciencia y que, por ello, transmitían “confianza” a la población. “Me sentí respaldada y apoyada. Nos escuchaban y es señal de optimismo. Las decisiones políticas se basaban en recomendaciones científicas”, ha aseverado en la comisión parlamentaria. 

“El tiempo se aceleró. Un mes de 2020 era un año de antes. El conocimiento científico avanzó tan rápido que en diciembre ya se estaban vacunando las primeras personas en España”, recuerda la experta en Economía de la Salud, que relató que en los primeros momentos el reto era evitar el colapso de los servicios sanitarios. “Mirábamos a Madrid y teníamos miedo de que el R0 (el número reproductivo básico, la velocidad a la que una enfermedad puede propagarse) se disparara y se colapsaran las UCI”. 

Al igual que Serra, López-Valcárcel destacó como principales hitos de la gestión pandémica en Canarias el plan de desescalada (“a nivel estatal se nos copió”) y la reapertura de los colegios. “Era muy importante que los niños estuvieran escolarizados”. La catedrática apuntó que el cierre de las escuelas acentuó las desigualdades entre los menores “de padres ricos con Ipad en casa” y los de zonas más desfavorecidas. 

También destacó que “casi todas” las recomendaciones que trasladaron a los políticos fueron aceptadas. Incluso algunas “muy duras”, como las restricciones en los puertos y aeropuertos de unas Islas que viven, de forma mayoritaria, del turismo. 

A González López-Valcárcel no le sorprendió el nombramiento de Conrado Domínguez como coordinador del comité científico. “Eran tiempos en que una no se paraba con formalidades. Parecía que podía tomar decisiones. Tenía experiencia amplia de gestión. No me extrañó”. Sobre el papel en ese órgano asesor del alto cargo ahora investigado por la Fiscalía Europea, afirmó que se limitaba a la “escucha activa”.  

A preguntas del diputado José Alberto Díaz Estébanez (CC), la catedrática en Economía de la Salud aseguró que en ninguno de los cuatro comités del que formó parte escuchó hablar “de cuántas mascarillas había, faltaban o de dónde venían”. “Nosotros no gestionábamos. No nos ocupábamos de los suministros, de la gestión de stocks, de la logística. Era un comité separado de las decisiones de gestión”, ha concluido. 

Según González López-Válcarcel, “en absoluto hubo sesgo político” en la toma de decisiones durante la pandemia en Canarias. La catedrática ha recordado, además, que las administraciones acudían a comprar material a un “mercado salvaje” porque un bien como las mascarillas se volvió “de primera necesidad”. En este contexto, hubo un cambio de normativa para relajar los controles de contratación pública. “Fue un elemento positivo. Si se hubiesen seguido las reglas de juego, se habría tardado un año o más en traer las mascarillas, aunque es cierto que rebajar los requisitos de control implica el riesgo de que haya aprovechados”, zanjó.