Cuatro años de compromiso con Canarias

Celebraremos, los próximos 5 y 6 de mayo, el IV Congreso nacional de Nueva Canarias (NC). Un encuentro que servirá para consolidar una formación política joven que, en apenas 12 años, ha crecido, y mucho, en presencia institucional y territorial. Que gobierna en numerosas instituciones desde la defensa del interés general y en otras, como el Parlamento canario y las Cortes Generales, hace una oposición constructiva.

Desde nuestro anterior Congreso, al final de 2012, vivimos algunos de los años más duros de la crisis económica, con consecuencias terribles: altas tasas de pobreza y paro así como un severo deterioro del estado de bienestar. Hemos sido muy críticos con las decisiones de los gobiernos español y canario. Con las reformas estructurales que suponen limitaciones y pérdidas de derechos, así como con las políticas de austeridad y recortes, con graves efectos sobre el empleo, los servicios públicos y las inversiones. Los datos son contundentes. En la recién publicada Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística (INE), nuestra comunidad es la segunda, con el 35%, en población en riesgo de pobreza. El Producto Interior Bruto (PIB) crece pero la desigualdad aumenta y nos alejamos de la riqueza media española. Y  la tasa de paro, según la Encuesta de Población Activa (EPA), supera el 25%.

Rechazo a políticas económicas

Nos hemos opuesto a las políticas económicas de los gobiernos de España y Canarias. NC ha rechazado las cuentas públicas estatales de Mariano Rajoy entre 2012 y 2016 e hicimos lo propio con los presupuestos canarios. Presentamos, asimismo, una enmienda a la totalidad a los presupuestos de Canarias de 2017 y, estos días, lo hemos hecho con el Proyecto de Ley (PL) de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para este año. Por entender que lastraban a los servicios públicos, reducían drásticamente la inversión y causaban un enorme daño social. Con el añadido de que los PGE maltrataban especialmente a Canarias, quitándonos los planes de empleo así como los de infraestructuras turísticas y el correspondiente a las educativas. Reducido en cientos de millones de euros el de carreteras, con consecuencias como la paralización y retraso de las mismas y con el perjuicio, asimismo, causado en el empleo.

Nos hemos opuesto, en las instituciones y en la calle, a la reforma laboral, a la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (Lomce), a la ley mordaza y a los intentos de reducir los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Asimismo, a la Ley de Estabilidad y Sostenibilidad Financiera que antepone el cumplimiento del déficit a los derechos de la gente. También a la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que restó competencias a los ayuntamientos, reduciendo prestaciones básicas a la ciudadanía. Y hemos defendido la sostenibilidad de las pensiones frente al intento de privatizarlas.

Desde 2009, mientras otros aplaudían, denunciamos, en solitario, un modelo de financiación autonómica que perjudicaba a Canarias. Nos opusimos a la privatización de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA), exigiendo que nuestra comunidad pudiera gestionar los aeropuertos. Y exigido el cumplimiento por el Estado del convenio de carreteras, con propuestas y movilizaciones apoyando la emblemática reclamación de la carretera de La Aldea.

Hemos rechazado, de forma tajante y argumentada, las políticas de recortes del Gobierno de Canarias y su empeño en ser los campeones de la austeridad–desaprovechando más de 400 millones de euros que podrían haber aliviado la grave situación de los servicios públicos-, aunque haya sido a costa de disponer de menos recursos, y de situar a la sanidad, la educación y la dependencia a la cola del Estado.

Liderando la oposición a las políticas de austeridad y proponiendo que Canarias aproveche sus competencias en materia fiscal para mejorar la financiación de los servicios públicos. Hemos rechazado la bajada indiscriminada del impuesto de Sucesiones y la reducción del Impuesto General Indirecto de Canarias (IGIC) a las aguas de perfumes; propuesto modificaciones en el impuesto de Transmisiones Patrimoniales y un incremento del IGIC para los artículos de lujo. Solicitado, también, que los 160 millones de euros procedentes del Impuesto General por el Tráfico de Empresas (IGTE), al ser recursos vinculados a la financiación autonómica, se destinaran a corregir el deterioro de los servicios públicos básicos en una comunidad con 100.000 personas en listas de espera sanitaria, con graves déficits educativos y con servicios sociales muy débiles.

Ley Canaria de Educación

Hemos participado activamente en la elaboración, debate y aprobación de la Ley Canaria de Educación.  Hoy exigimos su cumplimiento, con especial énfasis en el incremento del porcentaje dedicado a la educación con relación a nuestro PIB. Por otra parte, Nueva Canarias ha presentado en el Parlamento un conjunto de medidas de aplicación inmediata para comenzar a revertir la actual situación de crisis de la sanidad pública, que han contado con el respaldo del resto de la Cámara, a excepción de CC.

Presentamos propuestas sobre la vivienda y contra los desahucios, así como un Plan contra la Pobreza, rechazado en el Parlamento canario y que luego el Gobierno intentó reformular, de forma chapucera, sin financiación y sin objetivos. Y seguimos esperando desde el principio de la legislatura el plan con el que se comprometió el actual presidente.

Hemos sido muy críticos con leyes turísticas desreguladoras, que apuntan hacia la barra libre en el sector, que impiden la contención del crecimiento, y que, además, no respetan las singularidades de los territorios insulares. Y con las que, como la ley de las islas verdes y el Proyecto de Ley del Suelo, incrementan la presión sobre el suelo, lo mercantilizan y reproducen el modelo del ladrillo y del cemento como ejes de nuestra economía.

La mejora de la calidad democrática forma parte de nuestras preocupaciones centrales. La democracia se debilita con la corrupción, que hemos denunciado y que se ha convertido, tras el desempleo, en el segundo problema en la percepción ciudadana. También la democracia se fortalece con mayor pluralidad, con mayor proporcionalidad y respeto a las urnas, algo que demandamos en la reforma del sistema electoral canario.

Hemos buscado confluencias con otras organizaciones progresistas en las elecciones autonómicas y locales, constituyendo el Frente Amplio que permitió incrementar notablemente nuestra presencia institucional y territorial. En las generales establecimos un acuerdo de progreso con el PSOE que incluyó una completa Agenda Canaria. Entre 2011 y 2015 hemos pasado de 92 a 133 concejales, de cinco a 13 consejeros en los cabildos, presidiendo el de Gran Canaria. Además hemos aumentado de dos a cinco diputados y constituido grupo propio en el Parlamento canario. Y logrado presencia en Congreso y  Senado.

Desde los gobiernos o desde la oposición hemos trabajado intensamente en la defensa del interés general. Con rigor, reflexión, alternativas, transparencia y honestidad, convirtiéndonos en referente del nacionalismo de izquierdas. Ahora corresponde actualizar nuestras políticas, renovar equipos, mejorar nuestra organización, confirmar nuestro compromiso y tareas para los próximos años. Para, como dice el lema de nuestro IV Congreso, “seguir estando con la gente, con la tierra, con Canarias”.

Celebraremos, los próximos 5 y 6 de mayo, el IV Congreso nacional de Nueva Canarias (NC). Un encuentro que servirá para consolidar una formación política joven que, en apenas 12 años, ha crecido, y mucho, en presencia institucional y territorial. Que gobierna en numerosas instituciones desde la defensa del interés general y en otras, como el Parlamento canario y las Cortes Generales, hace una oposición constructiva.

Desde nuestro anterior Congreso, al final de 2012, vivimos algunos de los años más duros de la crisis económica, con consecuencias terribles: altas tasas de pobreza y paro así como un severo deterioro del estado de bienestar. Hemos sido muy críticos con las decisiones de los gobiernos español y canario. Con las reformas estructurales que suponen limitaciones y pérdidas de derechos, así como con las políticas de austeridad y recortes, con graves efectos sobre el empleo, los servicios públicos y las inversiones. Los datos son contundentes. En la recién publicada Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística (INE), nuestra comunidad es la segunda, con el 35%, en población en riesgo de pobreza. El Producto Interior Bruto (PIB) crece pero la desigualdad aumenta y nos alejamos de la riqueza media española. Y  la tasa de paro, según la Encuesta de Población Activa (EPA), supera el 25%.