Negrín excluido

Tras dos décadas sin haberlo abordado, el gobierno de Canarias acaba de publicar una orden «por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para el programa postdoctoral de formación de personal investigador Catalina Ruiz». Al parecer, responde a una petición de la Asociación de Jóvenes Investigadores de Canarias, planteada al anterior director de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información, durante las escasas semanas que permaneció en el cargo, meses antes de marcharse a Madrid reclamado por la actual ministra de Política Territorial y Función Pública. No es raro que los altos cargos se muevan de área en área, porque la política es así, y está nutrida por personas que parecen fácilmente intercambiables, tal vez porque su especialización es esa: la de adaptarse a nuevas y, con frecuencia, muy diferentes funciones. Eso explica los bandazos que dan los ejecutivos, incluso en tiempos en que uno pensaría que cierta continuidad en el puesto proporcionaría equilibrio y añadiría el tiempo necesario para la maduración.

En cualquier caso, bienvenida sea la iniciativa, al reconocer la importancia de la movilidad tras la lectura de la tesis, que constituye un elemento crucial y un paso imprescindible para completar la formación académica, desarrollar actividad investigadora en un escenario diferente, establecer relaciones con centros internacionales e investigadores de otros países y, no menos importante que lo anterior, contaminarse con otras culturas. Así dicen que ya ocurría en los tiempos de Cristo, cuando el profeta nazareno hizo varias estancias en diversos centros destacados. Incluso, hasta hay quien sostiene que obtuvo un doctorado en las cuevas esenias, si bien este punto no ha sido confirmado por todos los historiadores.

En el desarrollo y progresión de la investigación científica, la movilidad y el intercambio tienen dos objetivos fundamentales, con consecuencias suficientemente contrastadas por los centros de investigación de primera línea. Por un lado, los investigadores tienen la oportunidad de llevar a cabo su trabajo en un grupo distinto a aquel en que desarrollaron su tesis doctoral, asumiendo responsabilidades más avanzadas y enfrentándose al reto de diseñar, con alto grado de autonomía, el proceso de indagación, lo que permite aprender nuevas metodologías o hacerlas avanzar, puesto que suele tratarse de la época en que quien investiga reúne las condiciones más apropiadas para hacer preguntas atrevidas y generar nuevas ideas. En la otra dirección, el centro que recibe al investigador postdoctoral también se beneficia, incorporando nuevas intuiciones, aproximaciones metodológicas complementarias y visiones culturales diferentes. En la construcción del conocimiento científico y su progreso, ese cruce de personas y visiones tiene un enorme potencial de crecimiento, aportando una inyección de frescura que facilita la producción de anticuerpos frente al nacionalismo, el racismo y la xenofobia, al comprobar, de forma directa, las insignificantes diferencias que el lugar de nacimiento, el acento o el color de la bandera aportan al valor intrínseco y la capacidad creativa de las personas.

Por eso lo más errático de las «bases generales» mencionadas es el tufo endogámico que se incorpora a los requisitos para poder solicitar una ayuda postdoctoral, además de incorporar unas condiciones temporales poco compatibles con los estándares internacionales, y generar un marco confuso en lo que se refiere a las entidades beneficiarias, en uno de cuyos apartados se cuelan las «entidades privadas vinculadas o concertadas con el Sistema Nacional de Salud». Entre aquellos, se incluyen algunos que parecen generados en un caldero de provincianismo poco cocinado. ¿Por qué motivo quien haya leído la tesis en una universidad pública no ubicada en Canarias no puede tener las mismas oportunidades que quien lo haya hecho aquí? ¿Qué se persigue, realmente, y qué se va a estimular con restricciones como esa? ¿Qué finalidad tiene que, en una estancia postdoctoral –limitada su duración excesivamente y sin justificación–, un tercio de su duración se lleve a cabo en el lugar de origen y no en el de destino? ¿Qué sentido tiene mezclar posibles tareas docentes en la entidad beneficiaria con la actividad investigadora en el centro receptor? ¿No se tratará de un combinado de mala factura, en el que se han introducido peticiones de diversos orígenes, sin reflexión alguna sobre los objetivos que se buscan y sus consecuencias? Es curioso que Juan Negrín López, introductor en España de algunos de los elementos de desarrollo científico que en su época estaban vigentes en Europa, no reuniría los requisitos precisos para solicitar una ayuda de este tipo, teniendo en cuenta que parte de sus estudios de bachillerato y su licenciatura en Medicina fueron realizados en Alemania.

Consolidar la capacidad de los centros y universidades canarias para hacer investigación e innovación de calidad exige invertir en la formación postdoctoral, así como en la atracción de personal formado. Confundir las dos cosas es una invitación al incesto intelectual. Tal vez quien haya sido responsable no ha tenido la ocasión de identificar qué precisan las universidades y centros de investigación de Canarias, con objeto de codearse con sus equivalentes nacionales e internacionales, ni qué les van a exigir para ser reconocida su calidad. Recientemente se han publicado los resultados de la convocatoria de centros y unidades de excelencia del Ministerio de Ciencia, en los que, con toda claridad, la recepción de postdoctorales procedentes de otros países constituye un indicador, no ya relevante, sino imprescindible. Si el Gobierno de Canarias quiere poner en marcha medidas dirigidas a consolidar la actividad de investigación e innovación que se lleva a cabo en las universidad públicas regionales –aunque sea con un retraso de más de veinte años–, debería diseñar un programa ambicioso y de largo recorrido, no como resultado de una ocurrencia puntual, sino de un análisis claro de las necesidades y de los objetivos a conseguir, lo cual exige una inversión estable y suficiente –inversión de cuya magnitud estas bases no dicen una palabra–; un programa que promueva un número significativo de estancias postdoctorales sin restricciones localistas, en un marco de captación de talento ambicioso y abierto a las candidaturas de diferentes orígenes. Cualquier otra cosa será una pérdida de tiempo más, con iniciativas que no pasarán de adorno de legislatura, o incluso menos, teniendo en cuenta la habitual fragilidad de los gobiernos regionales.