A nadie se le escapa que la situación que se ha vivido en Las Palmas de Gran Canaria en los últimos días es más que preocupante. Lo que empezó siendo agresiones racistas y xenófobas aisladas, se ha convertido en un verdadero horror cuando vecinos de diferentes barrios se han organizado contra la población migrante de origen magrebí. De cómo hemos llegado a esta situación solo se puede responder si relacionamos la irresponsable gestión por parte del gobierno de España de la llegada de migrantes a Gran Canaria conjuntamente con la situación de aumento de la pobreza y exclusión que viven alguno de nuestros barrios capitalinos.
Hay que decirlo bien alto: el auge del racismo que estamos viviendo en Las Palmas de Gran Canaria es producto de una gestión política en la que ha imperado la descoordinación, la dejadez y la absoluta irresponsabilidad. La decisión por parte del Gobierno de España, fomentado una política de control fronterizo de la Unión Europea e impidiendo el traslado de miles de personas migrantes a la península, ha ocasionado el caldo de cultivo óptimo para que los bulos racistas, aprovechados por algunos partidos políticos y medios de comunicación, hayan corrido como la pólvora por grupos de Whatsapp y redes sociales.
La decisión de albergar a personas migrantes en hoteles no ha sentado bien a una parte de la población grancanaria que nunca se ha podido permitir pasar un fin de semana en uno de ellos con su familia. Si a esto se le añade la situación de cero turístico provocado por la COVID-19 y el ERTE generalizado a miles de trabajadores en el sector, nos encontramos con el caldo de cultivo para que un vídeo de unos jóvenes bañándose en la piscina de un complejo hotelero genere odio entre los isleños que sueñan con poder disfrutarla.
A ello se suma la decisión improvisada de utilizar espacios públicos como el Colegio CEIP León, en el barrio de El Lasso, para albergar a más de 400 personas migrantes. Un colegio cerrado por la Consejería de Educación, pero en el que parte del barrio reivindica su reapertura. El Lasso, un barrio con un paro estructural por encima de la media, ha visto la ocupación de este centro como una afrenta hacia los problemas de dotación y desigualdad social que viven los vecinos.
Esto viene acompañado de un aumento de la percepción de inseguridad entre los vecinos, debido a videos y noticias donde se muestran agresiones y robos de jóvenes migrantes de origen magrebí en diferentes barrios de la ciudad. Los medios de comunicación han lanzado estos sucesos al debate social maximizando estas noticias en vez de posicionarlas donde deben estar, en la sección de sucesos.
Como consecuencia de todo ello, grupos coordinados han comenzado a organizar movilizaciones racistas sin parangón en nuestra ciudad. Estas movilizaciones anuncian una ola de violencia física y verbal sobre la población racializada de quienes quieren tomarse la justicia por su mano. Si hay un aumento de los delitos en Las Palmas de Gran Canaria deben ser los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y la Administración de la Justicia quienes tomen cartas en el asunto e investiguen a quienes cometan delitos, sean estos de donde sean, y apliquen la ley. Del mismo modo, deben proteger a las personas que por su condición están siendo hostigadas con violencia.
Y esto pasa ante la total descoordinación de las administraciones a la hora de actuar. Las decisiones y la gestión han venido de manera unilateral fomentadas por la urgencia de las ejecuciones durante toda la crisis migratoria. Sin contar con los agentes locales ni las organizaciones, sin el trabajo y el consenso con los vecinos; lo único que se ha provocado es malestar en barrios donde el trabajo en pro de la convivencia hubiera sido un factor clave para poder reducir el impacto de los discursos xenófobos que están a la orden del día y totalmente coordinados con una campaña global que capitaliza el odio.
El primer paso para frenar esta oleada es entender las motivaciones de quienes ahora están enarbolando la bandera de “primero los de aquí”. A partir de eso, necesitamos ponernos todos a trabajar para volver a la senda de la convivencia. En primer lugar, y de manera urgente, hay que generar dispositivos de protección y de denuncia ante las agresiones racistas sobre la población migrante y racializada. En segundo lugar, las instituciones canarias tienen que esforzarse en trabajar en el ámbito comunicativo para revertir el discurso de racismo y xenofobia a todos los niveles, y a ello deben aplicarse los medios de comunicación y los actores sociales de referencia. Y, finalmente, debemos conseguir, por todos los medios, que el Estado español permita la derivación de las personas migrantes que se encuentran hacinadas en Gran Canaria, vulnerando de manera lesiva todos sus derechos. Solo así, podremos bajar el fuego de esta olla a presión que nos puede estallar en cualquier momento.