Palo y zanahoria

Ignorantia juris non excusat, por lo que, tal y como está recogido en nuestro ordenamiento jurídico, vivimos en una sociedad en donde nadie puede alegar que no cumple con una disposición por el hecho de no conocerla. Partiendo de esta premisa, surgen varias situaciones posibles que van desde la intención deliberada de evitar el cumplimiento de la ley, hasta otro en donde los errores involuntarios causados por la complejidad y abundancia de las normativas han sido provocador porque a menudo superan el conocimiento y comprensión de la ciudadanía porque la burocracia, definida como el conjunto de procedimientos administrativos y regulaciones impuestos por la administración pública para la gestión y control de diversas actividades, se ha convertido en un aspecto crucial al traducir en dinero el tiempo invertido en cumplir.

Actualmente, la percepción que existe es que gran parte del tiempo lo destinamos a rellenar formularios y a cumplir con diversas obligaciones tributarias, lo que crea barreras para la entrada de nuevos actores al mercado, aumentando los costes operativos, disminuyendo la competitividad. Además, la aparente excesiva cantidad de trámites y regulaciones interpretables puede desalentar la creación de nuevas actividades económicas. Esto no solo retrasa el inicio de dichas actividades, sino que también desmotiva a los potenciales inversores, tanto residentes como extranjeros, en un entorno regulatorio tan complicado y con poca transparencia. Además, los costes administrativos asociados al cumplimiento de regulaciones pueden ser significativos, especialmente para las pequeñas y medianas empresas, que a menudo no tienen los recursos necesarios para gestionar estos trámites de manera eficiente. El tiempo que se dedica a cumplir con estos requisitos burocráticos es tiempo que no se invierte en actividades productivas, reduciendo así la eficiencia operativa de la sociedad.

Más allá del tamaño de la empresa, la burocracia afecta también a la dimensión del mercado. Canarias, por ejemplo, al ser un territorio fragmentado y alejado del continente, enfrenta más dificultades para competir internacionalmente, y la burocracia no ayuda en esta situación. A lo largo del tiempo, las administraciones públicas tienden a acumular regulaciones que pueden volverse redundantes, obsoletas o excesivamente complejas. Establecer un proceso continuo de revisión regulatoria puede ayudar a identificar y eliminar estas cargas innecesarias. Este proceso debe involucrar a todas las partes interesadas, incluido el sector privado, para asegurar que las reformas respondan a las necesidades reales de las empresas sin introducir nuevos obstáculos. La simplificación de los procedimientos administrativos puede lograrse mediante la adopción de principios de buena regulación, como la proporcionalidad y la eficiencia. Esto implica diseñar regulaciones proporcionales a los riesgos que se pretende mitigar y asegurar que los beneficios superen claramente los costes. Las regulaciones deben ser claras y fáciles de entender para evitar interpretaciones ambiguas que puedan dar lugar a errores y retrasos en su cumplimiento.

Aunque el incremento de la complejidad administrativa se establece para garantizar la seguridad jurídica de las actuaciones y la gestión de recursos públicos, el exceso puede llevar a la inmovilidad. Por eso, es crucial implementar reformas que la reduzcan sin comprometer la seguridad jurídica, complementando el sistema con un esquema de sanciones que disuada el incumplimiento. Al final, palo y zanahoria.

Ignorantia juris non excusat, por lo que, tal y como está recogido en nuestro ordenamiento jurídico, vivimos en una sociedad en donde nadie puede alegar que no cumple con una disposición por el hecho de no conocerla. Partiendo de esta premisa, surgen varias situaciones posibles que van desde la intención deliberada de evitar el cumplimiento de la ley, hasta otro en donde los errores involuntarios causados por la complejidad y abundancia de las normativas han sido provocador porque a menudo superan el conocimiento y comprensión de la ciudadanía porque la burocracia, definida como el conjunto de procedimientos administrativos y regulaciones impuestos por la administración pública para la gestión y control de diversas actividades, se ha convertido en un aspecto crucial al traducir en dinero el tiempo invertido en cumplir.

Actualmente, la percepción que existe es que gran parte del tiempo lo destinamos a rellenar formularios y a cumplir con diversas obligaciones tributarias, lo que crea barreras para la entrada de nuevos actores al mercado, aumentando los costes operativos, disminuyendo la competitividad. Además, la aparente excesiva cantidad de trámites y regulaciones interpretables puede desalentar la creación de nuevas actividades económicas. Esto no solo retrasa el inicio de dichas actividades, sino que también desmotiva a los potenciales inversores, tanto residentes como extranjeros, en un entorno regulatorio tan complicado y con poca transparencia. Además, los costes administrativos asociados al cumplimiento de regulaciones pueden ser significativos, especialmente para las pequeñas y medianas empresas, que a menudo no tienen los recursos necesarios para gestionar estos trámites de manera eficiente. El tiempo que se dedica a cumplir con estos requisitos burocráticos es tiempo que no se invierte en actividades productivas, reduciendo así la eficiencia operativa de la sociedad.