Partidismo, el renglón torcido II

Suele ocurrir que cuando creo haberme excedido en mis planteamientos, nuestros representantes públicos me dan un bofetón de realidad y constato que me he quedado corta. Hace unas semanas publicaba “Partidismo, el renglón torcido”, haciendo alusión a que “aprobar un nuevo PIOT pocos meses antes de las elecciones parcheando el Plan Insular de 1991, previsto para una realidad muy diferente de la actual, para adaptarlo a la Ley del Suelo de 2017, que el PSOE y Podemos prometieron derogar por especuladora y mercantilista con el territorio, es una acción partidista. Una decisión que convertiría el problema de la inexistente política territorial del actual gobierno en una acción caníbal. Infame por cortoplacista, indecente por oportunista, insultante por cínica. Ofensiva con la cultura del territorio de Lanzarote.”

Pudiera parecer un exceso calificar de infame por cortoplacista, indecente por oportunista, insultante por cínica y caníbal la pretendida adaptación del PIOT de 1991 a la Ley 4/2017. Sin embargo, la realidad revelada pocos días después volvió a recordarme que, en el ámbito de la acción partidista, me quedé corta y hasta suave fui con los calificativos. 

Es necesario recordar que: 

1.- El 16 de junio de 2022 se incoa por la Consejera de Industria y Energía, doña Ariagona González, expediente número 11479/2022, “con el fin de garantizar la certidumbre jurídica en relación al contenido del Plan Insular de Ordenación de Lanzarote tras la entrada en vigor de la Ley del Suelo y Espacios Naturales Protegidos de Canarias.”  

2.- En virtud de dicho expediente se ordena que, por parte del personal adscrito al Área de Ordenación del Territorio y Política Territorial, se lleve a cabo la emisión de los informes correspondientes, en relación al contenido del Plan Insular de Ordenación de Lanzarote (PIOL) que ha de considerarse vigente, tras la derogación de sus determinaciones urbanísticas llevada a cabo por la Disposición Derogatoria Única de la Ley 4/2017, del Suelo y de los Espacios Naturales de Canarias. 

3.-  La necesidad de determinar qué disposiciones del PIOT de 1991 siguen vigentes y cuales han de considerarse derogadas en virtud de la Ley 4/2017, deviene de la  Disposición Derogatoria Única de la referida Ley que expresamente recoge:  “quedan derogadas cuantas determinaciones contrarias a lo dispuesto en esta ley se contengan en los instrumentos de ordenación vigentes en el momento de su entrada en vigor, en particular las determinaciones urbanísticas del planeamiento insular. ”

La Ley 4/2017, ordenaba al Cabildo Insular de Lanzarote, en aras a la certidumbre jurídica, adaptar los instrumentos de ordenación a este mandado suprimiendo las determinaciones derogadas por esta Ley.

5.- Los informes que la Consejera de Industria y Energía pide en virtud de dicha incoación se dirigen al Área de Ordenación del Territorio y Política Territorial ¿y la Oficina del Plan Insular para qué está?

Para entender qué pasa con la oficina del Plan Insular hay que conocer el proceso de desmantelamiento y persecución que, desde Pedro San Ginés a Loli Corujo, se está haciendo con respecto a los órganos del Cabildo que históricamente, desde los primeros mandatos de Enrique Pérez Parrilla tras la aprobación del PIOL de 1991, han defendido la ordenación del territorio y la legalidad urbanística en la isla. 

Los méritos impagables de don Leopoldo Díaz y de don Esteban Armas en defensa del Plan Insular son, junto con otros agentes de valía indudable, los que nos han permitido controlar la especulación y el desastre urbanístico que vemos en otras islas. Esa imagen de isla cuidada y protegida de la que tanto presumimos para captar turistas sería imposible sin el Plan de 1991 y sin el arduo trabajo de los funcionarios la oficina del Plan Insular. 

El grupo de gobierno lo llama desarrollo de la estructura organizativa de las áreas insulares de ordenación del territorio y de política territorial. En mi opinión es un desmantelamiento torpemente ejecutado, producto de la mediocridad, alimentado con la impotencia del incapaz y dirigido a facilitar el uso mercantilista del territorio insular. El rastro es evidente.

El partidismo coloniza las instituciones públicas por tres vías: una a través de los representantes públicos que acceden a sus cargos mediante el proceso electoral y colonizan todos los ámbitos de la vida pública; la segunda es a través de la figura de los Directores Insulares y el personal eventual, de clara y evidente vinculación política; y la tercera es a través de los afiliados y simpatizantes que acceden a un puesto de trabajo público sin mérito, capacitación ni oposición, o con méritos de ámbito estrictamente partidista y reconocida capacidad servilista. De este modo, los cargos y empleos públicos que deberían estar reservados a funcionarios con  garantía de objetividad, capacitación e inamovilidad, se cubren por adeptos al partido de turno. Haberlos hay que de la empresa privada pasan a la institución pero siguen trabajando para la empresa de la que proceden, lo único que cambia es que el sueldo lo pagamos todos. No es casual que muchas de las instituciones públicas carezcan de la obligada Relación de Puestos de Trabajo. Así se debilita un Estado.

6.- El 3 de octubre de 2022, por orden de Marcos Bergaz se llevó a Comisión de Política Territorial el siguiente acuerdo en el punto 3 del Orden del día: 3. Dictamen que proceda sobre propuesta de acuerdo a adoptar relativo al contenido vigente del Plan Insular de Ordenación de Lanzarote, tras la derogación operada con la entrada en vigor de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y los Espacios Naturales Protegidos de Canarias (Disposición Derogatoria Única, punto 3), en particular, respecto de sus determinaciones urbanísticas (Expediente 11479/2022). 

Votaron a favor de esa propuesta de acuerdo los miembros del grupo de gobierno, don Marcos Bergaz en representación del PSOE y don Jorge Peñas en representación de Podemos. La oposición se abstiene, no tienen opinión ante la eliminación de la política de defensa del territorio de la isla por una vía irregular, sin la debida fundamentación ni motivación, a través de un órgano incompetente y sin la más mínima consulta pública.

7.- En virtud de providencia de doña Ariagona González, consejera de Industria y Energía, el 13 de septiembre de 2022 se emite algo que se denomina como informe técnico y documento normativo firmado por dos técnicos de la oficina del Plan Insular (un arquitecto técnico y una arquitecta). 

Dicho informe recoge textualmente que los dos técnicos “han procedido a analizar el Plan Insular de 1991, identificando el contenido de éste que, a juicio de quienes suscriben, tienen el carácter de determinaciones urbanísticas no aplicables por no incluirse en la materia objeto de regulación por el Plan Insular de acuerdo con la Ley del Suelo. Se identifica así mismo, si bien no se indica este cometido en la Providencia de la que trae causa el presente informe, el contenido del Plan Insular que no resulta de aplicación directa y que tiene el carácter de recomendación”.

El llamado informe no contiene motivación ni justificación alguna que permita entender los criterios técnicos que se aplicaron para tachar, con ánimo de derogar, más de 150 disposiciones y recomendaciones del Plan Insular de 1991. Tampoco se explica, motiva ni fundamenta qué concepto de determinaciones urbanísticas se adoptó para ir tachando las disposiciones y recomendaciones afectadas. Y, lo que es más importante, no se determina en qué contradicen dichas disposiciones y recomendaciones a la Ley del Suelo 4/2017, dado que es la propia ley la que, en su disposición derogatoria habla de disposiciones urbanísticas contrarias a la ley, no se hace referencia al procedimiento de adaptación que ordena la propia ley para dicha modificación sustancial, no se propone planificación alternativa ante el vacío legal que esta derogación tácita supone, ni, por supuesto, se justifica porqué se tachan con ánimo derogatorio las recomendaciones del Plan Insular a pesar de no estar expresamente encomendado en la providencia de doña Ariagona González. 

No consta informe jurídico emitido por la jurista de la Oficina del Plan Insular que avale la derogación masiva de la única norma insular que ordena las actuaciones en el territorio de la isla. El Plan Insular del que tanto presume el Partido Socialista, el legado  de don Enrique Pérez Parrilla, se pretende derogar en gran parte por la apreciación subjetiva de dos técnicos, sin informe jurídico que avale dicha apreciación y sin motivación ni  fundamentación alguna. Se reunieron y tacharon. Tacharon incluso más de lo que se les pidió expresamente.

No pierdan de vista que la orden de adaptar el Plan Insular a la Ley del Suelo es en aras de la seguridad jurídica. 

8.- Doña Alicia Concepción Leirachá, directora insular De Planificación Y Ordenación Insular, Patrimonio Histórico, Sector Primario Y Cambio Climático redacta el 28 de septiembre de 2022, lo que pretenciosamente se ha llamado un Informe- Propuesta Jurídica.

El documento no puede ser más que una propuesta para elevar al pleno pues la señora Directora Insular sabe perfectamente que no puede realizar los preceptivos informes jurídicos que deben constar en los expedientes, y que aquí falta dicho informe. Su labor no es la de un trabajador laboral ni la de un funcionario adscrito a la Oficina de Política Territorial. Ni la de corregir sus informes. 

Pero doña Alicia aporta luz en este proceso pues reconoce expresamente que “se propone al Pleno la adopción de acuerdo con naturaleza jurídica de Instrucción Interpretativa en los términos contenido en el artículo 6.1 de la Ley 40/2017, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público...”

Es decir, en román paladino, la señora directora insular informa debidamente al pleno que no son competentes para modificar sustancialmente el Plan Insular. Que, aunque el mandado de la Ley 4/2017, es el de adaptar el Plan Insular, ese trabajo le ha dado pereza en estos tres años pues requiere de periodo de exposición y alegaciones públicas, además de consultas sectoriales y de impacto ambiental. Y eso le debe parecer muy público y transparente, casi democrático. Así que para cubrir el expediente de 3 años haciendo nada más que desmantelar y corregir, propone al pleno no enfrentar el procedimiento de adaptación ni modificación sustancial que la ley exige y se limita a impedir que los técnicos apliquen el PIOL en sus informes. Les basta con eliminar los informes técnicos molestos, que no se aplique la planificación territorial de la isla pero sin proponer una regulación alternativa. 

Eliminan sin fundamentación ni motivación alguna, a juicio de quienes suscriben, disposiciones y recomendaciones del único instrumento de planeamiento insular, sin legislación alternativa de aplicación, sin competencias para ello y sin efectos sobre terceros.  Y lo hacen en aras del principio de seguridad jurídica. Me pregunto que informe-propuesta puede redactar la directora insular sobre el concepto seguridad jurídica. 

El grupo de gobierno se concede barra libre en la autorización de actuaciones de toda índole sobre el territorio con nocturnidad, alevosía y disfraz. Nocturnidad pues nos hemos enterado por la prensa de una actuación que hace temblar el edificio de la ordenación territorial de la isla tras tres años sin planificación, sin explicar cual es su idea de isla ni su proyecto territorial para Lanzarote y desde julio ocultando deliberadamente informes públicos de innegable interés general. Alevosía porque, sabiendo que no es el procedimiento legalmente establecido, que el pleno no es competente, ni la derogación tácita surte efectos frente a terceros, llevan a pleno la derogación tácita de más de 150 disposiciones y recomendaciones del Plan Insular para que los técnicos de la institución no hagan informes incómodos en sus mercadeos sobre el territorio. Y disfraz porque eliminan el núcleo normativo de la ordenación territorial de la isla que protege nuestro paisaje y que fue aprobada por unanimidad. Se ecodisfrazan de conciencia ambiental pero actúan copiando a Casimiro Curbelo, siguen los pasos del redactor de la Ley que prometieron derogar y otorgan bastón de mando a su discípula.

Y lo hacen convencidos de haber heredado, por obra y gracia del Espíritu Santo, el legado de protección de la isla, aunque a diario desmerezcan con sus actos dicha herencia. Ofenden la cultura de protección territorial de Lanzarote y entierran la posibilidad de tener un futuro sano y en paz a las nuevas generaciones. Me quedé corta llamándoles caníbales.

9.- Finalmente, es la Consejera de Industria y Energía del Cabildo Insular, doña Ariagona González la que somete la propuesta al pleno mediante escrito de fecha 28 de septiembre de 2022. Y como ha mentido impunemente al respecto, ruego que alguien le explique que la han enviado a dar la cara cuando la decisión de no llevarlo a pleno ya estaba tomada desde días antes. Que ha sido la tonta útil de los que manejan los hilos del poder. Y de paso le explican a doña Ariagona lo que es público, de interés general, sometido a los criterios de transparencia y buena gobernanza para que deje de hacer el ridículo hablando en los medios de comunicación de filtraciones, campañas a favor de Pedro San Ginés y malas intenciones. Que ya estamos todos muy mayores.