Penurias municipalistas

Atentos al ámbito local, no ya por el gran calado que entraña la reforma de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local de 1985 (ahora con el pretendido pomposo título de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local), sino porque las repercusiones de la crisis en todo el ámbito de los servicios sociales están poniendo a los ayuntamientos, posiblemente, en la situación más incómoda que se recuerda desde su instauración democrática allá por abril de 1979.

Los problemas se han agravado considerablemente a lo largo de los últimos tiempos. Menos recursos. Pero también más demandas. Los ayuntamientos afrontaron desde la fecha señalada importantes planes para tejer una red de prestación que llenara un descomunal vacío mientras la sociedad evolucionaba y generaba más necesidades o más aspiraciones. En Canarias, algunos casos de estructuras municipales fueron pioneros y sobresalientes; revelaban la auténtica sensibilidad por unas prestaciones adecuadas. La incorporación de profesionales cualificados y especialistas dotó aún de mayor solidez esas estructuras, a veces suplementadas en sus funciones por convenios con otras entidades privadas que garantizaban una cobertura muy digna. Los propios profesionales fueron los primeros en alertar de los peligros que acechaban y de los riesgos que corrían las redes o los sistemas de estos servicios sociales.

En efecto, se han ido apagando las luces y volverlas a encender parece que cada vez cuesta más. Los alcaldes y concejales del área empiezan a reconocer no sólo que están desbordados sino que las perspectivas futuras están llenas de sombras e incertidumbres. El agobio de las instituciones locales ha crecido hasta niveles de insostenibilidad. Ya se palpaba en las islas en enero del pasado año, cuando el Gobierno autonómico tuvo que firmar un acuerdo con la Federación Canaria de municipios (FECAM) y salvar in extremis el célebre plan Concertado de Servicios Sociales.

Ahora, los testimonios de los ediles dan a entender que los recortes y las reducciones en materias como la atención a las drogodependencias, los planes de orientación y mediación familiar, los programas de apoyo a los discapacitados o las mismísimas escuelas infantiles, a la espera de lo que establezca el articulado de la nueva Ley, incidirán de forma muy negativa, lo que obligará no sólo a una readaptación de gastos y recursos públicos sino a imaginar, diseñar y poner en práctica nuevas fórmulas con las que intentar paliar ese nivel de demandas que ya es angustioso, tanto que el terreno para la devolución de competencias está sembrado. Y esa regresión no es menos preocupante.

Lo de menos, tal como están las cosas, es otorgar un valor principal al verbo priorizar. Además de saber administrar, hay que escoger o decidir. Y eso, en un marco de penurias sociales, es cada vez más delicado.

Atentos al ámbito local, no ya por el gran calado que entraña la reforma de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local de 1985 (ahora con el pretendido pomposo título de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local), sino porque las repercusiones de la crisis en todo el ámbito de los servicios sociales están poniendo a los ayuntamientos, posiblemente, en la situación más incómoda que se recuerda desde su instauración democrática allá por abril de 1979.

Los problemas se han agravado considerablemente a lo largo de los últimos tiempos. Menos recursos. Pero también más demandas. Los ayuntamientos afrontaron desde la fecha señalada importantes planes para tejer una red de prestación que llenara un descomunal vacío mientras la sociedad evolucionaba y generaba más necesidades o más aspiraciones. En Canarias, algunos casos de estructuras municipales fueron pioneros y sobresalientes; revelaban la auténtica sensibilidad por unas prestaciones adecuadas. La incorporación de profesionales cualificados y especialistas dotó aún de mayor solidez esas estructuras, a veces suplementadas en sus funciones por convenios con otras entidades privadas que garantizaban una cobertura muy digna. Los propios profesionales fueron los primeros en alertar de los peligros que acechaban y de los riesgos que corrían las redes o los sistemas de estos servicios sociales.