La pobreza y la exclusión social siguen arraigadas en Canarias

Hace unos pocos días se presentó en Las Palmas de Gran Canaria el análisis anual de la exclusión social en Canarias y en todo el resto del Estado español, el VIII informe Foessa, que fuera presentado por expertos investigadores y por Caritas. En este estudio sociológico se desglosa, de nuevo, el alarmante estado de gran parte de la sociedad canaria que pervive, prácticamente, en la mayor de las miserias posibles. Destaca que un 29% de la clase más depauperada que subsiste en Canarias está al borde de una ignominiosa exclusión social. Canarias ocupa el dolorido lugar de ser la última Autonomía del Estado en exclusión social.

Son, en base a la población de Canarias, 600.000 personas que malviven en nuestras islas. Y de ellas, casi el 16% están próximos a la exclusión severa (siendo la exclusión moderada –según dicho informe– del 13,3% en nuestra región). O sea que, son más de un cuarto del gentío que puebla el Archipiélago, del total de 2.128.000 habitantes que moramos en él. Este apartamiento de la vida normal para gozar del derecho insoslayable de toda persona, en un Estado que es el cuarto de la economía de Europa, a una calidad de vida, consumos responsables y accesos a todos los bienes y servicios prestados por el Estado y la Comunidad canaria, tienen su origen en la carencia de sus economías monetarias.

Y esta penuria por las economías propias de un hogar y las privadas de las personas, lo tienen a su vez, por la escasez en prestaciones laborales con sus pecunios y por la ausencia de puestos dignos de trabajo en nuestras islas. A esta dolencia se une la precariedad laboral que se ha impuesto en el país, merced a las exigencias de las patronales empresariales y la claudicación de los débiles y sumisos gobiernos centrales de turno. Un ejemplo de ello lo es, la última Reforma Laboral aprobada por el Gobierno del PP, por mor de su antisocial ideología política y para satisfacer a la Confederación Empresarial Nacional, omitiendo y desoyendo las demandas en contra de los sindicatos (a los cuales tratan de anular como entes sociales de salvaguarda del trabajador y en sus propuestas). Fue precisamente Canarias la Autonomía de España que en la exclusión social tienen su fundamento en la economía por la falta de puestos de trabajos.

Desde la gran crisis mundial generada en 2008, la perspectiva de la economía y de la creación de empleos ha ido decreciendo paulatinamente. Y no tiene visos de mejoras. Máxime en Canarias, que es un territorio ultradependiente de las economías exteriores al carecer de industrias. La agricultura y la pesca son ya historia por estos lares, las cuales eran los factores de manufacturas que daban trabajo de mano de obra a muchas personas. Solo dependemos hoy día del voluble turismo que llega a estas islas (citemos el despiadado caso del turoperador Thomas Cook). La presente hostelería solo ofrece a su personal una mínima calidad laboral, un básico salario y contratos basuras a tiempos parciales.

De este aludido análisis, se deduce que esta parte de la infortunada y marginada sociedad, se acrecienta con los mayores problemas hacia las viviendas donde habitan, de las que apenas pueden pagar sus alquileres, con las consiguientes amenazas de ser desahuciadas y para la calle (aún con hijos menores o personas mayores de salud muy delicada). En estas situaciones de precariedad absoluta, tienen que aminorar los gastos a bajo mínimos –si los tienen–, eliminando los pagos de agua, electricidad y otros imprescindibles para simplemente subsistir con cierta comodidad. Y estos problemas de carencias monetarias no llegan solos en su apiado, porque a ellas se suman en el mismo hogar, los maltratos hacia la debilidad física de las mujeres –o niños–.

El 42% de los hogares en exclusión social está sustentado por una sola persona que trabaja en precariedad laboral. Y en muchos de los casos, de ninguna entrada salarial, que solo dependen del salario mínimo de la renta no contributiva. Estos son los hechos básicos por los que se genera la doliente pobreza y la exclusión social. Y los hijos, niños y jóvenes, que en ella perviven la heredarán como un hecho normal, por la ausencia de formación educativa y de accesos a los bienes culturales que les sacarían de las míseras miserias en las que subsisten con las mayores amarguras vivenciales.

Esta reprobación social la sufren mayormente las personas jóvenes y los menores de treinta años, y si es fémina –con el agravante de tener muy escasa formación, generalmente–, aún la es más, por la animadversión que tienen los empresarios para su contratación laboral. Y si se le añade que es madre o tiene interés por tener descendencia, lo tiene aún más grave bajo la avara conciencia del capitalista que solo quiere empleados perennes que no les fallen a sus labores cotidianas. Es una forma de pensar anacrónica a los tiempos y que se da de bruces contra los derechos humanos.

Este ignominioso suceder parece que no será en corto plazo, un borrón y cuenta nueva, será un suma y sigue, ni existe un Gobierno que lo subsane o lo corte de raíz. Seguirá siendo un azote por tiempo indefinido que sufre gran parte de la desafortunada población en Canarias y gran parte del Estado. Y con la nueva crisis mundial que se avecina, que no ha sido invitada a la mesa de las clases menos favorecidas, y que ya la estamos palpando de hecho, será otro hándicap para las volubles economías que se ahogan en la malograda indigencia de sus vidas. Este será un eterno problema del cual las clases menos favorecidas de la injusta y egoísta sociedad del capital y del neoliberalismo imperante, jamás podrá estar liberada.

Hace unos pocos días se presentó en Las Palmas de Gran Canaria el análisis anual de la exclusión social en Canarias y en todo el resto del Estado español, el VIII informe Foessa, que fuera presentado por expertos investigadores y por Caritas. En este estudio sociológico se desglosa, de nuevo, el alarmante estado de gran parte de la sociedad canaria que pervive, prácticamente, en la mayor de las miserias posibles. Destaca que un 29% de la clase más depauperada que subsiste en Canarias está al borde de una ignominiosa exclusión social. Canarias ocupa el dolorido lugar de ser la última Autonomía del Estado en exclusión social.

Son, en base a la población de Canarias, 600.000 personas que malviven en nuestras islas. Y de ellas, casi el 16% están próximos a la exclusión severa (siendo la exclusión moderada –según dicho informe– del 13,3% en nuestra región). O sea que, son más de un cuarto del gentío que puebla el Archipiélago, del total de 2.128.000 habitantes que moramos en él. Este apartamiento de la vida normal para gozar del derecho insoslayable de toda persona, en un Estado que es el cuarto de la economía de Europa, a una calidad de vida, consumos responsables y accesos a todos los bienes y servicios prestados por el Estado y la Comunidad canaria, tienen su origen en la carencia de sus economías monetarias.