Hoy quería hablarles de inmigración, a cuenta de varios acontecimientos que se han sucedido esta semana y que, lamentablemente, tienen todos un denominador común: el del uso del fenómeno migratorio como un pretexto para justificar actuaciones insolidarias que deberían hacernos reflexionar a todos sobre si estamos actuando correctamente o si, desde este lado (el nuestro, el europeo, el privilegiado), no estamos siendo profundamente insolidarios y, además, cortos de vista ante el futuro que nos espera.
Esta semana, en Italia, la presidenta Georgia Meloni anunció la declaración del Estado de Emergencia por el fenómeno migratorio, debido al incremento de la llegada de personas por la llamada Ruta Mediterránea. Es la primera vez que Italia recurre a esta medida desde 2011.
El gobierno italiano argumenta que la situación en sus costas es crítica. Según datos del Ministerio del Interior, más de 31.000 migrantes han llegado a Italia desde principios de año, el triple que el año anterior. Para que se hagan una idea, estamos hablando del número de personas que llegó a nuestras costas, las canarias, en el año 2006, durante la denominada crisis de los cayucos. Se da por hecho, además, que el número seguirá aumentando, a medida que mejore el tiempo en primavera y verano, cuando el Mediterráneo es menos peligroso.
A nadie se le escapa que la medida la toma un gobierno que hizo del discurso contra la inmigración un pilar para su victoria electoral. Y junto a ésta se esperan otras iniciativas que dificulten aún más el acceso y la permanencia de los migrantes en el país, u otras que rebajen su protección y sus derechos.
El gesto italiano se ha vendido como una llamada de atención a la Unión Europea, a la que se le pide que reaccione y asuma la responsabilidad compartida en la gestión de la migración, para que toda Europa sea solidaria con los países del sur que reciben las llegadas.
Y ahí es donde entra España y donde, en mi opinión, surgen ahora varios interrogantes que deberíamos resolver: el reto es mayúsculo. Porque somos, junto a Italia, el país que mayor número de migrantes recibe, pero bajo ningún concepto, (y este es mi criterio personal, claramente condicionado por 20 años de experiencia y contacto directo con el fenómeno migratorio), deberíamos imitar las acciones o algunos discursos xenófobos que escuchamos de nuestros vecinos.
Nuestro mensaje, en mi opinión, debería ser claro: Europa necesita una política común basada en la solidaridad, el respeto a los derechos humanos y la cooperación con los países de origen y tránsito. La migración es un fenómeno global que requiere soluciones globales, no medidas unilaterales y excluyentes. No es amenaza: es oportunidad.
Consecuentemente, entenderán ustedes la satisfacción que me produjo escuchar en boca del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, el anuncio de que personalmente haría de la necesidad de culminar el Pacto Europeo sobre las migraciones una de las prioridades de la Presidencia española de la Unión Europea en el segundo semestre de este año.
Le deseo toda la suerte del mundo, porque el nivel de polarización es cada vez mayor y en Europa, lamentablemente, hay varios países y partidos que han hecho del discurso contra la inmigración, que en esencia no es más que el miedo al otro, una bandera que les está siendo muy rentable.
Faltan empatía y solidaridad, algo que he escrito ya en muchas ocasiones. En Canarias sabemos muy bien que el tipo de medidas como las anunciadas por Meloni no tendrá efectos en la llegada de personas a nuestras costas, y sí la cooperación con los países africanos, tanto con los países de origen como de tránsito hacia nuestras costas.
Les voy a mostrar un ejemplo. El drama de la migración en el Atlántico, en la llamada Ruta Canaria, se hizo palpable una vez más a través de un reportaje difundido este jueves 13 de abril en el que la agencia de noticias Associated Press, y en concreto los periodistas Renata Brito y Felipe Dana, han estado trabajando en los dos últimos años.
Si no lo han leído, búsquenlo, porque es excepcional. Es la historia de un cayuco que perdió su rumbo desde Mauritania hacia Canarias, con 43 personas a bordo, y que en mayo de 2021 acabó, dos meses después de haber zarpado, apareciendo al otro lado del Océano Atlántico, en la isla caribeña de Tobago, con una docena de hombres muertos a bordo.
Por el camino, imaginen: desesperación, miedo, hambre, deshidratación, hipotermia... y muerte. El artículo cuenta que, solo en 2021, fueron siete las 'barcas fantasma’ -de las que se tenga constancia- que aparecieron en el Caribe y Brasil con un destino similar al del barco llegado a Tobago. Esto, sin duda, significa que algunas –muchas más, seguramente- acaban hundidas por un temporal cuando están a la deriva.
El Atlántico, recuerden, es un mar con unas condiciones durísimas, y en estos últimos años hemos visto como la desesperación de los que tratan de llegar a Canarias les hace subir a bordo de lanchas neumáticas, casi sin comida ni agua y expuestos al albur de cualquier fallo de motor, pérdida de rumbo o accidente con consecuencias trágicas. Al tratarse de embarcaciones frágiles, en buena parte de casos, no conoceríamos estas desgracias si no fuera por el empeño de organizaciones no gubernamentales que reciben las llamadas de auxilio de ocupantes o familiares, como es el caso de la ONG Caminando Fronteras, que eleva a 4.000 la cifra de personas muertas en la llamada Ruta Canaria de la migración en el año 2021.
Cuatro mil personas -y por favor, no olvidemos este dato- significa que hay cerca de 4.000 familias que desconocen el paradero de los suyos, que viven con la incertidumbre y la vista puesta en el teléfono por si aún queda margen para el milagro que les desvele que su hijo, hermano, padre o madre está vivo, y que logró alcanzar la otra orilla.
El fenómeno de la inmigración requiere de medidas y soluciones que, ante todo, permitan sensibilizar y generar empatía en nuestra sociedad. En España podrían tomarse varios caminos que, con toda seguridad, disgustarían a la señora Meloni y a los que piensan como ella, pero se trata de medidas que en otras ocasiones se han demostrado positivas para nuestra sociedad y, con ello, para nuestra economía.
Recuerdo perfectamente el impacto que tuvo (y el miedo que se generó injustamente al anunciarse), la regularización de extranjeros que autorizó el presidente José Luis Rodríguez Zapatero y ejecutó el ministro Jesús Caldera en 2005. Permitió que unos 600.000 inmigrantes extracomunitarios que se encontraban en España pudiesen trabajar de forma legal. Regularizando su situación administrativa se facilitaba su integración social y se luchaba contra la economía sumergida. El resultado generó cerca de 2.300 millones de euros de ingresos por cotizaciones a la Seguridad Social.
El pasado mes de diciembre se presentaban en el Parlamento español las firmas de más de 600.000 personas apoyando un nuevo proceso de Regularización en forma de Iniciativa Legislativa Popular. Creo que estamos en un momento propicio para tomarnos esto muy en serio y apoyar la medida, ante un mercado de trabajo que lo reclama.
Por muchas presiones que los gobiernos de ultraderecha hagan en Europa, por muchas peticiones que se hagan para endurecer y hacer cada vez más altas las vallas de nuestro continente, debemos pensar en los seres humanos que siguen y seguirán jugándose la vida en la mar, porque éste será un fenómeno que durará muchos años, y con el que tendremos que convivir durante (y no exagero) décadas.
Así que por muchos estados de emergencia que presionen a la UE para endurecer las políticas contra los migrantes, no olvidemos quiénes son las víctimas de todo esto: lo son tanto los que fallecen en el cayuco que llega a Tobago como también lo son, una vez están aquí, todas aquellas personas que, decidimos invisibilizar al negarles la posibilidad de tener papeles, de ganarse la vida y, de paso, de contribuir con su esfuerzo y sus impuestos al país que lo ha acogido.