Los recortes sanitarios de Clavijo

Las políticas de austeridad han golpeado duramente a los servicios públicos en los últimos seis años. La sanidad canaria ha visto como se le sustraían unos 400 millones de euros al presupuesto inicial de cada año. Los recortes han llevado a una relevante reducción de personal médico y de enfermería, al envejecimiento de los equipamientos y al deterioro de las infraestructuras, así como el freno al desarrollo de las instalaciones pendientes. Mientras, se multiplican las críticas de profesionales y usuarios. La sanidad está en crisis, la sufren los pacientes, la denuncian los ciudadanos y la confirman los datos.

Las responsabilidades se reparten entre Madrid y Canarias. Los problemas no se han resuelto con el nuevo Gobierno canario, que realiza políticas continuistas, infrafinanciando al sistema sanitario; y, por tanto, imposibilitando que este pueda abordar sus grandes problemas. Entre ellos, las elevadas listas de espera diagnósticas y quirúrgicas, la saturación de las urgencias o el abordaje del envejecimiento y de la cronicidad de muchos problemas de salud.

Además, en Canarias contamos con un agravante en el período reciente: la guerra abierta por el presidente del Gobierno contra el consejero de Sanidad, un episodio más de los muchos desencuentros que se vienen produciendo en el Ejecutivo que comparten CC y PSOE. Y que, lejos de ayudar a superar los problemas, los dificultan aún más al generar, asimismo, una mayor desconfianza ciudadana hacia uno de los pilares del estado del bienestar.

Clavijo ha descubierto en el mes de agosto que hay crisis en el sistema sanitario. Por desconocimiento o por irresponsabilidad y, sobre todo, por la estrategia de tensión en su Gobierno, ha señalado que con más recursos económicos la sanidad está produciendo peores resultados, poniendo como muestra el incremento de las listas de espera. Es una manera nada sutil de descalificar a su consejero, algo insólito. Cuestionando, de paso, que merezca la pena incrementar las partidas económicas en materia sanitaria. Lo hace el mismo presidente que ya ha calificado de “improductivo” invertir en sanidad.

Con los recortes impuestos por el presidente se mantendrán cerradas camas hospitalarias, se reducirá el personal y se dejarán de realizar numerosas pruebas diagnósticas y de intervenciones quirúrgicas en los hospitales públicos y en los centros concertados, que afectarán a unas 30.000 personas. Aumentando las listas de espera, perjudicando la salud de los pacientes y deteriorando aún más la tensa situación que padecen sus profesionales.

Presupuestos

Lo que sucede en este caso es que se falta a la verdad. Ya señalé durante el debate de los Presupuestos de la Comunidad Canaria para 2016 que el incremento en sanidad era insignificante, por debajo del gasto real del año anterior. Y que no cubriría el mantenimiento ordinario de los servicios ni solventaría los grandes retos del sistema, como así está ocurriendo.

Pero es que, además, no es cierto ese diferencial presupuestario al que alude el presidente. No es cierto que haya un importante aumento de las partidas destinadas a sanidad en 2016 respecto al pasado año. Lo confirma la Cuenta General de Ingresos y Gastos de 2015 de la Intervención General de la Comunidad Autónoma y la ley de presupuestos en vigor.

Sobre la base del primero de los documentos referidos, el presupuesto definitivo del Servicio Canario de Salud el pasado año se elevó hasta los 2.803 millones de euros. Según la ley en vigor, el SCS tiene un presupuesto inicial en 2016 de 2.637 millones de euros, es decir, 166 millones de euros menos que el definitivo del pasado ejercicio. Además, a los 2.803 millones de euros del presupuesto definitivo de 2015 hay que sumarle otros 122 millones de euros de facturas impagadas.

Esta situación se produce porque la sanidad (y, en general, los servicios públicos) no han formado parte de las prioridades de este ni de los anteriores gobiernos. En consecuencia, no han llevado a cabo el imprescindible esfuerzo fiscal y financiero para garantizar las necesidades de este servicio y responder a las razonables demandas de profesionales y ciudadanía.

IGTE

Oportunidades para cambiar esta situación las ha habido desde el comienzo de la legislatura. En primer lugar, en los presupuestos de la comunidad para 2016, como denunciamos en su momento, había posibilidad de lograr más ingresos utilizando la capacidad fiscal que tiene Canarias. No aceptaron ninguna de nuestras enmiendas al respecto. Como tampoco aceptaron las que planteaban destinar el Impuesto General por el Tráfico de Empresas (IGTE) a los servicios públicos y a las infraestructuras. Clavijo prefirió un fantasmal plan de desarrollo, que generó polémica y división, del que, por cierto, no se ha ejecutado ni un solo euro hasta ahora.

Más recientemente, el Gobierno de Clavijo perdió otra oportunidad de colaborar en la superación de la crisis financiera de la sanidad con la aprobación de la ley de crédito extraordinario. A la que presentamos una enmienda a la totalidad, convencidos de que es posible otra política presupuestaria y fiscal.

Cuestionamos que la cantidad del crédito extraordinario se haya limitado a 107,7 millones de euros. En lugar de los 161 millones de euros de gasto que podríamos realizar cumpliendo los nuevos objetivos de estabilidad (déficit y deuda) y cumpliendo la regla de gasto, según se recoge en el propio expediente del proyecto de ley. Propusimos que esos 53,3 millones de euros adicionales se dedicaran a los servicios sanitarios, claramente infra financiados.

La sanidad cohesiona, mejora la calidad de vida, produce equidad. La crisis que padece la sanidad canaria es superable. Revirtiendo la descapitalización padecida estos años. Planificando con rigor, buscando equipos cualificados, optimizando todos los recursos disponibles y contando con más financiación. A eso es a lo que debe dedicarse este Gobierno y no a realizar nuevos recortes que aumentarán significativamente las listas de espera y dañarán gravemente a los usuarios y profesionales de la sanidad canaria.

Las políticas de austeridad han golpeado duramente a los servicios públicos en los últimos seis años. La sanidad canaria ha visto como se le sustraían unos 400 millones de euros al presupuesto inicial de cada año. Los recortes han llevado a una relevante reducción de personal médico y de enfermería, al envejecimiento de los equipamientos y al deterioro de las infraestructuras, así como el freno al desarrollo de las instalaciones pendientes. Mientras, se multiplican las críticas de profesionales y usuarios. La sanidad está en crisis, la sufren los pacientes, la denuncian los ciudadanos y la confirman los datos.

Las responsabilidades se reparten entre Madrid y Canarias. Los problemas no se han resuelto con el nuevo Gobierno canario, que realiza políticas continuistas, infrafinanciando al sistema sanitario; y, por tanto, imposibilitando que este pueda abordar sus grandes problemas. Entre ellos, las elevadas listas de espera diagnósticas y quirúrgicas, la saturación de las urgencias o el abordaje del envejecimiento y de la cronicidad de muchos problemas de salud.