Retorciendo los números

El 26 de mayo del pasado año 2017 se celebró el pleno ordinario en el que se aprobó la liquidación del presupuesto municipal del 2016. En él, el responsable de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, David Gómez, refiriéndose a que el Ayuntamiento no había sobrepasado - por 100.000 euros - el techo de gasto, decía: “Si hubiéramos ejecutado más gastos […] hubiéramos incumplido esa regla fiscal, que es de vital importancia para que el Ayuntamiento […] pueda utilizar el superávit del 2016 en destinos diferentes a la mera amortización de deuda, entre ellos, la posible utilización en inversiones financieramente sostenibles…”.

Lo bueno (o lo malo) de las palabras que se dicen en los plenos municipales es que se graban, y luego se reflejan en el Diario de Sesiones, que es en el que figura la cita anterior, pronunciada hace menos de un año.

Para el ejercicio del 2017, el límite de la regla de gasto era de 273,8 millones de euros. Al Ayuntamiento se le fue la mano y se gastó 305 millones de euros. Esto es, sobrepasó el límite marcado por el Ministerio de Hacienda nada más que en 31 millones de euros. Mientras que el año pasado el cumplimiento era “de vital importancia”, este año, según David Gómez, el incumplimiento era de “carácter coyuntural”. ¡Cómo cambian las cosas en un año!

En cualquier caso, en su informe del 19 del pasado diciembre, la AIReF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal) ya había advertido que Las Palmas de Gran Canaria era una de las seis ciudades mayores de 250.000 habitantes que preveía incumplir la regla de gasto.

Como consecuencia de ese incumplimiento, el Ayuntamiento tiene que confeccionar un Plan Económico Financiero, al que el Ministerio de Hacienda tendrá que dar el visto bueno, y sobre cuyo seguimiento habrá que informar trimestralmente durante los ejercicios 2018 y 2019. ¡Esta vez al Ministerio no le van a meter otro gol! Es la primera vez en la democracia que el Ayuntamiento está bajo el control directo del Ministerio, por haber incumplido la legislación.

Por otro lado, y también referido a lo que se indicaba en el Diario de Sesiones arriba citado, el Ayuntamiento solo pudo utilizar el superávit del año 2016 como “mera amortización de deuda” – en palabras de David Gómez – ya que, como en 2017 no pagaban a los proveedores en los 30 días fijados por el Ministerio de Hacienda, no pudieron utilizar el superávit de 2016 en inversiones financieramente sostenibles. ¡Desde luego David Gómez no se ganaba la vida como pitoniso!

Referente a este último asunto, el utilizar el superávit de 2016 para amortizar deuda bancaria, la responsable del Órgano de Gestión Económico-Financiero municipal, en su informe de fecha 4 de abril de 2018, sobre la liquidación del presupuesto del Ayuntamiento correspondiente al ejercicio 2017, dice al pié de de la Tabla 7: “El superávit del ejercicio 2016 fue destinado, por obligación legal, a amortizar la deuda bancaria a largo plazo con entidades financieras…”.

En los últimos meses, el alcalde ha sacado pecho con respecto a la liquidación de la deuda bancaria del Ayuntamiento en varias declaraciones a los medios, pero nunca ha dicho lo que algunos sabíamos, y es que ha sido obligado por el Ministerio de Hacienda, y que no ha podido utilizar esos fondos en inversiones financieramente sostenibles, que es lo que le hubiera gustado. ¡A la fuerza ahorcan, señor alcalde!

En el pleno del pasado 5 de junio se vio la liquidación del presupuesto del 2017 y se trataron varios parámetros que son muy significativos de cara a la gestión del equipo de gobierno municipal. Uno de ellos fue el nivel de ejecución real del presupuesto, que alcanzó el 82,24%. Esto es, de 390,9 millones de euros se quedaron sin gastar 69,4 millones. Dicho así, el importe que no fueron capaces de gastar los munícipes puede no parecer excesivo, pero si lo vemos en perspectiva, la cosa cambia. En 2014 – gobierno del PP – el porcentaje de ejecución fue del 93,88%. En el 2015 – mitad del año PP y mitad el tripartito – el porcentaje de ejecución fue del 88,81 %. En el 2016 – año completo del tripartito – el porcentaje fue del 85,5%. Y el 2017, se ha bajado hasta el 82,2%. Como diría un amigo periodista, ¡a peor la mejoría!

Otra de las partidas que siempre llaman la atención en la liquidación de los presupuestos municipales, es el grado de ejecución de los gastos en inversiones. El pasado año 2017 se ha batido el record, pero por lo bajo. Me explico. En el año 2014, el grado de ejecución de las inversiones fue de un 77% de las presupuestadas. En el 2015, fue del 54,6%. En el 2016, fue del 56,8% y este último año 2017, el grado de ejecución ha sido del 42,61%. La disculpa que dio el gobierno municipal del tripartito fue que varias partidas – destinadas a inversiones – llegaron en los últimos meses y no se pudieron ejecutar. Es posible que tenga razón, pero los números son los números.

Hay otras cifras que, por más que se intenten retorcer o disimular, no pueden ocultarse. Y me refiero al famoso tema del “gobierno de las personas” que el tripartito ha intentado vender desde el primer día de su gobierno municipal. No han sido capaces de gastar ni el 68% del presupuesto destinado a gasto social – de todas las concejalías – del presupuesto inicial del 2017. Estamos hablando de no gastar más de 3,4 millones de euros, de un total de 10,6 millones de euros, en conceptos como el bono social del agua, o el famoso “IBI social”, que ha resultado nuevamente un fiasco, entre otros.

En definitiva, los números pueden estrujarse, alongarse, estirarse y hasta – a veces – ocultarse, pero cuando aparecen en un documento oficial, informado por el órgano de Gestión Económico-Financiero y por la Intervención, podemos dar las explicaciones “coyunturales” y las mediopensionistas, pero acaban cantando, y con fuerza, alto y claro.