Sanidad pública / sanidad privada

La cuestión no es sanidad pública/sanidad privada, así, en abstracto, sino la de qué papel le corresponde a ambas en el sistema sanitario de un país que aspire a ser una sociedad avanzada.

Que una sociedad disponga, en el marco de la libertad de empresa y de una economía abierta, de un sector empresarial dispuesto a invertir y a gestionar servicios sanitarios es un gran activo, lo mires por donde lo mires.

Pero esa no es tampoco la cuestión. Lo que hay que definir --y esa es una decisión política que corresponde a los representantes de la ciudadanía-- es qué servicios debe gestionar directamente la sanidad pública y, por tanto, cuál debe ser la dimensión y el coste de los centros que integran el sector público, y qué servicios --de los financiados a través de los impuestos de los contribuyentes-- pueden quedar en manos de la gestión privada. La cuestión es, por tanto, el modelo de atención sanitaria, lo suficientemente compleja como para definirla con trazos de brocha gorda. Por tanto, lo que digo a continuación son unas meras reflexiones.

¿Puede y debe Canarias (la 14, de 17 Comunidades Autónomas en renta per cápita) seguir siendo la cuarta en gasto público destinado a conciertos con centros privados y continuar en puestos “de vanguardia” en los rankings de listas de espera?

En mis años al frente del HUC aprendí algunas cosas, probablemente pocas: por ejemplo, que los servicios sanitarios públicos hay que pagarlos los 365 días del año; que una buena parte de ese coste es estructural, sean sus indicadores de ocupación altos o bajos; y, en consecuencia, que una vez puesto en funcionamiento un servicio público no deben destinarse recursos del presupuesto público a concertar esos mismos servicios con la sanidad privada mientras no se esté optimizando la gestión y la rentabilidad social de aquellos. Porque, de lo contrario, se tenderá a duplicar el gasto público sin una justificación razonable.

Tengo que reconocer que algunas vivencias directas sobre cómo han funcionado realmente las relaciones entre la sanidad pública y la privada en Tenerife han condicionado mis opiniones sobre este trascendente asunto: entre ellas, la de cómo se bloqueó durante una década la instalación de la Resonancia Magnética en el HUC para facilitar la instalación y la extraordinaria rentabilidad de una RMN en una clínica privada. Y esta no era una cuestión meramente asistencial, sino del avance tecnológico e investigador de un centro hospitalario público que entonces era líder en el Archipiélago.

Otra, mucho más a la vista del público, fue la de cómo los sucesivos gobiernos de Coalición Canaria retardaron la construcción de los hospitales comarcales del Sur y del Norte de Tenerife, ampliamente demandados por los ciudadanos, intentándolo todo: hasta darle la vuelta como un calcetín a las iniciativas legislativas tomadas en consideración por el Parlamento, para intentar que donde decía hospitales dijera, más o menos, centros socio sanitarios.

Y la otra, entre muchas más, fue la información que me dio un muy alto dirigente político: “No ha sido posible construir en Tenerife un hospital público con perspectiva de futuro, equivalente al Hospital Juan Negrín de Las Palmas”. Sin comentarios.

Ah, ¡se me olvidaba! Los episodios, que todos contemplamos en vivo y en directo, que culminaron con el asedio al consejero Morera, la prematura ruptura del Gobierno CC/PSOE en la pasada legislatura y la traca final (como en las Fiestas del Cristo), de pura arrechura clavijista, de poner al frente de la Consejería a un eminente representante de la patronal sanitaria desbordaron mi capacidad de asombro.

Si la definición del papel que le corresponde a la sanidad pública y a la privada financiada con fondos públicos es clave, la cuestión de quién o quiénes (personas, equipos, partidos políticos) dirigen la política sanitaria y cuáles puedan ser sus compromisos y condicionantes define el perfil de un gobierno. Más, mucho más que los grandes discursos o las grandes proclamaciones ideológicas.

Y una vez definido el papel que corresponda a la sanidad privada concertada, elegir bien a los responsables de supervisar el cumplimiento en cantidad y calidad de los servicios concertados es también crucial. En fin, se trata de acertar en la respuesta a la vieja cuestión de quis custodiat custodiem, quién vigila al vigilante.

Aunque en este terreno no hay fórmulas matemáticas, creo que una inmensa mayoría estará de acuerdo en definir una “zona de certeza negativa”: en todas esas decisiones no debe subordinarse nunca el interés público a los intereses (muy legítimos, pero particulares) de la sanidad privada. Dicho de otra manera: que las empresas sanitarias privadas no jueguen con las cartas marcadas cuando se deciden las prioridades de la política y a qué se destina el dinero de los contribuyentes.

Porque si el sector sanitario privado ejerce una influencia desmedida en la designación de los responsables de la política sanitaria, los equipos de dirección o de los que tienen la delicada función de verificar el cumplimiento de los conciertos, todo lo demás (elecciones, programas de investidura…) corre el riesgo de ser meras paroles, paroles, paroles…que dirían los haitianos. Y la buena gestión del dinero de los contribuyentes y, lo que es más importante, los derechos de la ciudadanía a la asistencia sanitaria de calidad y en condiciones de igualdad no están suficientemente garantizados.

Me cuento entre los ciudadanos que creen que en el sistema de salud de una sociedad deben jugar un papel fundamental los servicios gestionados directamente por las Administraciones Públicas y un papel complementario los centros privados concertados. Es una opción legítima. Y mi razón última, más que relacionada con el interminable debate sobre la eficiencia en la gestión, lo está con la igualdad en el acceso al sistema sanitario, que creo más asegurada con ese modelo. Y, por tanto, con la efectividad del derecho de todos a la salud, que en estos tiempos es dramática.

En estos últimos días, en conversaciones con amigos y responsables políticos, les he comentado que en la realidad social y en la política no es fácil distinguir entre las apariencias y la realidad. Excepto cuando muchas apariencias apuntan en la misma dirección.

Y que si se trataba de cesar a una consejera, que ha intentado desempeñar lo mejor posible la complicada misión que le encargaron -- decisión que correspondía en exclusiva al presidente del gobierno-- la cuestión era “por quién”; y si se trataba de reforzar el equipo de gestión de la crisis del coronavirus, la pregunta era “con quién”. Esas conversaciones ya son pasado; pero las preguntas, no.

La cuestión no es sanidad pública/sanidad privada, así, en abstracto, sino la de qué papel le corresponde a ambas en el sistema sanitario de un país que aspire a ser una sociedad avanzada.

Que una sociedad disponga, en el marco de la libertad de empresa y de una economía abierta, de un sector empresarial dispuesto a invertir y a gestionar servicios sanitarios es un gran activo, lo mires por donde lo mires.