Transparencia: CV y vida laboral previa en cargos públicos

La Ley Orgánica de Protección de Datos personales, defiende la privacidad del individuo y protege su intimidad. Pero así como la Ley de Transparencia libera de secretismo el movimiento del dinero público, porque el derecho del ciudadano al conocimiento de su manejo es superior a la reserva de quienes lo gestionan, a fin de controlar posibles malversaciones, también los electores deben saber qué condiciones laborales, académicas y profesionales aportan en su bagaje formativo los candidatos a ocupar un puesto de responsabilidad.

Del mismo modo que la obligatoriedad de presentar declaración de bienes y patrimonio previa a la asunción de un cargo público, para poder comprobar que al cese nadie se haya forrado indebidamente, también sería importante la aportación documental del historial como educando y formación humanística, que indiquen la competencia del aspirante para administrar recursos públicos con la capacitación suficiente en determinada área de gestión.  

Claro que esta presentación curricular no debe ser objeto de propaganda electoralista, inflada y engañosa para aparentar lo que no se es, con falsificación de masters, titulaciones ficticias o el recurrente “cursó estudios de… en la Universidad de…” pero sin rematar la carrera. Datos abstractos como “nivel de inglés, alto” que convierten el documento en auténtico fraude.

Ni siquiera como declaraciones juradas serían fiables la de bienes y patrimonio ni la de vida laboral contada por el candidato. Porque hecha la ley hecha la trampa…, y en política mucho más. Para la primera existen los testaferros y el nepotismo organizado que dan forma a la corrupción. Con la otra, aunque no siempre, es como ofrecer un perfil falso en las redes sociales con fines poco confesables; en este caso, mentir para pillar cacho en forma de poltrona bien pagada.

Aunque este uso de documentación promocional individualizada parece ser de consumo interno para los organigramas de los respectivos partidos, y utilizada en los medios como publicidad engañosa, debiera ser de implantación oficial en la estructura electoral, de modo que cada aspirante, tanto en listas abiertas como cerradas, presentara la vida laboral veraz, previa a su irrupción en política con datos fehacientes, respaldados por los certificados correspondientes y en documento compulsado oficialmente para erradicar la picaresca habitual.

El beneficio fundamental, sin incurrir en la tecnocracia, estaría en adecuar las capacidades de cada gestor al cometido de su cargo. Lo que supondría un sustancioso ahorro en asesores y personal de confianza que habitualmente cubren las carencias del titular inútil por falta de conocimiento especializado, o específico de su función. El despilfarro es este sentido es brutal, en un país y en una situación de precariedad que obliga a racionalizar los recursos públicos.

Un punto y aparte en este contexto son los políticos “profesionales”. Aquellos que en su día entraron en las juventudes de un partido y han ido ascendiendo hasta llegar a ocupar los cargos más importantes sin haber trabajado nunca en otra cosa. Lo que presenta serios problemas. Si la política es una actividad con la característica de eventual servicio al pueblo, no puede ser una profesión, como tampoco cabe en un sindicalista, un cofrade nazareno o el directivo de un club de fútbol. Es imprescindible un background profesional previo a la incorporación política, donde pueda volver una vez cumplido su compromiso. Lo que no significa que el político vocacional deje de serlo de por vida, aunque no ocupe cargos mientras alterna con la actividad que corresponde a su profesión real.

El riesgo de que un político sin alternativa laboral, cuando termina un ciclo que lo deja sin poltrona y se queda de repente sin su único modus vivendi, está en su desespero por recuperar a toda costa el estatus perdido, porque le va la vida. Suele suceder que sus facultades para la intriga palaciega sean muy superiores a la baja calidad de su gobernanza. Lo que representa un riesgo para los receptores de un servicio público, que puede dejar de serlo por otros intereses individuales de muy baja estofa.

Ejemplos de unos y otros tenemos a tutiplén. Es por lo que consideramos saludable proponer sugerencias que limiten los desmanes a que nos vemos sometidos los ciudadanos normales. Bueno sería que se sistematizara la presentación de un CV veraz y compulsado de todas las personas con aspiraciones políticas, antes de ser aceptadas en la cosa pública. Se evitaría el intrusismo y aumentaría la calidad del servicio al pueblo.

¡Ah!... y mandato máximo de ocho años en cualquier cargo.