El Tratado de Lisboa

Los cambios cosméticos incluyen la renuncia a la simbología europea (del patriotismo continental apenas quedará el euro), algunos aspectos de la arquitectura institucional para agilizarla, el sistema de votación, eliminar el derecho de veto en diversas áreas y prestigiar algunas instituciones como la presidencia de la UE y la jefatura de la política exterior. Curioso, nadie explica cómo darle lustre a la política exterior, si la Unión tuviera alguna, manteniendo el derecho de veto en este tema o en la política presupuestaria, la fiscal y la social, que seguirán exigiendo unanimidad.

La Carta de Derechos Fundamentales nace disminuida, además de las excepciones para el Reino Unido y Polonia que de ninguna manera tendrán la obligación de respetarla. Sin darle demasiadas vueltas, una conclusión parece evidente. Estamos ante nuevos pactos intergubernamentales, pero muy alejados de un proyecto para fortalecer la UE como una Europa de los ciudadanos. Tampoco surge del Tratado de Lisboa un fortalecimiento de las instituciones democráticas comunes.

Escribe Ramón Fernández Durán: “El nuevo Tratado sigue abriendo la puerta a la privatización total de la sanidad, la educación, el agua y las pensiones, sometiéndolos a la lógica del mercado y la competencia (?). Los social es una opción en regresión, pero la competencia es una obligación, la desregulación y precariedad laboral una exigencia, y la libertad de movimientos del dinero algo intocable”. Lo sustancial de la Constitución impugnada por los franceses, una de sus principales razones, fue esta orientación neoliberal que pone en peligro los restos del viejo modelo social europeo, ahora acosado por el otro modelo, el de los gringos. Y todo ello en nombre de mejorar la competencia de las grandes empresas europeas (sueño de Nicolas Sarkoy) frente a las estadounidenses y la posibilidad de ganarle espacios en otros rincones neocoloniales de este mundo globalizado.

Habrá tiempo para la discusión cuando el Congreso vote este fraude. En mi opinión, además, los gobiernos de España y del resto de Europa carecen de legitimidad para arrebatar a los ciudadanos el derecho a votar en referéndum sobre esta caricatura de una Constitución abortada por la voluntad popular. Es mucho lo que está en juego de cara al futuro. Imagino los argumentos de los diputados: los españoles ya se pronunciaron. Feo argumento y poco democrático. Primero, se trata de otro texto. Segundo, sólo tres de cada diez españoles votaron a favor, a pesar de la grosera campaña desplegada por personajes y personajillos con aquel lema de “más Europa” cuando lo que se discutía era “qué Europa” queremos. Tercero, seguramente en esta ocasión sí asistiríamos a un debate decente porque el voto francés y holandés hizo reflexionar a gente que quizá tomara el asunto con alguna ligereza. Por último, lo más conveniente desde el punto de vista de la construcción europea sería que el referéndum tuviera lugar en todos los países y simultáneamente. Comprendo que los padres del invento no tengan la menor intención de convocar una consulta democrática. Podrían perder otra vez. Ellos trabajan para la Europa de los mercaderes y los especuladores, no la de los ciudadanos y los trabajadores.

Rafael Morales

Los cambios cosméticos incluyen la renuncia a la simbología europea (del patriotismo continental apenas quedará el euro), algunos aspectos de la arquitectura institucional para agilizarla, el sistema de votación, eliminar el derecho de veto en diversas áreas y prestigiar algunas instituciones como la presidencia de la UE y la jefatura de la política exterior. Curioso, nadie explica cómo darle lustre a la política exterior, si la Unión tuviera alguna, manteniendo el derecho de veto en este tema o en la política presupuestaria, la fiscal y la social, que seguirán exigiendo unanimidad.

La Carta de Derechos Fundamentales nace disminuida, además de las excepciones para el Reino Unido y Polonia que de ninguna manera tendrán la obligación de respetarla. Sin darle demasiadas vueltas, una conclusión parece evidente. Estamos ante nuevos pactos intergubernamentales, pero muy alejados de un proyecto para fortalecer la UE como una Europa de los ciudadanos. Tampoco surge del Tratado de Lisboa un fortalecimiento de las instituciones democráticas comunes.