Coalición Canaria ha decidido que ya ha llegado el momento de desplegar todas las malas artes del catálogo Fernando Clavijo. Los terreros serán la televisión pública de Canarias y el caso Reparos. En el primer caso, la consigna es dañar la imagen y dinamitar la recuperación que están experimentando los dos medios de titularidad pública, así como hacer saltar por los aires al periódico Canarias7. En cuanto al caso Reparos, se trata de hacerlo pasar por una conspiración política antes de que la jueza pueda mandar al Tribunal Supremo una exposición razonada contra Fernando Clavijo que vuelva a colocar al magistrado Manuel Marchena en posición de pino-puente con doble tirabuzón carpado y mortal hacia atrás.
Para tales empresas, Clavijo se ha hecho con los servicios de dos expertos, cada uno en lo suyo. Para la Televisión Canaria y su presunta política audiovisual ha decidido contar con Francisco Pomares, al que Coalición Canaria ha propuesto como vocal de la junta de control del ente público RTVC, puesto que lleva más de una semana ejerciendo desde sus columnas de opinión en los diarios y radios clavijistas en una constatación evidente de cuál va a ser exactamente su cometido.
Para desmontar el caso Reparos, el elegido es el exconcejal socialista de La Laguna Javier Abreu, que se prestó muy desesperadamente a ejercer de testigo protegido de una suerte de conspiración según la cual el denunciante de la trama de corrupción de Coalición Canaria en aquella ciudad estaría intentando -fíjate tú- demostrar que sus denuncias tienen fundamento suficiente como para que el exalcalde y expresidente del Gobierno se siente ante un tribunal a responder por sus andanzas laguneras.
De los dos, es evidente, el más inteligente es Paco Pomares, al que sin embargo se le ha notado esta última semana una pizca de pérdida de control sobre la situación tras leer en el Diario de Avisos y en Canarias7 (luego en Canarias Ahora) que presuntamente falsificó la documentación que presentó en la Universidad de La Laguna para acceder a una plaza de profesor en la Facultad de Periodismo. Pomares ha utilizado su columna en El Día y en La Provincia y el altavoz que le proporciona la Cadena Ser cada mañana para defenderse, sin que hasta ahora hayamos podido escuchar de su boca o leer bajo su firma si es cierto o no es cierto que trabajó en una productora como asesor, tal y como certifican unos documentos que la empresa emisora dice que han sido falsificados. Lo chungo es que la empresa emisora de tales certificados, vinculada al Diario de Avisos, o sea fuente directa del periódico que publicó el caso, sostiene muy seriamente que los documentos han sido falsificados sencillamente porque Pomares jamás trabajó para ella.
El ofendido articulista y, de momento, profesor universitario en lo que la ULL resuelve el expediente informativo abierto, achaca la publicación de esa noticia a su conocida postura de propiciar una radio y una televisión autonómicas que cambien su actual modelo mixto de explotación (público-privado) por uno netamente público, algo que desde luego Coalición Canaria, el partido que lo propone para tales designios, jamás hizo en los veintipico años de coexistencia en el Gobierno y en el control del ente público.
La explicación de este repentino fervor por el modelo público hay que encontrarla en la obsesión de Fernando Clavijo por “cerrar” Canarias7, el periódico que a su vez es accionista principal de la productora Videoreport Canarias, una de las que opera para TVC y la que ganó hace unos años el primer concurso de informativos y de continuidad de la cadena. En el cuatrienio negro de Clavijo, con un viceconsejero de Comunicación, José Luis Méndez, obsesionado también por cerrar los medios de comunicación desafectos, el Gobierno intentó mangonear lo indecible para arrebatar ese contrato a Videoreport Canarias, pero la chapuza fue de tal calibre que la misma empresa resultó siendo la ganadora del correspondiente concurso por ineptitud manifiesta de la que tenía todos los números de la rifa para alcanzarlo, la productora en la que, mira tú qué cosas, se integraban Prensa Canarias y el Grupo Prisa, es decir, La Provincia, El Día y la Cadena Ser en Canarias, para los que trabaja como columnista y consejero aúlico Paco Pomares.
Pero como la instrucción fue no adjudicar ese concurso a Canarias7, los lumbreras del Gobierno hicieron que el director general de RTVC, a la sazón Santiago Negrín, cometiera uno de los atropellos jurídicos más escandalosos de la última década a este lado del río Pecos: no adjudicar el concurso, traspasar al ente público los 250 trabajadores de Videoreport que prestaban el servicio objeto del concurso y alquilar a esa empresa las instalaciones y los equipos para que fuera TVC quien apareciera como prestataria del servicio. Videoreport vio los cielos abiertos: a cambio de perder el contrato, que ya estaba vencido, se quitaba de encima a toda su plantilla de Informativos, se ahorraba una millonada en liquidaciones y encima se quedaba percibiendo una buena pasta en alquileres. Lo que Clavijo y Méndez le quisieron quitar con el concurso abortado se lo daban en forma de alquileres y sin correr el más mínimo riesgo.
Los trabajadores, por su parte, quedaban en un limbo jurídico que todavía está pendiente de resolverse; las instalaciones y los equipos siguen a día de hoy alquilándoseles a Videoreport al menos hasta el próximo mes, cuando vence el contrato y se supone que debe convocarse un nuevo concurso al que seguro que esa productora se presentará con muchas posibilidades de ganarlo porque, al fin y el cabo, es la que tiene las mejores instalaciones, operativas, y solvencia suficiente para presentar una buena oferta. Y es ahí donde entra en juego el periodista Paco Pomares, que desde dentro de la junta de control de RTVC habrá de velar por que el concurso no lo pueda ganar la productora a la que está vinculado Canarias7. Lo dice en sus artículos tan descaradamente que hasta es de agradecer, porque nos ahorra elucubraciones y contorsiones mentales.
La consigna es que todo sea público, de modo y manera que Videreport no obtenga negocio de la tele y, en consecuencia, que a la empresa editora de Canarias7 no lleguen beneficios de su inversión en la productora, y que, finalmente, se arrodille ante Coalición Canaria para que el régimen vuelva a ser el que fue. Del decálogo de Clavijo, punto 1.
4.000 euros para que hable Javier Abreu
El otro frente en el que andan embarcados los sicarios de Fernando Clavijo es el del caso Reparos. El expresidente y su abogado, el prestigioso exmagistrado de la Audiencia Nacional José Antonio Choclán, no quieren volver a probar suerte en el Tribunal Supremo, donde el verano pasado consiguieron un estupendo archivo del caso Grúas. Un caso cerrado luego en falso en los juzgados de Tenerife por una jueza que confundió a Clavijo con todos los demás imputados y pim-pam-pum, ya se sabe. La Audiencia Provincial la ha obligado a reabrirlo y a ver qué pasa.
Pero el caso Reparos viene más envenenado, y los denunciantes saben perfectamente qué deben hacer para que la jueza instructora no cometa los mismos errores que cometió la del caso Grúas, que mandó la causa al Supremo antes incluso de terminar de instruir en su juzgado. Una fatalidad.
Además de las acciones puramente procesales, la estrategia de Coalición Canaria pasa hace un tiempo por descalificar a los denunciantes, los partidos de izquierdas en el Ayuntamiento de La Laguna, y muy particularmente a Santiago Pérez, reintegrado recientemente al PSOE, al que persigue CC por tierra, mar y aire con el fin de que la sociedad y los jueces y juezas crean que el corrupto es él.
Todo vale en esa estrategia grotesca. Incluso aprovecharse de personas que atraviesan serias penurias económicas, como es el caso del exconcejal socialista lagunero Javier Abreu, imputado también en el caso Reparos (fue socio de Clavijo en el gobierno municipal de la ciudad) y convertido ahora en una suerte de testigo protegido por haber declarado públicamente que Santiago Pérez lo presionó para que en su declaración como imputado cargara las tintas contra Clavijo, como si eso fuera necesario en una causa en la que Abreu aparece con tres expedientes presuntamente delictivos y el expresidente, con un centenar. En fin.
El caso es que a Abreu hay que echarle de comer. Está en el paro y con graves dificultades económicas, según ha declarado él mismo en sede judicial. Así que a Coalición Canaria no se le ha ocurrido mejor idea que intentar contratar para él un espacio en una televisión local de Tenerife para que dé rienda suelta a su verbo florido: “Dile a Santiago Pérez que se vaya a la puta de su madre”, dijo ante el juez que le dijo a un supuesto emisario aún sin identificar.
El que se ha encargado de pedir presupuestos a las teles locales tinerfeñas para encontrarle un espacio para esa libertad de expresión a Javier Abreu no ha sido otro que el nuevo responsable de política audiovisual de Coalición Canaria, Francisco Pomares, quien de momento no ha conseguido su propósito. Y eso que prometía la nada despreciable cantidad de 4.000 euros por programa, incluyendo los emolumentos del telepredicador.
Abreu ha hecho el ridículo en el juzgado de César Romero Pamparacuatro, donde se investigan las supuestas amenazas o presiones que sufrió antes de su declaración en el caso Reparos. En primer lugar, sigue sin aparecer el famoso pen-drive en el que él dice que tiene grabadas a las personas que lo coaccionaron, aquel famoso pen-drive que seguramente fue borrado para guardar una película guarra. A cambio, Abreu le presentó al juez Pamparacuatro una relación de llamadas datadas el mes de julio de 2020, cuatro meses antes de su declaración ante la jueza del caso Reparos, entre las cuales estarían las de las personas que lo presionaron.
Lo malo es que, por lo que se va sabiendo, esos teléfonos aparecen en su registro de comunicaciones porque fue él quien los marcó. Es decir, que las personas que lo llamaron para presionarlo en realidad fueron llamadas por él porque, como ha reconocido ante el juez, eran entonces sus amigos. En los próximos días habrá suculentas novedades porque la instrucción está demostrando el montaje, de lo que seguramente no darán cumplida cuenta los periódicos del clavijato porque se rompería el hechizo.
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Rectificación de Francisco Pomares
Francisco Pomares Rodríguez ha remitido a este periódico una “reclamación de rectificación de hechos inexactos y perjudiciales” que reproducimos íntegramente a continuación:
“En la edición del día 8 de mayo de 2021, y en versión digital y redes sociales, se ha publicado: ”Un comisario y un testigo protegido para Coalición Canaria“, con el subtítulo ”El partido de Fernando Clavijo busca -por la vía de un intermediario- un programa de televisión local en el que su testigo protegido contra el denunciante del caso Reparos pueda dar rienda suelta a su imaginación, la que ya ha detectado el juez Pamparacuatro“.
Y el siguiente contenido literal:
Coalición Canaria ha decidido que ya ha llegado el momento de desplegar todas las malas artes del catálogo Fernando Clavijo. Los terreros serán la televisión pública de Canarias y el caso Reparos. En el primer caso, la consigna es dañar la imagen y dinamitar la recuperación que están experimentando los dos medios de titularidad pública, así como hacer saltar por los aires al periódico Canarias7. En cuanto al caso Reparos, se trata de hacerlo pasar por una conspiración política antes de que la jueza pueda mandar al Tribunal Supremo una exposición razonada contra Fernando Clavijo que vuelva a colocar al magistrado Manuel Marchena en posición de pino-puente con doble tirabuzón carpado y mortal hacia atrás.
Para tales empresas, Clavijo se ha hecho con los servicios de dos expertos, cada uno en lo suyo. Para la Televisión Canaria y su presunta política audiovisual ha decidido contar con Francisco Pomares, al que Coalición Canaria ha propuesto como vocal de la junta de control del ente público RTVC, puesto que lleva más de una semana ejerciendo desde sus columnas de opinión en los diarios y radios clavijistas en una constatación evidente de cuál va a ser exactamente su cometido.
Para desmontar el caso Reparos, el elegido es el exconcejal socialista de La Laguna Javier Abreu, que se prestó muy desesperadamente a ejercer de testigo protegido de una suerte de conspiración según la cual el denunciante de la trama de corrupción de Coalición Canaria en aquella ciudad estaría intentando -fíjate tú- demostrar que sus denuncias tienen fundamento suficiente como para que el exalcalde y expresidente del Gobierno se siente ante un tribunal a responder por sus andanzas laguneras.
De los dos, es evidente, el más inteligente es Paco Pomares, al que sin embargo se le ha notado esta última semana una pizca de pérdida de control sobre la situación tras leer en el Diario de Avisos y en Canarias7 (luego en Canarias Ahora) que presuntamente falsificó la documentación que presentó en la Universidad de La Laguna para acceder a una plaza de profesor en la Facultad de Periodismo. Pomares ha utilizado su columna en El Día y en La Provincia y el altavoz que le proporciona la Cadena Ser cada mañana para defenderse, sin que hasta ahora hayamos podido escuchar de su boca o leer bajo su firma si es cierto o no es cierto que trabajó en una productora como asesor, tal y como certifican unos documentos que la empresa emisora dice que han sido falsificados. Lo chungo es que la empresa emisora de tales certificados, vinculada al Diario de Avisos, o sea fuente directa del periódico que publicó el caso, sostiene muy seriamente que los documentos han sido falsificados sencillamente porque Pomares jamás trabajó para ella.
El ofendido articulista y, de momento, profesor universitario en lo que la ULL resuelve el expediente informativo abierto, achaca la publicación de esa noticia a su conocida postura de propiciar una radio y una televisión autonómicas que cambien su actual modelo mixto de explotación (público-privado) por uno netamente público, algo que desde luego Coalición Canaria, el partido que lo propone para tales designios, jamás hizo en los veintipico años de coexistencia en el Gobierno y en el control del ente público.
La explicación de este repentino fervor por el modelo público hay que encontrarla en la obsesión de Fernando Clavijo por “cerrar” Canarias7, el periódico que a su vez es accionista principal de la productora Videoreport Canarias, una de las que opera para TVC y la que ganó hace unos años el primer concurso de informativos y de continuidad de la cadena. En el cuatrienio negro de Clavijo, con un viceconsejero de Comunicación, José Luis Méndez, obsesionado también por cerrar los medios de comunicación desafectos, el Gobierno intentó mangonear lo indecible para arrebatar ese contrato a Videoreport Canarias, pero la chapuza fue de tal calibre que la misma empresa resultó siendo la ganadora del correspondiente concurso por ineptitud manifiesta de la que tenía todos los números de la rifa para alcanzarlo, la productora en la que, mira tú qué cosas, se integraban Prensa Canarias y el Grupo Prisa, es decir, La Provincia, El Día y la Cadena Ser en Canarias, para los que trabaja como columnista y consejero aúlico Paco Pomares.
Pero como la instrucción fue no adjudicar ese concurso a Canarias7, los lumbreras del Gobierno hicieron que el director general de RTVC, a la sazón Santiago Negrín, cometiera uno de los atropellos jurídicos más escandalosos de la última década a este lado del río Pecos: no adjudicar el concurso, traspasar al ente público los 250 trabajadores de Videoreport que prestaban el servicio objeto del concurso y alquilar a esa empresa las instalaciones y los equipos para que fuera TVC quien apareciera como prestataria del servicio. Videoreport vio los cielos abiertos: a cambio de perder el contrato, que ya estaba vencido, se quitaba de encima a toda su plantilla de Informativos, se ahorraba una millonada en liquidaciones y encima se quedaba percibiendo una buena pasta en alquileres. Lo que Clavijo y Méndez le quisieron quitar con el concurso abortado se lo daban en forma de alquileres y sin correr el más mínimo riesgo.
Los trabajadores, por su parte, quedaban en un limbo jurídico que todavía está pendiente de resolverse; las instalaciones y los equipos siguen a día de hoy alquilándoseles a Videoreport al menos hasta el próximo mes, cuando vence el contrato y se supone que debe convocarse un nuevo concurso al que seguro que esa productora se presentará con muchas posibilidades de ganarlo porque, al fin y el cabo, es la que tiene las mejores instalaciones, operativas, y solvencia suficiente para presentar una buena oferta. Y es ahí donde entra en juego el periodista Paco Pomares, que desde dentro de la junta de control de RTVC habrá de velar por que el concurso no lo pueda ganar la productora a la que está vinculado Canarias7. Lo dice en sus artículos tan descaradamente que hasta es de agradecer, porque nos ahorra elucubraciones y contorsiones mentales.
La consigna es que todo sea público, de modo y manera que Videreport no obtenga negocio de la tele y, en consecuencia, que a la empresa editora de Canarias7 no lleguen beneficios de su inversión en la productora, y que, finalmente, se arrodille ante Coalición Canaria para que el régimen vuelva a ser el que fue. Del decálogo de Clavijo, punto 1.
4.000 euros para que hable Javier Abreu
El otro frente en el que andan embarcados los sicarios de Fernando Clavijo es el del caso Reparos. El expresidente y su abogado, el prestigioso exmagistrado de la Audiencia Nacional José Antonio Choclán, no quieren volver a probar suerte en el Tribunal Supremo, donde el verano pasado consiguieron un estupendo archivo del caso Grúas. Un caso cerrado luego en falso en los juzgados de Tenerife por una jueza que confundió a Clavijo con todos los demás imputados y pim-pam-pum, ya se sabe. La Audiencia Provincial la ha obligado a reabrirlo y a ver qué pasa.
Pero el caso Reparos viene más envenenado, y los denunciantes saben perfectamente qué deben hacer para que la jueza instructora no cometa los mismos errores que cometió la del caso Grúas, que mandó la causa al Supremo antes incluso de terminar de instruir en su juzgado. Una fatalidad.
Además de las acciones puramente procesales, la estrategia de Coalición Canaria pasa hace un tiempo por descalificar a los denunciantes, los partidos de izquierdas en el Ayuntamiento de La Laguna, y muy particularmente a Santiago Pérez, reintegrado recientemente al PSOE, al que persigue CC por tierra, mar y aire con el fin de que la sociedad y los jueces y juezas crean que el corrupto es él.
Todo vale en esa estrategia grotesca. Incluso aprovecharse de personas que atraviesan serias penurias económicas, como es el caso del exconcejal socialista lagunero Javier Abreu, imputado también en el caso Reparos (fue socio de Clavijo en el gobierno municipal de la ciudad) y convertido ahora en una suerte de testigo protegido por haber declarado públicamente que Santiago Pérez lo presionó para que en su declaración como imputado cargara las tintas contra Clavijo, como si eso fuera necesario en una causa en la que Abreu aparece con tres expedientes presuntamente delictivos y el expresidente, con un centenar. En fin.
El caso es que a Abreu hay que echarle de comer. Está en el paro y con graves dificultades económicas, según ha declarado él mismo en sede judicial. Así que a Coalición Canaria no se le ha ocurrido mejor idea que intentar contratar para él un espacio en una televisión local de Tenerife para que dé rienda suelta a su verbo florido: “Dile a Santiago Pérez que se vaya a la puta de su madre”, dijo ante el juez que le dijo a un supuesto emisario aún sin identificar.
El que se ha encargado de pedir presupuestos a las teles locales tinerfeñas para encontrarle un espacio para esa libertad de expresión a Javier Abreu no ha sido otro que el nuevo responsable de política audiovisual de Coalición Canaria, Francisco Pomares, quien de momento no ha conseguido su propósito. Y eso que prometía la nada despreciable cantidad de 4.000 euros por programa, incluyendo los emolumentos del telepredicador.
Abreu ha hecho el ridículo en el juzgado de César Romero Pamparacuatro, donde se investigan las supuestas amenazas o presiones que sufrió antes de su declaración en el caso Reparos. En primer lugar, sigue sin aparecer el famoso pen-drive en el que él dice que tiene grabadas a las personas que lo coaccionaron, aquel famoso pen-drive que seguramente fue borrado para guardar una película guarra. A cambio, Abreu le presentó al juez Pamparacuatro una relación de llamadas datadas el mes de julio de 2020, cuatro meses antes de su declaración ante la jueza del caso Reparos, entre las cuales estarían las de las personas que lo presionaron.
Lo malo es que, por lo que se va sabiendo, esos teléfonos aparecen en su registro de comunicaciones porque fue él quien los marcó. Es decir, que las personas que lo llamaron para presionarlo en realidad fueron llamadas por él porque, como ha reconocido ante el juez, eran entonces sus amigos. En los próximos días habrá suculentas novedades porque la instrucción está demostrando el montaje, de lo que seguramente no darán cumplida cuenta los periódicos del clavijato porque se rompería el hechizo.
“Todo lo publicado que hace referencia a mi persona es radicalmente falso, por lo que esta divulgación de falsedades me ha causado importantes perjuicios. Por ello, por medio de la presente reclamación, le insto a que dentro de los 3 días siguientes a su recepción, retire todo lo publicado y difunda, íntegramente, con igual relevancia a la que se ha publicado y difundido, sin comentarios ni apostillas, la siguiente rectificación:
Título: Pomares no falsificó la documentación que presentó en la Universidad de La Laguna para acceder a una plaza de profesor en la Facultad de Periodismo. Es también falso que Pomares haya negociado con una televisión la contratación de ningún programa para Javier Abreu.
Igualmente, debe publicarse que:
La información publicada por elDiario.es el 8 de mayo de 2021 pretende insistir en la idea de que el profesor Pomares ha falseado información a la Universidad de La Laguna, en la presentación de su currículo, algo que es completamente falso. la rectora de la Universidad de La Laguna, Rosa Aguilar, ha comunicado el informe del servicio de inspección de la Universidad de La Laguna que ratifica la plena legalidad de la contratación del periodista Francisco Pomares para cubrir una plaza de profesor asociado en la Facultad de Periodismo. La inspección de la ULL constata que Pomares logró puntuación notablemente destacada entre los aspirantes al puesto, sin necesidad de tener en cuenta los dos certificados laborales que lo acusan de haber falsificado. Dos certificados que una perito grafóloga ya ha confirmado como auténticos. El informe de la ULL desmonta las acusaciones vertidas contra el periodista y difundidas por elDiario.es y desmonta las excusas de Podemos y Nueva Canarias para oponerse al nombramiento de Pomares como miembro de la Junta de Control de la Radiotelevisión Canaria.
Igualmente debe añadirse:
Pomares considera que las falsas informaciones en las que se le acusa de falsificar certificados para conseguir un puesto en la Universidad, inventadas por el propietario del Diario de Avisos, Lucas Fernández, son fruto de una campaña organizada por un grupo de proveedores de instalaciones, servicios o producciones a la radio televisión canaria -el propio Lucas Fernández, propietario del Diario de Avisos, Juan Francisco García, propietario del Canarias 7 y Carlos Sosa, propietario del digital Canarias Ahora- porque es el único de los profesionales propuestos por los distintos grupos de la Cámara autonómica que apuesta por una gestión cien por cien pública del en
Por último debe incluirse:
Es también radicalmente falso lo publicado en un artículo firmado por Carlos Sosa indicando que Pomares se ha encargado de pedir presupuestos a las televisiones locales tinerfeñas para buscar un espacio televisivo a Javier Abreu, al igual que es radicalmente falso que haya prometido a nadie la cantidad de 4.000 euros por programa, incluyendo los emolumentos de Javier Abreu. Es del mismo modo radicalmente falso que Pomarews sea el nuevo responsable de política audiovisual de Coalición Canaria, partido en el que no milita y para el que no ejerce ni tiene previsto ejercer ningún tipo de labor. Pomares solo ha aceptado ser propuesto como candidato independiente y por elección parlamentaria, a desempeñar un puesto en la Junta de Control de RTVC.
Atentamente, Francisco Pomares Rodríguez“.