CRÓNICA

El concejal de Hacienda de Las Teresitas, el más espercudido en Coalición Canaria para atacar al PSOE por las mascarillas

Espercudido (RAE): Referido a cosa, especialmente a la ropa, que no tiene manchas.

José Alberto Díaz-Estébanez León siempre está disponible para lo que haga falta. Es de insulto fácil, sin complejos, sin aparente temor a que sus adversarios políticos hagan con él lo que él acostumbra hacer con los demás. Desde 1993 vive exclusivamente de la política, treinta y un años dedicados en cuerpo y alma a su partido, Coalición Canaria, que siempre lo salva del desempleo sabedor de que no tiene otro modo de ganarse la vida. Por eso él devuelve el gesto con servicios impagables, en ocasiones más allá de lo recomendable para la causa.

Es lo que puede estar ocurriendo en estos meses tras el ascenso del secretario general del PSOE, Ángel Víctor Torres, al Consejo de Ministros, y el temor a que esa palanca pueda suponer para Coalición Canaria si volviera en 2027 a ser candidato a la presidencia del Gobierno. Ya le ha ganado dos veces seguidas al líder de CC, Fernando Clavijo, y ha vuelto a ganarle ampliamente en las Europeas, por lo que la consigna es impedir por todos los medios que lo haga una tercera. Las encuestas que manejan los socialistas canarios le dan ahora mismo 24 diputados, frente a 20 de CC y 16 del PP, lo que volvería a dejar en manos de la dispersa izquierda un gobierno progresista en la región. Pero esa es otra historia.

Esas encuestas no reflejan de momento ningún efecto del caso Koldo entre la parroquia socialista canaria, a pesar de haberse visto señalado colateralmente en él Ángel Víctor Torres. Todo el que estuvo por los alrededores en aquellos meses duros de la pandemia sabe perfectamente que el entonces presidente del Gobierno no era el que compraba las mascarillas; ni siquiera el que sugería a quién habría que comprárselas. Y eso parece haberse trasladado también a las encuestas.

Aún así, la batalla que se está librando en Madrid con este asunto y las comparecencias de Torres en las comisiones de investigación promovidas por el PP, son ocasiones muy tentadoras para desgastar la figura del ministro de Política Territorial y Memoria Democrática. 

Y aquí es donde aparece el espercudido diputado Estébanez.

Coalición Canaria se debate en una más de sus contradicciones estratégicas, esas que casi siempre despeja con astracanadas. Porque mientras tiene activadas todas sus terminales políticas y mediáticas para mantener activo el caso Koldo y señalar al ministro Torres, venga o no a cuento, no quiere significarse especialmente como el partido más activo y más ácido en esa trifulca, papel que prefiere que siga protagonizando su socio de Gobierno en Canarias, el Partido Popular.

Su única diputada nacional, Cristina Valido, forma parte de la comisión de investigación constituida en el Congreso. Sus declaraciones tras ser elegida fueron muy institucionales y conciliadoras: “El trabajo que ahora comienza nos debe servir para aclarar todo y para recuperar la confianza de unos ciudadanos que, otra vez, miran con desconfianza los vínculos entre política y corrupción”. Más o menos la misma actitud mostrada por el nada pacífico senador lanzaroteño Pedro San Ginés, reputado antisocialista, que sin embargo hace lo mismo que Valido en la comisión de investigación del Senado: ha declarado que la función que han de tener sus señorías es la de “ser útiles para conocer qué ocurrió, quién gestionó y de qué manera se hizo”. Ni un gesto para la confrontación, ninguna acusación velada, ni por supuesto ni un solo insulto.

No es la posición que desde hace meses viene manteniendo el diputado regional que se está encargando de estos menesteres en la Cámara Autonómica, José Alberto Díaz-Estébanez, que sale a insulto, insinuación o imprecación por intervención pública, parlamentaria o en redes sociales. No fue capaz de esperar a que cualquiera de las comisiones de investigación se pusiera en marcha, ni por supuesto a que alguna de las personas contra las que dispara sus dardos esté mínimamente investigada en una causa judicial. Desde el primer momento colocó en el cajón de los corruptos a varios de los altos cargos que se ocuparon de la compra de material sanitario desde el Gobierno de Canarias, empezando por el expresidente Torres, al que señala sin recato a partir de informaciones periodísticas basadas en el sumario del caso Koldo. Corrieron igual suerte en la lengua insaciable del diputado nacionalista el exconsejero socialista Julio Pérez o el actual director del Gabinete del ministro de Política Territorial, Antonio Olivera. 

Uno de los reproches más repetidos por el diputado es el que tiene que ver con la versión que ha ofrecido en varias ocasiones el ministro Torres: no dio orden de contratar a ninguna empresa durante la pandemia y que, por lo tanto, no estaba al tanto de ninguna trapisonda de las que se están investigando tanto en los tribunales de justicia como en varias comisiones parlamentarias, tanto en las Cortes Generales como en asambleas autonómicas, como es el caso de la canaria.“Estaba al frente de todo pero no se enteraba de nada”, le ha reprochado Díaz-Estébanez al expresidente en redes sociales y en algunas intervenciones en medios de comunicación

Pero resulta que Díaz-Estébanez no está en condiciones de reprochar a nadie no saber de lo que pasaba a su alrededor. Él se cree espercudido, atributo perteneciente a quienes no tienen mancha. Y él precisamente no puede presumir de haber actuado de manera ejemplar ante un caso de corrupción investigado, juzgado y condenado en el que declaró como testigo y que presenció en la primera línea política y ejecutiva. 

Para él ya está muerta y enterrada su participación activa en el pelotazo de Las Teresitas, el caso de corrupción de mayor calado de cuantos han sido descubiertos en la isla de Tenerife. Él era el concejal de Hacienda y portavoz de Coalición Canaria cuando se fraguó y se ensoleró esa operación, la que a la postre se saldó con la condena a duras penas de prisión al que fuera su alcalde, Miguel Zerolo, también de Coalición Canaria, el concejal de Urbanismo, también de su partido, Manuel Parejo, dos funcionarios y los empresarios del régimen Ignacio González y Antonio Plasencia.

Díaz-Estébanez ni siquiera llegó a estar imputado, pese al alto grado de conocimiento que tuvo de la operación. De hecho, en el juicio del caso de Las Teresitas, el alcalde Zerolo lo menciona en uno de los pasajes de su larga declaración de tres horas, cuando explica al tribunal que él mismo pidió información al concejal de Hacienda, Díaz-Estébanez, a ver si el consistorio disponía de capacidad económica para comprarle a los empresarios amigos aquel frente de playa por un precio desorbitado cuando –luego se supo- ya era propiedad del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

De este modo, suena bastante atrevido que este personaje pueda acusar a alguien de ser conocedor de la existencia de alguna irregularidad, delito o comportamiento anómalo respecto a la compra de mascarillas en tiempos de pandemia cuando él era conocedor de la operación de Las Teresitas sin que haya quedado probado ni por asomo que actuara para evitar lo que la fiscalía calificó como “un pelotazo de libro”.

Aún así, se ha permitido concluir en sus redes sociales que “cada vez quedan menos dudas de que lo sabían” y que, en consecuencia, “quien consintió” debe asumir “responsabilidades políticas”. Justo las que él jamás asumió desde su puesto de portavoz de Coalición Canaria y concejal de Hacienda en el escándalo de Las Teresitas.

Sabe perfectamente que contra él se puede utilizar su historial vinculado directamente con la corrupción, pero sus adversarios saben también que gracias a su estilo macarra les puede responder con una avalancha de insultos o con amenazas a sus familiares, como hizo con los concejales de Izquierda Unida Canaria y de Sí Se Puede en 2017 cuando presentaron una moción en la que pedían que fuera reprobado por haber votado a favor del convenio de Las Teresitas.

“Ustedes son la Santa Inquisición”, les largó a la cara Díaz-Estébanez a los censurantes por no haber respetado la sentencia del caso Las Teresitas. Los concejales Ramón Trujillo y Pedro Fernández Arcila denunciaron que en la junta municipal de portavoces el amable Díaz-Estébanez les dijo que si seguían adelante con su moción, “se tomarían represalias” contra ellos y contra sus familias. El presunto autor de esas frases las desmintió, claro.

Díaz-Estébanez es de bronca fácil, está probado. En la pasada legislatura tuvo una violenta agarrada dialéctica con el diputado de Podemos Francisco Déniz al término de una reunión de la Comisión de Control de RadioTelevisión Canaria. Se acababa de debatir sobre la neutralidad de los servicios informativos de la Televisión Canaria, y el diputado de CC tenía ganas de decirle al de Podemos que era “un mantenido de Carlos Sosa”, el periodista que firma esta pieza. La frase la oyó todo el mundo, no así la respuesta que presuntamente le dio Francisco Déniz, que solo la oyó un ofendido Díaz-Estébanez, que de inmediato puso el grito en el cielo para que las personas presentes supieran su sufrir: “¡Me ha amenazado con arrancarme la cabeza!”

Ahora le ha tocado al PSOE y particularmente al ministro Torres, bien por el caso Koldo, por la inmigración o para defender a Ana Oramas. Su insulto favorito es el de “miserable”, que está en el límite entre “me gusta la fruta” e “impresentable”. Lo ha repetido tanto en sus redes, que su seguramente exiguo club de fans ha decidido plasmarlo en algunas paredes de Santa Cruz de Tenerife, como atestiguan estas fotografías, tomadas en las inmediaciones del TEA de Santa Cruz de Tenerife.

Díaz-Estébanez es ahora mismo diputado regional de Coalición Canaria y portavoz del mismo partido en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, donde ejerce también como concejal de Hacienda y Patrimonio y donde ya ha vuelto a mostrar sus modales en varias ocasiones.