Ejecución forzosa de sentencia en Lanzarote

Está la isla de Lanzarote, en materia de credibilidad de las instituciones, de mírame y no me toques. Las mociones de censura que devolvieron la corrupción al poder fueron la muestra más descarnada del escaso respeto por la ciudadanía y por el interés general de partidos como Coalición Canaria, el PP y, por supuesto, el PIL. Entre todos tratan de recomponerse tras el siete que les ha hecho la instrucción del caso Unión y, a su vez, devolver a la Isla los viejos hábitos de saltarse la legalidad a la torera. Ya han puesto en marcha la legalización de la veintena de hoteles declarados ilegales por la Justicia, y en el día a día del funcionamiento institucional se aprecia ese desdén por la decencia. Les acercamos hoy un ejemplo que puede ilustrar a las claras lo que decimos. Desde noviembre pasado anda el Cabildo de Lanzarote dando vueltas a la manera de no ejecutar una sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo que lo condenó a anular la concesión de un concurso de auditoría para los centros de arte, turismo y cultura. Su majadería le ha costado la apertura de una pieza separada de un juzgado de esa misma jurisdicción que le obliga a explicarse en diez días.

Está la isla de Lanzarote, en materia de credibilidad de las instituciones, de mírame y no me toques. Las mociones de censura que devolvieron la corrupción al poder fueron la muestra más descarnada del escaso respeto por la ciudadanía y por el interés general de partidos como Coalición Canaria, el PP y, por supuesto, el PIL. Entre todos tratan de recomponerse tras el siete que les ha hecho la instrucción del caso Unión y, a su vez, devolver a la Isla los viejos hábitos de saltarse la legalidad a la torera. Ya han puesto en marcha la legalización de la veintena de hoteles declarados ilegales por la Justicia, y en el día a día del funcionamiento institucional se aprecia ese desdén por la decencia. Les acercamos hoy un ejemplo que puede ilustrar a las claras lo que decimos. Desde noviembre pasado anda el Cabildo de Lanzarote dando vueltas a la manera de no ejecutar una sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo que lo condenó a anular la concesión de un concurso de auditoría para los centros de arte, turismo y cultura. Su majadería le ha costado la apertura de una pieza separada de un juzgado de esa misma jurisdicción que le obliga a explicarse en diez días.