El Gobierno se moja

La Justicia ha tocado a dos miembros de Coalición Canaria y el Gobierno ha cometido la imprudencia de mojarse para defender “su gestión”. Definamos gestión, porque si nos ponemos a definir Gobierno acabamos enseguida. Se entiende como gestión el conjunto de acciones que un responsable político o un equipo de personas dedicadas a la política realizan por el bien de la colectividad, administrando cuan diligente padre de familia los recursos públicos que esa colectividad pone en sus manos para el interés general. Antonio Castro Cordobez, secretario del Consejo de Gobierno de Canarias, el máximo órgano ejecutivo de la Nacionalidad, ha dicho al término de su reunión semanal que ese órgano respalda “la gestión” de Miguel Zerolo y de Luis Suárez Trenor, señalados con el dedo por haber podido cometer delitos de cohecho, la forma más pura de la corrupción política, la degradación de la gestión, la pérdida del interés general en beneficio del particular, la perversión del servicio público trastocado en acciones para beneficiarse a sí mismos o a otros particulares. Pendientes de que se instruya una investigación y ésta concluya en sentencia condenatoria, el Gobierno ha puesto las manos en el fuego de modo nítido.

La Justicia ha tocado a dos miembros de Coalición Canaria y el Gobierno ha cometido la imprudencia de mojarse para defender “su gestión”. Definamos gestión, porque si nos ponemos a definir Gobierno acabamos enseguida. Se entiende como gestión el conjunto de acciones que un responsable político o un equipo de personas dedicadas a la política realizan por el bien de la colectividad, administrando cuan diligente padre de familia los recursos públicos que esa colectividad pone en sus manos para el interés general. Antonio Castro Cordobez, secretario del Consejo de Gobierno de Canarias, el máximo órgano ejecutivo de la Nacionalidad, ha dicho al término de su reunión semanal que ese órgano respalda “la gestión” de Miguel Zerolo y de Luis Suárez Trenor, señalados con el dedo por haber podido cometer delitos de cohecho, la forma más pura de la corrupción política, la degradación de la gestión, la pérdida del interés general en beneficio del particular, la perversión del servicio público trastocado en acciones para beneficiarse a sí mismos o a otros particulares. Pendientes de que se instruya una investigación y ésta concluya en sentencia condenatoria, el Gobierno ha puesto las manos en el fuego de modo nítido.