Pitufeando en el Palacio de Justicia

Está ya a puntito de terminar el primer juicio serio por corrupción de la era soriana en Canarias, y lo hará cumpliendo todas las previsiones. Los abogados de los seis imputados se disputan el dudoso honor de ser el que coloque sobre el alero del tribunal la burrada más grande que imaginarse pueda capaz de servir como elemento de duda a la hora de dictar sentencia sobre este caso de libro llamado Grupo Europa. Apoteósico el alegato final del fiscal anticorrupción de Las Palmas, Luis del Río, que no dejó títere con cabeza, reiterando todos los argumentos que han conducido al banquillo a los acusados y manteniendo para todos ellos, excepto para el denunciante, las penas solicitadas al cierre de la instrucción. Del Río ha rebajado solo la petición para el denunciante de la operación, el hoy letrado Francisco Benítez Cambreleng, lo que seguramente motivó que se acrecentaran, hasta el límite mismo de la infamia y la calumnia los ataques contra él. Al fin y al cabo fue Cambreleng el que destapó toda la mierda que se revolvía alrededor del concurso amañado en Telde para entregar a la empresa Grupo Europa la exclusiva en la construcción de viviendas sociales, con un grupo de gobierno absolutamente corrompido (fue desarticulado en el marco de la operación Faycan) y con unos buitres revoloteando alrededor que se llevaron la pasta sin que se construyera un solo piso. En eso consiste esta causa, en la que ha habido de todo, hasta un inspector de Policía revoloteando en la sala hasta que tuvo que desaparecer para siempre ante la evidenciad e que trabajaba para los malos, que encima lo pretendieron, sin éxito, como testigo. El inspector Vargas tendrá que escribir un libro para dar a conocer su verdad en este proceso y los motivos reales por los que quiso deponer ante el tribunal.

Agrio despertar de Pitufo Dormilón

Pero si de apoteósica podemos calificar por su contundencia y su brillantez la exposición del fiscal anticorrupción, la del abogado defensor de Antón Marín, el dueño de Grupo Europa y repartidor a mansalva de prebendas y parabienes, debemos situarla en la del delirio más deprimente. Juan David García volvió sobre sus pasos y redujo a una mera conspiración toda la sucesión de hechos que han quedado probados en la fase de instrucción y en el plenario. Según su atolondrada teoría, todo se reduce a “un cuento chino” ideado por Canarias Ahora y el denunciante y maquinado por un inspector de Policía al que se ha llegado a acusar de haber fabricado pruebas contra los acusados. Desgraciadamente para su cliente, ni durante la instrucción del magistrado García-Sotoca ni durante estos meses de juicio, este Pitufo Dormilón, que ha dado muestras de no estudiar hasta tarde en vísperas de cada sesión, ha sido capaz de desmontar ni una sola de esas pruebas. Para justificar el destino de los 240.000 euros que su jefe presuntamente ha pagado en comisiones ilegales, ha sostenido hasta el final que en realidad ésa fue la cantidad que le robó el denunciante a Antón Marín para comprarse una casa. Nadie lo ha podido probar tampoco durante estos años de instrucción y enjuiciamiento. Penoso. Su alegato puede servir para un capítulo de una serie de suspense, pero solo para uno, porque cualquier guionista con sesera descubriría al siguiente cuál fue siempre el andar de la perrita.

Pobre Jorge Rodríguez

Algo más respetuoso fue el abogado de Jorge Rodríguez, José Aníbal Álvarez, que sin embargo atacó ferozmente al denunciante de la trama, para el que pidió incluso que se dedujera testimonio por denuncia falsa (sic). Para su cliente, el Ministerio Fiscal pide un año y ocho meses de prisión y cinco años de inhabilitación por dos delitos de tráfico de influencias, es decir, por tratar de presionar a las autoridades municipales de Telde para que dieran magna ancha a Grupo Europa en el negocio de la construcción de viviendas sociales. Jorge Rodríguez, que entonces era portavoz del PP en el Parlamento de Canarias y hombre fuerte del núcleo duro de José Manuel Soria, sigue siendo diputado, ha acabado su carrera de Derecho y tiene un próspero despacho de asesoramiento e influencia empresarial. Estos éxitos políticos y profesionales, sin embargo, no son suficientes porque, a tenor de lo dicho por su abogado este jueves, el pobre Jorgito ha sufrido “linchamiento mediático” por culpa de “siete años de instrucción que han destrozado su vida”. Otro gallo le hubiera cantado si a su dimisión en 2007, cuando Canarias Ahora publicó su implicación en la trama, hubiera seguido su abandono definitivo de la política. No lo hizo así porque volvió a reengancharse en 2011 y ahí sigue sufriendo las duras inclemencias de cobrar del erario público.

¿Dilaciones indebidas?

Las últimas sesiones de este juicio, con episodios verdaderamente de sainete, se celebran en la sala del jurado del viejo Palacio de Justicia de la plaza de San Agustín por motivos de organización de la nueva Ciudad de la Justicia. Por lo tanto, no hay cámaras de circuito cerrado que permitan a los periodistas seguir de frente y con primeros planos las evoluciones de los acusados. No obstante, todos los presentes pudieron contemplar la pose victimista del diputado Rodríguez en el momento en el que su defensor hacía ese canto a su inocencia y a su condición de perseguido por un largo proceso del que pretende sacar beneficio por la socorrida figura de las dilaciones indebidas. Hay que recordar, por supuesto, que gran parte de esas dilaciones son producto del derecho que asiste a las partes a tupir a los juzgados de toda suerte de recursos, sin contar las últimas escaramuzas previas al juicio que desembocaron en la recusación del ex presidente del TSJC, Antonio Castro Feliciano, y las innumerables cuestiones previas con las que los defensores trataron, hasta ayer mismo, de anular el proceso. Por lo tanto, dilaciones, sí, seguramente, pero, ¿indebidas? Pongámoslas cuanto menos en remojo. Se espera que el juicio quede este viernes visto para sentencia.