Un mal día para Clavijo

Un mal día lo tiene cualquiera, pero el que debió pasar este lunes el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, no lo podía tener otro más que él. Porque ha sido él mismo el que se ha metido en los dos líos que tuvieron este 4 de diciembre acontecimientos decisivos que pueden colocarlo en situaciones políticas y judiciales bastantes comprometedoras.

En los juzgados de La Laguna se daban cita un imputado (ahora investigado) y dos testigos. El primero es, nada más y nada menos, que Antonio Pérez-Godiño, resplandeciente portavoz de Coalición Canaria en el Ayuntamiento de La Laguna y experto en blasones de honorabilidad y buenas costumbres. Acudía por haber sido el concejal -fíjate tú qué cosas- que en agosto de 2014 estampó su firma en la prórroga del contrato del servicio municipal de grúas, una de las tres decisiones que están siendo investigadas (o algo así) en un juzgado de La Laguna a la espera de la remisión de la causa entera al Tribunal Superior de Justicia de Canarias, si fuera menester, dada la condición de aforado del actual presidente regional, a la sazón alcalde de la ciudad de Los Adelantados.

Godiño (con perdón) se negó a contestar a los abogados de los denunciantes, es decir, a los abogados de los partidos de la oposición municipal, lo cual ya refleja una clara voluntad de colaboración con la justicia y un afán por la transparencia. Muy en sintonía con la comisión de investigación celebrada en el Ayuntamiento para analizar este asunto y cerrada como cierra Coalición Canaria este tipo de conchabos: todo se hizo por el bien del pueblo, riqui-raca-simbombaca-hurrá-hurrá-hurrá, Clavijo, Clavijo y nadie más.

Es más que probable que el portavoz de CC haya salido del juzgado con la conciencia de haber prestado un nuevo servicio a la causa esquivando cualquier afirmación que pudiera o pudiese implicar a Fernando Clavijo. Pero lo malo fue que con tal empeño al que metió en un lío fue al actual alcalde, José Alberto Díaz, que por entonces era concejal de Seguridad y el que, en definitiva, tramitó el expediente para prorrogar el contrato de las grúas cinco años más por encima de los pliegos y por encima, eso siempre, del criterio del interventor municipal. “Yo firmé”, vino a decir, “porque era el que estaba de guardia en agosto”, un mes, como todo el mundo sabe, muy adecuado para decidir ese tipo de cosas tan trascendentales.

Pero además de Godiño, este lunes declararon -en su caso como testigos- los dos funcionarios municipales que fueron comisionados para intervenir Autogrúas Poli cuando los presuntos amigos del querido alcalde Clavijo la llevaron a una situación de quiebra después de haber conseguido (también gracias al querido alcalde Clavijo) que el dueño original de Autogrúas Poli (que en realidad se llama José Padilla) vendiera la empresa a los amigos del otra vez querido alcalde Clavijo.

Los dos funcionarios volvieron a dejar al señor alcalde-presidente como un auténtico mentiroso. Porque si Clavijo dijo el jueves pasado en El Debate de TVE-Canarias que todo lo que se hizo en este enojoso asunto fue lo sugerido por los funcionarios municipales, en lo que respecta al menos a los dos que intervinieron la empresa nada de eso parece ser cierto.

Tanto Vera como Cordero, más el segundo que el primero, todo hay que decirlo, negaron tales aseveraciones. Declaraban como testigos y estaban obligados a decir verdad, por lo que a medida que el interrogatorio avanzaba más se fueron aclarando cómo fueron algunos de aquellos sucesos, particularmente los del año 2014. Ninguno de ellos declaró haber aconsejado al Ayuntamiento otorgar un préstamo de 120.000 euros a la empresa cuando ya la regentaban los siete amigos del querido alcalde Clavijo; ninguno de ellos dijo haber recomendado la prórroga de la concesión, y ninguno de ellos dijo haber recomendado que se encargaran informes jurídicos a catedráticos amigos del querido alcalde Clavijo para levantar los reparos impuestos por el interventor municipal.

Sí es cierto, todo hay que decirlo, que ambos constataron que la empresa estaba en ruina; que debía dinero a todo posible acreedor público o privado; que, mediante su intervención, el agujero creció de 180.000 a 750.000 euros de pérdidas; que dieron prioridad al pago de los 120.000 euros de préstamo del Ayuntamiento antes de cualquier otra obligación, y que los informes externos se encargaron con el muy noble propósito de saltarse al interventor del Ayuntamiento. Lo que no significa, por mucho que se ponga místico el querido alcalde-presidente cuando descarga todas las responsabilidades en los técnicos municipales, que la voz cantante en este asunto la llevaran los funcionarios.

Las declaraciones de este lunes ante la jueza de Instrucción 2 de La Laguna, que por primera vez mostró ante los presentes verdadero interés por enterarse de lo ocurrido en el caso Grúas, seguramente para poder formular con fundamento una exposición razonada rumbo al TSJC, sirvieron también para conocer sutiles aspectos de este abigarrado asunto de las grúas. Por ejemplo, la procedencia y el proceder del funcionario Antonio Vera, que a tenor de lo que dijo ante la jueza y el fiscal, tuvo algo que ver -probablemente bastante- con el providencial desembarco en La Laguna del empresario de Adeje José Tacoronte, que se comió los más de 700.000 euros de deuda que habían dejado los siete magníficos a cambio de no se sabe muy bien qué bienaventuranza.

La tele también toca a la puerta

Pero por si fuera poca tanta desventura en los juzgados de La Laguna, a media mañana de este lunes le llegaba a Clavijo el contenido de un auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC (otra vez el dichoso TSJC) con el que se le empezaba a desmoronar su estrategia de desentenderse a efectos legales del famoso concurso de informativos de la Televisión Pública de Canarias: o sea 144 millones de euros de los que el señor alcalde-presidente dice no querer saber nada. Por primera vez desde que se iniciara esa desquiciada carrera del presidente de RTVC, Santiago Negrín, unipersonal en lo administrativo (subsidiariamente en lo penal), coral en lo político y ridículo en lo empresarial, una resolución judicial coloca el problema en la mismísima puerta del despacho presidencial.

Efectivamente, la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha dicho que el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos, orgánicamente dependiente de la Consejería de Hacienda del Gobierno de Canarias, es el competente para resolver los recursos que puedan derivarse de la licitación del concurso de informativos. Dice la Sala que de no intervenir nadie “estaríamos ante un poder adjudicador sin control, fiscalización o supresión jurídica en vía administrativa”, sin que los licitadores puedan ejercer su derecho a “interponer recurso contra las infracciones que se produzcan en la tramitación de los procedimientos de selección”, como mandatan las directivas comunitarias.

Ese Tribunal Administrativo de Contratos Públicos, también conocido como Peter Court (el tribunal de Pedro), en referencia a su titular, Pedro Ezequiel Gómez Jiménez, se desentendió de un manera bastante pendeja cuando el actual concesionario de los informativos recurrió ante él para que se pronunciara sobre lo que hasta ahora ningún organismo administrativo o judicial se ha pronunciado: si Santiago Negrín puede o no puede convocar y resolver un concurso de esa cuantía sin contar con el consejo rector de RTVC y sometiéndose a su suprema autoridad como administrador único de la cosa. The Peter Court dijo entonces que el paquete no es del Gobierno, sino del Parlamento, a lo que la Cámara le contestó que si quieres arroz, Catalina.

Pero la resolución está cerca. O al menos eso apuntan los más recientes autos del TSJC, que dicen que de un momento a otro resolverán sobre la paralización cautelar del concurso, invocada por Videreport Canarias, precisamente por la manifiesta incompetencia (administrativa, of course) de Santiago Negrín para estos malabares. En Presidencia del Gobierno están dando vueltas al modo y manera de zafarse de la cestita que una magistrada ha dejado en la puerta con ese muchachito dentro.

Un mal día lo tiene cualquiera, pero el que debió pasar este lunes el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, no lo podía tener otro más que él. Porque ha sido él mismo el que se ha metido en los dos líos que tuvieron este 4 de diciembre acontecimientos decisivos que pueden colocarlo en situaciones políticas y judiciales bastantes comprometedoras.

En los juzgados de La Laguna se daban cita un imputado (ahora investigado) y dos testigos. El primero es, nada más y nada menos, que Antonio Pérez-Godiño, resplandeciente portavoz de Coalición Canaria en el Ayuntamiento de La Laguna y experto en blasones de honorabilidad y buenas costumbres. Acudía por haber sido el concejal -fíjate tú qué cosas- que en agosto de 2014 estampó su firma en la prórroga del contrato del servicio municipal de grúas, una de las tres decisiones que están siendo investigadas (o algo así) en un juzgado de La Laguna a la espera de la remisión de la causa entera al Tribunal Superior de Justicia de Canarias, si fuera menester, dada la condición de aforado del actual presidente regional, a la sazón alcalde de la ciudad de Los Adelantados.