Una pandilla de tramposos. (Otra de CC)

¡Todos a la fiscalía! Ese fue este pasado domingo el desgarrador grito proferido por el presidente de Radiotelevisión Canaria, Santiago Negrín, al publicar el periódico Canarias7 que había desoído descaradamente las recomendaciones del asesor jurídico del ente público, Martín Orozco, que le indicaban que no podía convocar en plan Llanero Solitario el concurso de servicios informativos de Televisión Canaria por 144 millones de euros. Negrín dijo que aquella era la gota que colmaba el vaso y que desde que se iniciaron los trámites para convocar ese polémico concurso no ha parado de recibir presiones.

Está en su derecho Negrín de acudir a las instancias judiciales que desee en defensa de su integridad profesional, personal y moral, o bien para preservar los derechos y libertades que le puedan haber sido vulnerados. Ya tiene experiencia el presidente de RTVC en acudir a los tribunales digamos que con cierta precipitación: a poco de llegar al cargo hizo que la corporación pública se personara en una causa, la que se sigue contra su antecesor, Willy García, a lo largo de cuya instrucción se están descubriendo suculentas realidades, como por ejemplo que Negrín contrata bienes y servicios exactamente mediante la misma modalidad de contratación que García, y que las pretendidas productoras beneficiadas por el depravado Willy contratan más en la actualidad que en aquellos aciagos años ahora bajo la lupa de una jueza que impone en la instrucción que el prime time de la televisión es en horario matinal. Chupito y aparte.

Santiago Negrín se ha metido en un tremendo lío. O mejor dicho, el presidente del Gobierno y sus coros mediáticos han metido a Santiago Negrín en un tremendo lío. Es natural sabiendo como ya sabemos que este Gobierno y sus máximos responsables son una auténtica pandilla de tramposos que vienen actuando de manera negligente (y seguramente rebasando en ocasiones los límites legales) cada vez que se han visto demasiado encorsetados por la Ley.

Basta con repasar la trayectoria de Fernando Clavijo en el Ayuntamiento de La Laguna para entender sin dificultad por qué también actúa igual al frente del Gobierno de Canarias. El caso Grúas, que acaba de ser reabierto por la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife con una dura reprimenda a la jueza que lo archivó en La Laguna sin practicar la más mínima diligencia de comprobación, pone de manifiesto que Clavijo ya era así desde que entró en un cargo ejecutivo, a principios de siglo en sustitución de su gran maestra y mentora, Ana Oramas.

Estos días hemos contado en este periódico cómo Clavijo y su sucesor, José Alberto Díaz, renuevan y renuevan millonarios contratos de servicios públicos -casi todos ellos a conocidas empresas del entramado de ATI- contraviniendo los reparos de los sucesivos interventores municipales. En ese mismo ayuntamiento hemos visto también cómo un concejal instala a su sobrevenida compañera sentimental en el puesto de secretaria particular suya contratándola a través de una empresa a la que también se le prorroga el contrato y que no tiene entre sus funciones la de prestar ese servicio de cargo de confianza del amoroso político.

Ya en el Gobierno, Clavijo y los que le acompañan en esta agreste aventura han dado sobradas muestras de la capacidad con la que les ha dotado la naturaleza para amoldar la ley a sus caprichos. Para ello, el señor alcalde-presidente se ha rodeado de asesores legales capaces de parir informes jurídicos para cada circunstancia. Es el caso, por ejemplo, del catedrático Francisco Villar, que acompaña a Clavijo desde su paso por La Laguna y que consiguió, oh milagro de las técnicas administrativas, colocar a su señora esposa en una plaza en el Ayuntamiento de La Laguna que en realidad debió dársele a otro funcionario del consistorio, como declaró posteriormente una sentencia judicial. Pero ahí sigue la buena señora en su plaza postiza porque el señor alcalde-presidente, en un gesto bananero estilo de la casa, colocó al funcionario litigante en una plaza mejor dotada que, de repente, le hizo olvidar la ejecución de sentencia.

A Villar se le deben informes grandiosos, muchos de ellos vinculados a la Ley del Suelo, que se llevó su correspondiente tollina en el Consejo Consultivo y que ahora será analizada por el Tribunal Constitucional (en cuanto Catalunya le dé un respiro); o a la Ley de Islas Verdes, cuyos reparos ante la Unión Europea se están tomando muy en serio.

Debía estar muy ocupado Francisco Villar cuando Clavijo encargó al presidente de Radiotelevisión Canaria que pusiera en marcha el concurso para la provisión de servicios informativos en la televisión pública. Porque a nadie de Coalición Canaria se la pasó por la cabeza que Martín Orozco, el asesor jurídico titular del ente público, pudiera poner toda clase de reparos a que fuera Santiago Negrín el que se constituyera en órgano unipersonal de contratación de una operación de 144 millones de euros a distribuir en ocho años. Es decir, más de un millón de euros con plazo plurianual, justo las dos cualidades que exigirían acuerdos del consejo rector, ese órgano que hace meses no reúne el quorum necesario en el que Negrín, para más engorro, no tiene la mayoría suficiente.

Tres meses después de ponerse en marcha la operación vemos confirmadas todas nuestras sospechas: Martín Orozco se mandó a mudar del entorno de RTVC después de que su presidente utilizara sesgadamente un informe suyo ante la comisión parlamentaria correspondiente saltándose la parte chunga del dictamen, y que con esa trampa convocara el concurso tan ricamente pese a sus advertencias.

Comoquiera que Orozco fue el autor del borrador inicial de las bases y que sus recomendaciones habían ido a parar a la taza del váter, el jurista no quiso involucrarse en el desarrollo del concurso y, sin miramientos, pidió su liquidación y se marchó en silencio.

Le sustituyó al frente de la nave el prestigioso letrado Carlos Cabrera, exasesor del grupo Prisa para otros concursos autonómicos. Cabrera terminó de pulir las bases del concurso pero, hasta donde se sabe, no ha emitido dictamen alguno sobre las competencias de Negrín para comérselo y guisárselo él solito.

Paralelamente, esta pandilla de tramposos fue levantando alrededor de Radiotelevisión Canaria una muralla de falsedades destinada a transmitir que el Gobierno no tiene la menor competencia en el asunto RTVC y negándose a encargar a los servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma el dictamen que el muy mentado Martín Orozco recomendaba que emitieran. Debe ser que las primeras consultas evacuadas no permitían pensar a los mandarines gubernamentales que tal informe iba a ser favorable a sus intenciones así que optaron por la solución más ventajosa, no encargarlo. Hasta tal punto llegó esa esquizofrénica huida hacia ninguna parte que hasta se obligó al responsable del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos a poner negro sobre blanco que el Gobierno no sabe nada ni quiere saber nada de ese concurso.

El señor alcalde-presidente no se ha enterado aún de que no está al frente de un ayuntamiento, ni de que fuera de las paredes de la presidencia del Gobierno existen otros factores democráticos que en un tiempo más o menos prudencial pueden derribarle la estrategia. La semana pasada conocíamos un informe de los servicios jurídicos del Parlamento que otorgaba a los del Gobierno la potestad para informar sobre todos los concursos de RTVC, y al Ejecutivo la responsabilidad legal de velar por la limpieza de esas licitaciones.

Sorprendidos con las manos en la masa, al Gobierno, al presidente de RTVC y a los coristas de la operación solo se les ha ocurrido disparar al pianista y al barman. Santiago Negrín ha amenazado a los medios interesados en el concurso (seguramente se refiere al Diario de Avisos y a Canarias7) de perturbar su paz y su sosiego de diligente servidor público, perturbación que lo ha conducido a la Fiscalía a presentar no se sabe muy bien qué denuncia y, de paso, pedir amparo. Pedir amparo a la Fiscalía, qué buena idea. Paralelamente, La Provincia informa de que no ha sido Negrín el que ha escamoteado dictámenes jurídicos, sino que el autor del dictamen jurídico, Martín Orozco, cambió de parecer entre enero y julio de este año. Es decir, desde que emitió un primer informe genérico sobre contratación y un segundo referido expresamente al de servicios informativos. Ambos previos -eso no se dice- a que se licitara este polémico concurso.

Y, por lo que dice el rotativo de Prensa Canaria (que no está entre los que ha amenazado a Negrín, al parecer), no existe ningún otro informe en el expediente administrativo, lo que indefectiblemente debe conducirnos a una dramática conclusión: Santiago Negrín convocó el concurso erigiéndose en órgano contratante unipersonal a sabiendas de que no podía hacerlo. Debería aprovechar su visita a la Fiscalía para documentarse sobre el delito de prevaricación.