La seguridad jurídica, sólo para Repsol

La seguridad jurídica es un tótem para la derecha. La seguridad jurídica para los inversores, aclaremos, que la de los ciudadanos que sufren y protestan es harina de otro costal. En nombre de la seguridad jurídica, esa derecha, nuestro Gobierno de España, clamó contra Argentina cuando su presidenta borró de un plumazo la presencia de Repsol en YPF; o Soria cuando su correligionario en el Cabildo de Gran Canaria puso en marcha la protección del oasis de Maspalomas para impedir un atropello inversor. La seguridad jurídica versus la prevaricación es también la que ha esgrimido el mismo ministro en varias ocasiones para proteger las autorizaciones a la compañía Repsol: si no le damos los permisos, prevaricaríamos, ha repetido recientemente. Esa máxima, perfectamente defendible cuando es de aplicación universal, se desmorona por momentos ante la avalancha de demandas que está recibiendo el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a inversiones (Ciadi), organismo de arbitraje dependiente del Banco Mundial, por parte de más de media docena de fondos de inversión internacionales contra la política anti-renovables que ejecuta José Manuel Soria en nombre de no se sabe muy bien qué derecho de mayor rango. Esta semana se ha sumado a esa lista de demandantes el fondo Infrared Capital Partners, lista en la que ya estaban otros inversores como NextEra (USA), Rreef, Antin, Eiser Infrastructure, Masdar (abu Dabi) y PSP Investment (Canadá). Son, mayormente, inversores internacionales (de esos que tanto gusta invocar el Gobierno cuando se nos reclama la búsqueda de su confianza) que habían invertido en su día en España dadas las facilidades para proyectos de energía renovable. Gracias a estas demandas, España se ha convertido en el cuarto país del mundo con más pleitos abiertos ante el Banco Mundial, sólo por detrás de Venezuela, Argentina y Egipto. Suena muy gratificante.

El Gobierno, tranquilo

El Gobierno ya se ha pronunciado en varias ocasiones en torno a esta avalancha de demandas contra la inseguridad jurídica que genera. Su tesis principal es que los inversores buscaban una “rentabilidad excesiva”, algo que rechina bastante cuando quien la defiende es quien ha sacrificado el estado del bienestar precisamente en beneficio de los mercados, que vienen siendo básicamente los fondos de inversión que ahora demandan. La doctrina fue reforzada este jueves por el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, una de las manos derechas de Soria en el ministerio, que ha declarado que el Gobierno está “bien tranquilo” porque los recortes en las renovables no se han hecho con maldad, ni han perjudicado solo a los inversores extranjeros. También los nacionales se han llevado su parte de esquilme, lo que seguramente será una defensa perfecta ante el Banco Mundial pero que, en román paladino, se traduce en “todos jodidos, no hay jodienda”. Esto recuerda a aquel auto de una magistrada del TSJ de Canarias que, para archivar a Soria el caso salmón, concluyó que no podía haber delito impropio por dejarse invitar en el jet privado de un empresario ya que el avión iba a volar de todos modos.

Repsol sí tiene seguridad jurídica

Frente a este cabreo generalizado del sector de las renovables, nos encontramos con el descarado trato de favor que tiene la petrolera Repsol por parte del mismo Gobierno y del mismo ministro. La confirmación de que al expediente se han incorporado por la vía de la extemporaneidad y la urgencia unos mil folios con documentos imprescindibles para discernir las autorizaciones para las prospecciones, no hace otra cosa que confirmar que la ley es más igual para uno que para otros. Mientras las instituciones canarias personadas en el expediente empezaban a analizar esos cincuenta documentos, el Ministerio de Medio Ambiente aprobada la Declaración positiva de Impacto Ambiental para los sondeos, lo que avala nuevamente la teoría anterior. Y para colmo, tras esa lectura de documentos, que no se han sometido a más escrutinio que el del Gobierno, los expertos van y encuentran joyas como la que hemos publicado este jueves los medios informativos de Canarias: un derrame sería catastrófico porque llegaría a Fuerteventura en menos de dos días. Y lo dice Repsol. Colosal.

Cuidado con el oasis de Maspalomas

El Gobierno de Canarias está embarcado estos días en una profundización de la campaña institucional y social contra las prospecciones petrolíferas. No está mal. Su deriva ambientalista es digna de encomio después de haber sufrido durante años sucesivos gobiernos insensibles, capaces de reformar un catálogo de especies protegidas para hacer un muelle industrial, trajinar constantemente con las regasificadoras o dejar pudrirse (por acción u omisión) concursos eólicos que nos han retrasado enormemente la implantación de las renovables. Bienvenida sea la conversión. Pero, además del petróleo, Canarias sigue pendiente de resolver algunos asuntos ambientales de enorme enjundia que pueden simultanearse con el conflicto en cuestión. Por ejemplo, la recuperación para el disfrute público del oasis de Maspalomas, sometido en estos momentos a los vaivenes de un expediente BIC que se ha viciado por pulsos políticos indecentes e inadmisibles. La cadena RIU, que en Canarias no se moja en contra del petróleo, contrariamente a lo que sí hace en Baleares, dio un aviso a navegantes a finales de mayo advirtiendo de que si en dos meses el BIC no está resuelto, su tramitación quedará caducada de hecho, lo que supondrá que al día siguiente podrá entrar por el palmeral, derribar el viejo hotel Maspalomas Oasis y levantar allí mismo el paredón de su nuevo establecimiento. El Cabildo de Gran Canaria debe enviar urgentemente el expediente al Gobierno con las subsanaciones pertinentes, y éste debe aprobarlo sin dilación, o podremos encontrarnos con un apoteósico final de legislatura: Repsol sondeando frente a Lanzarote y Fuerteventura, y RIU llevándose por delante un símbolo de Gran Canaria.

Martinón cobrará 6.600 euros al mes de la mano de Artiles

Tenemos nuevos datos del contrato que el abogado y empresario Javier Artiles ha hecho a quien fuera director general del Servicio Canario de Salud en la época en que campaba a sus anchas y se presentaba, tapado, a concursos de hemodiálisis. Guillermo Martinón Ribot, que así se llama el ex alto cargo del PP, cobrará de la mano de Javier Artiles la módica cantidad mensual de 6.600 euros por su dedicación a Avericum como director-gerente. La noticia que publicábamos este jueves ha sido la comidilla en los ambientes sanitarios y políticos de Canarias porque de alguna manera viene a demostrar lo mucho que se puede fortalecer una amistad cuando es alimentada por negocios ensolerados entre las paredes de una administración pública. Martinón está tan seguro del éxito empresarial que ahora emprende que ha preferido su nuevo destino en la sanidad privada que continuar como jefe de facturación del Hospital Insular, donde ha pedido una excedencia laboral. Va a tener por delante una dura encomienda: la de cuadrar los números con los que su jefe consiguió el contrato de la hemodiálisis en el Doctor Negrín y el Molina Orosa, que será muy vigilado desde la administración sanitaria canaria y por las empresas de la competencia por considerar todos que bordeó peligrosamente la baja temeraria. Y ya se sabe lo muy reñidos que están los negocios con la salud de la gente.

La seguridad jurídica es un tótem para la derecha. La seguridad jurídica para los inversores, aclaremos, que la de los ciudadanos que sufren y protestan es harina de otro costal. En nombre de la seguridad jurídica, esa derecha, nuestro Gobierno de España, clamó contra Argentina cuando su presidenta borró de un plumazo la presencia de Repsol en YPF; o Soria cuando su correligionario en el Cabildo de Gran Canaria puso en marcha la protección del oasis de Maspalomas para impedir un atropello inversor. La seguridad jurídica versus la prevaricación es también la que ha esgrimido el mismo ministro en varias ocasiones para proteger las autorizaciones a la compañía Repsol: si no le damos los permisos, prevaricaríamos, ha repetido recientemente. Esa máxima, perfectamente defendible cuando es de aplicación universal, se desmorona por momentos ante la avalancha de demandas que está recibiendo el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a inversiones (Ciadi), organismo de arbitraje dependiente del Banco Mundial, por parte de más de media docena de fondos de inversión internacionales contra la política anti-renovables que ejecuta José Manuel Soria en nombre de no se sabe muy bien qué derecho de mayor rango. Esta semana se ha sumado a esa lista de demandantes el fondo Infrared Capital Partners, lista en la que ya estaban otros inversores como NextEra (USA), Rreef, Antin, Eiser Infrastructure, Masdar (abu Dabi) y PSP Investment (Canadá). Son, mayormente, inversores internacionales (de esos que tanto gusta invocar el Gobierno cuando se nos reclama la búsqueda de su confianza) que habían invertido en su día en España dadas las facilidades para proyectos de energía renovable. Gracias a estas demandas, España se ha convertido en el cuarto país del mundo con más pleitos abiertos ante el Banco Mundial, sólo por detrás de Venezuela, Argentina y Egipto. Suena muy gratificante.

El Gobierno, tranquilo