El PP, responsable subsidiario

María del Carmen Castellano debería dimitir ya. Lo debió hacer en cuanto se dictó auto de apertura de juicio oral en base a los estatutos de su propio partido, que decretan en tal caso la expulsión del acusado. Ya lo es ahora formalmente con este durísimo escrito del fiscal, que a lo largo de 84 folios desgrana cómo operó esta banda de saqueadores durante el periodo en el que la actual alcaldesa era segunda teniente de alcalde a las órdenes de Francisco Valido y de la desaparecida María Antonia Torres, el cerebro de la trama. A estas alturas ya da igual desde el punto de vista judicial lo que puedan sentenciar los tribunales los próximos cuatro años a partir de ahora (juicio en la Audiencia Provincial de Las Palmas y recurso ante el Supremo, échale hilo a la cometa). La sucesión obscena de hechos que sitúan a la actual alcaldesa en el periodo de autos presuntamente sirviéndose del dinero público destinado a los parados de Telde para arreglar la sede del Partido Popular de la ciudad y para lucrarse personalmente es suficiente responsabilidad como para marcharse para su casa. Según el fiscal, la hoy alcaldesa, compinchada con los otros acusados Francisco Gordillo y José Luis Sánchez, a la sazón presidente del PP en la ciudad, amañaron facturas para que con fondos municipales se pagaran materiales y obras como el suelo, los rodapiés, el aire acondicionado o unas barandillas de la sede popular. El dinero debía salir de partidas destinadas al proyecto OPEA (Orientación Profesional para el Empleo y Asistencia al Autoempleo) y se abonaría a través de la ferretería de cabecera de la trama, Felipe y Nicolás Ojeda Pérez, SCP. La inocencia que proclama Castellano y que su partido parece respaldar se desmorona ante las confesiones de Francisco Gordillo, el recaudador del clan, y del mentado José Luis Sánchez, que ha llegado a consignar en la cuenta de los juzgados 5.000 euros, lo que le ha servido a ambos de atenuante en la petición de condena. De los casi 37.000 euros que se facturaron fraudulentamente en favor de la ferretería que ejercía de tapadera, cuyos titulares también han reconocido los hechos, sólo se llegaron a pagar 740 porque irrumpió la Policía y detuvo en 2006 a casi todo el grupo de gobierno, incluyendo a la hoy alcaldesa. Por esos 740 euros, el fiscal incluye al Partido Popular como responsable civil subsidiario. Al fin y al cabo se trataba de su sede. ¿Tú los has visto ofrecer una explicación?

María del Carmen Castellano debería dimitir ya. Lo debió hacer en cuanto se dictó auto de apertura de juicio oral en base a los estatutos de su propio partido, que decretan en tal caso la expulsión del acusado. Ya lo es ahora formalmente con este durísimo escrito del fiscal, que a lo largo de 84 folios desgrana cómo operó esta banda de saqueadores durante el periodo en el que la actual alcaldesa era segunda teniente de alcalde a las órdenes de Francisco Valido y de la desaparecida María Antonia Torres, el cerebro de la trama. A estas alturas ya da igual desde el punto de vista judicial lo que puedan sentenciar los tribunales los próximos cuatro años a partir de ahora (juicio en la Audiencia Provincial de Las Palmas y recurso ante el Supremo, échale hilo a la cometa). La sucesión obscena de hechos que sitúan a la actual alcaldesa en el periodo de autos presuntamente sirviéndose del dinero público destinado a los parados de Telde para arreglar la sede del Partido Popular de la ciudad y para lucrarse personalmente es suficiente responsabilidad como para marcharse para su casa. Según el fiscal, la hoy alcaldesa, compinchada con los otros acusados Francisco Gordillo y José Luis Sánchez, a la sazón presidente del PP en la ciudad, amañaron facturas para que con fondos municipales se pagaran materiales y obras como el suelo, los rodapiés, el aire acondicionado o unas barandillas de la sede popular. El dinero debía salir de partidas destinadas al proyecto OPEA (Orientación Profesional para el Empleo y Asistencia al Autoempleo) y se abonaría a través de la ferretería de cabecera de la trama, Felipe y Nicolás Ojeda Pérez, SCP. La inocencia que proclama Castellano y que su partido parece respaldar se desmorona ante las confesiones de Francisco Gordillo, el recaudador del clan, y del mentado José Luis Sánchez, que ha llegado a consignar en la cuenta de los juzgados 5.000 euros, lo que le ha servido a ambos de atenuante en la petición de condena. De los casi 37.000 euros que se facturaron fraudulentamente en favor de la ferretería que ejercía de tapadera, cuyos titulares también han reconocido los hechos, sólo se llegaron a pagar 740 porque irrumpió la Policía y detuvo en 2006 a casi todo el grupo de gobierno, incluyendo a la hoy alcaldesa. Por esos 740 euros, el fiscal incluye al Partido Popular como responsable civil subsidiario. Al fin y al cabo se trataba de su sede. ¿Tú los has visto ofrecer una explicación?