Estamos preocupados, no alarmados

Si alarmante es el Informe Pisa que pone a la Educación canaria a la altura de abrirle un juicio en Nuremberg ahora mismito, interesante y enriquecedora sí que ha sido la aportación del abogado José Manuel Rivero, de la asociación Justicia y Sociedad, al debate abierto en ciertos círculos que nada tienen que ver con el común de los mortales sobre la constitucionalidad del decreto de Estado de Alarma acordado por el Gobierno de España el sábado pasado para atajar, lo más rápidamente posible, el desastre nacional que supuso el cierre del espacio áreo por la huelga salvaje -léase, a nuestro entender, sabotaje- de los controladores aéreos. En lo que los juristas deciden si Zapatero metió la pata o no, la cuestión abierta estos días desde sectores de la izquierda española -con IU a frente- es si el Estado de Alarma está justificado o no, al no mediar catástrofe natural o sanitaria en concurrencia con la paralización de un servicio público vital como es el tráfico aéreo. En el PSOE de Canarias, ha sido Paquita Luengo quien ha rebatido el temor de Rivero a que la medida dé pie a que, por ejemplo, los conflictos laborales se resuelvan a partir de ahora manu militari. Y aunque ha de primar siempre la legalidad por encima de la necesidad lo único cierto es que, a día de hoy, la medida tomada por el Gobierno es ampliamente aplaudida y entendida con la certeza de que, para resolver una catástrofe y/o crisis como ha sido el cierre del espacio aéreo, sólo valía esa herramienta legal. ¿O había otra?

Si alarmante es el Informe Pisa que pone a la Educación canaria a la altura de abrirle un juicio en Nuremberg ahora mismito, interesante y enriquecedora sí que ha sido la aportación del abogado José Manuel Rivero, de la asociación Justicia y Sociedad, al debate abierto en ciertos círculos que nada tienen que ver con el común de los mortales sobre la constitucionalidad del decreto de Estado de Alarma acordado por el Gobierno de España el sábado pasado para atajar, lo más rápidamente posible, el desastre nacional que supuso el cierre del espacio áreo por la huelga salvaje -léase, a nuestro entender, sabotaje- de los controladores aéreos. En lo que los juristas deciden si Zapatero metió la pata o no, la cuestión abierta estos días desde sectores de la izquierda española -con IU a frente- es si el Estado de Alarma está justificado o no, al no mediar catástrofe natural o sanitaria en concurrencia con la paralización de un servicio público vital como es el tráfico aéreo. En el PSOE de Canarias, ha sido Paquita Luengo quien ha rebatido el temor de Rivero a que la medida dé pie a que, por ejemplo, los conflictos laborales se resuelvan a partir de ahora manu militari. Y aunque ha de primar siempre la legalidad por encima de la necesidad lo único cierto es que, a día de hoy, la medida tomada por el Gobierno es ampliamente aplaudida y entendida con la certeza de que, para resolver una catástrofe y/o crisis como ha sido el cierre del espacio aéreo, sólo valía esa herramienta legal. ¿O había otra?