Todos quietos en el Cabildo de Gran Canaria

José Miguel Bravo de Laguna ha animado el cotarro político canario más allá de lo que ya venía con las distintas irrupciones de partidos emergentes y la caída en picado de los tradicionales. Su acalorada diatriba con el partido que ayudó a fundar ha generado un culebrón que en los próximos días seguramente sufra un letargo para luego renacer virulentamente a medida que se acerquen las elecciones de mayo y el PP maneje datos más fiables de las consecuencias que va a tener sobre sus resultados la errónea decisión de Soria de dejarlo fuera de las listas. La dirigencia pepera está fumando en pipa, como pudo acreditarse en la dura carta que le enviaron hace un par de días instándole a entregar algo así como su acta de consejero, olvidando que los cabildos son las únicas instituciones españolas cuyo presidente se elige por voto directo del ciudadano. Sería bastante rocambolesco que el tránsfuga Bravo de Laguna dimitiera para que su puesto lo ocupara otro tránsfuga, el vicepresidente Juan Domínguez, que recorrió el camino en sentido contrario para pasar de nacionalista del CCN a conservador del PP de toda la vida. Por lo tanto, para no empeorar las cosas y evitar que todos hagamos chistes sobre el Cabildo de Gran Canaria, lo mejor es que se quede todo como está. Incluso que los consejeros del PP leales a sus superiores, se queden quietitos como si nada hubiera pasado obedeciendo disciplinadamente las órdenes del presidente de la Corporación para no arriesgarse a ser desposeídos de sus competencias y dejar de cobrar los sustanciosos salarios propios de consejeros con cartera.

Insularista, le dijo Clavijo a Bravo

La decisión de Bravo de Laguna de echarse al monte no solo ha recibido críticas del que fuera durante décadas su partido. También se han fajado algunas formaciones de la oposición, como el PSOE (Carolina Darias: “Tenemos un gobierno sin presidente y un presidente sin gobierno”) o Coalición Canaria, cuyo candidato regional, Fernando Clavijo, se metió en el complejo mundo del insularismo siempre acechante, sobre todo cuando se avecinan consultas electorales. Dice el alcalde de La Laguna que Bravo ha desempolvado “un insularismo absurdo que no existe en esta sociedad”. Podemos estar de acuerdo con el señor Clavijo en que la bandera grancanarista que ha levantado Bravo es claramente insularista, incluso pleitista si se quiere. El nombre de su nuevo partido, Unidos por Gran Canaria, no parece dejar lugar a dudas. Es evidente que expandirá estos próximos meses un discurso patriotero que toque las sensibilidades de quienes (viejos o jóvenes) puedan pensar que las dos islas capitalinas se arrebatan privilegios o ventajas entre sí. Lo que desde luego resulta llamativo de las declaraciones del candidato nacionalista es que sea él quien formule esa acusación. Pocos son ya los que niegan que exista un acuerdo cerrado entre Coalición Canaria y el PP para después de mayo si ambas fuerzas sumaran más de 31 diputados en la Cámara regional. Un acuerdo que lleva implícito en su propia formulación un reparto territorial del poder como a los agentes en presencia siempre ha gustado hacer: Gran Canaria, para Soria, y Tenerife para ATI. Ese reparto responde tácitamente a un reconocimiento expreso del pleito insular y por lo tanto a una negación del hecho regional como articulador del desarrollo de la región. Así le funcionó a ambos partidos durante los pactos que celebraron hasta 2011, lo que supuso un estancamiento del concepto regional de Canarias y de todos los planes estratégicos que debieron alumbrar una salida más razonable del marasmo eterno que sufrimos. Sólo con la entrada del PSOE en el Gobierno esa tendencia se frenó mínimamente, pero durante unos escasos cuatro años insuficientes para establecer un modelo de comportamiento político. Hasta Bravo de Laguna, contradiciendo sus propias declaraciones anteriores y en un rapto de sinceridad que alguien debería agradecerle, lo dijo el día de la presentación de Unidos por Gran Canaria: “Quitan a Paulino Rivero por ser excesivamente regional”.

No es creíble, Aguedita

Se le avecinan malos tiempos a Águeda Montelongo, candidata del PP a presidir el Cabildo de Fuerteventura y todavía hoy integrante de la Mesa del Parlamento de Canarias. En pocas fechas su procurador le hará llegar el escrito del Ministerio Fiscal en el que puede que se le pidan sustanciosas penas de prisión por varios delitos relacionados con la corrupción por el famoso caso Patronato. Ya saben que tal caso consistió en convidar a prebostes del PP a lujosas estancias en Fuerteventura a costa del Patronato de Turismo, falsificando a tal fin memorias justificativas de la institución con las que hacer ver que en realidad los homenajeados eran afamados periodistas extranjeros o actrices de culebrones mexicanos. De confirmarse esa posición de la Fiscalía Anticorrupción, la señora diputada entraría en una nueva fase procesal, la de estar acusada, es decir, en capilla para sentarse en el banquillo y defenderse ante un tribunal. Y, si no estamos desorientados, el código ético que el PP canario aprobó en su última tenida regional decía que con la apertura de juicio oral, el interfecto o interfecta habrían de irse para casita. No se lo exigirán a Montelongo como no se lo han exigido a Mari Carmen Castellano ni a Paquirrín González, que repiten candidatura tan ricamente. Pero volvamos a nuestra Aguedita. Para librarse del marrón, su abogado insiste en sus recursos ante el TSJC que la dama siempre fue ignorante. Ignorante de lo que firmaba, y que en realidad toda la culpa debería recaer en la interventora y en el secretario del Cabildo por ser tan tontos que dejaban pasar aquellas facturas falsificadas, en vez de rechazarlas. Resulta absurdo pretender colarle tal excentricidad a una juez instructora y a un fiscal. Porque se supone que esos funcionarios libraban los pagos porque la documentación llegaba a sus escritorios debidamente cumplimentada, con las memorias justificativas en orden y con las preceptivas firmas de los que sí estaban llamados a verificar lo que se proponía para el pago. Y resulta que las dos personas que entonces tenían esas atribuciones eran doña Águeda Montelongo, como consejera y vicepresidenta del Patronato de Turismo, y don José Luis Cabrera Bonny, como gerente. Si alguien falsificó facturas y memorias justificativas, inventó nombres de personajes para camuflar a los altos cargos del PP, se conchabó con hoteles y casas de alquiler de coches, esos no fueron ni la interventora ni el secretario del Cabildo. Solo falta ahora que Montelongo, fracasado este intento, pretenda endilgarle el muerto en exclusiva a Cabrera Bonny.

Dulce derrota en Asamblea Majorera

No nos movemos de Fuerteventura para comentarles lo ocurrido este lunes por la tarde-noche en Asamblea Majorera, marca local de Coalición Canaria. El rechazo en el Consejo Político Insular a la incorporación de Sergio Lloret a la lista nacionalista al Cabildo, la que encabezará (DM) Marcial Morales, ha sido interpretado de distintas maneras según quien contara la reunión. Para los partidarios de contar con quien hasta hace poco fue espada flamígera en el lomo de Mario Cabrera, factótum y todavía presidente del Cabildo, el ajustado resultado evidencia que “todavía no ha llegado el momento, pero todo se andará”. Y para los contrarios a la causa, el entorno de Mario Cabrera, un respiro en medio de tanta tribulación. Parece evidente que esos pocos votos de diferencia (nueve) que de momento aparcan la incorporación formal de este polémico ingeniero no pueden considerarse una derrota del comité local de Tuineje, que fue el que lo propuso, y que llegó a amenazar con escindirse de CC si no veía colmado su propósito. Esa dulce derrota parece que no conducirá la sangre al río. Por el otro lado tampoco se habían quedado cortos con las amenazas: la gente de Mario Cabrera había amenazado exactamente con lo mismo, con un cisma, lo que unido a lo que se cuece en Lanzarote y en Gran Canaria, habría complicado enormemente las expectativas del partido y del candidato regional, Fernando Clavijo. Por cierto, en Tuineje ya se preparan para recibir la visita de un motorista que, en nombre de la Justicia, dará un susto de muerte a su alcalde, Salvador Delgado. Pero ésa es otra historia.

José Miguel Bravo de Laguna ha animado el cotarro político canario más allá de lo que ya venía con las distintas irrupciones de partidos emergentes y la caída en picado de los tradicionales. Su acalorada diatriba con el partido que ayudó a fundar ha generado un culebrón que en los próximos días seguramente sufra un letargo para luego renacer virulentamente a medida que se acerquen las elecciones de mayo y el PP maneje datos más fiables de las consecuencias que va a tener sobre sus resultados la errónea decisión de Soria de dejarlo fuera de las listas. La dirigencia pepera está fumando en pipa, como pudo acreditarse en la dura carta que le enviaron hace un par de días instándole a entregar algo así como su acta de consejero, olvidando que los cabildos son las únicas instituciones españolas cuyo presidente se elige por voto directo del ciudadano. Sería bastante rocambolesco que el tránsfuga Bravo de Laguna dimitiera para que su puesto lo ocupara otro tránsfuga, el vicepresidente Juan Domínguez, que recorrió el camino en sentido contrario para pasar de nacionalista del CCN a conservador del PP de toda la vida. Por lo tanto, para no empeorar las cosas y evitar que todos hagamos chistes sobre el Cabildo de Gran Canaria, lo mejor es que se quede todo como está. Incluso que los consejeros del PP leales a sus superiores, se queden quietitos como si nada hubiera pasado obedeciendo disciplinadamente las órdenes del presidente de la Corporación para no arriesgarse a ser desposeídos de sus competencias y dejar de cobrar los sustanciosos salarios propios de consejeros con cartera.

Insularista, le dijo Clavijo a Bravo