“Reinventarse” con biomasa, gas y ladrillo

Fernando Clavijo acaba de regresar de una visita discreta a Madrid donde, según las crónicas, se reunió con el embajador de Francia en España “para captar inversiones” de la república amiga en Canarias. Maravilloso. De paso se encontró con Pedro Sánchez y María Dolores de Cospedal para recordarles que no se olviden de las Islas. Más maravilloso todavía. Tenemos como presidente del Gobierno de Canarias a un alcalde de pueblo, siento decirlo. Me cae bien Clavijo: parece una persona decente al que el cargo le queda demasiado grande, y sin menospreciar los esfuerzos que parece estar haciendo, lo que transmite es que no sabe dónde le queda la mano derecha. Este mismo viernes, a la salida de su reunión con la patronal tinerfeña de la construcción, a cuyos dirigentes explicó las bondades de la nueva ley del suelo de la que nadie conoce todavía papel alguno, alentó a las fuerzas vivas archipielágicas a “reinventarse para buscar nuevas vías de crecimiento que generen la creación de empleo”. Reinventarse es el término más empleado por los coach, esa especie de modernos visionarios que han proliferado de lo lindo tras el estallido de la crisis y la necesidad de la gente de encontrar salidas a las nuevas situaciones. Clavijo lleva reinventando Canarias desde que su partido, Coalición Canaria, lo invistió candidato a presidente. Ha reinventado hasta la pólvora, y en su afán por innovar ha descubierto que al sector de la construcción hay que darle nuevas oportunidades con una nueva ley del suelo que rompa los corsés que hasta ahora sufre. Pero eso sí, para que nadie se alarme, mediante la rehabilitación de edificios y espacios públicos y privados, más o menos lo que en los últimos años de su mandato pretendió su antecesor, Paulino Rivero. Es falso porque, en realidad, lo que pretende la reforma legislativa que se trae entre manos y aprovechando la sucesión interminable de sentencias contra la moratoria que está pariendo el Tribunal Supremo, lo que se nos viene encima es el regreso de la depredación ambiental. No deja de ser sintomático que en el “comité de sabios” que ha creado Clavijo para elaborar esa ley de la que solo se conocen retazos sólo figuren expertos en Derecho Urbanístico y en Derecho Administrativo. Ni un solo experto en Derecho Ambiental, ningún geógrafo, etnógrafo, oceanógrafo o parecidas especies en peligro de extinción.

¿En manos exclusivas de los ayuntamientos?

Tampoco es baladí que la nueva ley del suelo o del territorio que se está gestando en Canarias no figure entre los puntos acordados en el pacto de gobierno que el partido de Clavijo firmó con el PSOE el año pasado. Cierto es que hay referencias vagas a la simplificación y un aviso de muerte a la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (la temida Cotmac), a la que se alude solo para atribuirle competencias en materia de “declaración ambiental estratégica”. Porque, tal y como se comprometió en campaña y aunque no conste en los noventa y pico folios del pacto, la pretensión es cargarse ese órgano de control urbanístico para dejarlo todo en manos de los cabildos y de los ayuntamientos. El mismo viernes en que Clavijo se reunía con los jefazos de la patronal de la construcción tinerfeña, uno de sus iconos (de los patronos y de ATI), el empresario Antonio Plasencia, decidía aceptar un acuerdo con la Fiscalía para conformarse con una pena de un año y tres meses de cárcel por las burradas (delitos ambientales, vienen a llamarse) que cometió durante décadas en las canteras ilegales de áridos de Güímar. Una sucesión de negligencias del Cabildo y del Ayuntamiento permitieron gravísimos atentados ambientales que condujeron a Plasencia y a otras personas al banquillo de los acusados. Muy jodido ha de presentarse el panorama penal en este juicio para que el empresario aceptara una condena mínima de prisión que se puede agravar si resultara condenado en el juicio de Las Teresitas, de inminente celebración, donde la Fiscalía le pide cinco años a permanecer entre rejas. Hace menos de una semana, la actual alcaldesa de Güimar, Carmen Luisa Castro, del PP, visitaba a Fernando Clavijo para exponerle una serie de proyectos de “regeneración de los barrancos” del municipio después del destrozo ambiental de esas extracciones ilegales capitaneadas por Plasencia. La solución fue acogida con “receptividad” por el presidente del Gobierno, según las crónicas periodísticas. Sin embargo, el proyecto no es de regeneración ambiental, sino de regeneración urbanística porque lo que la alcaldesa expuso al entusiasta presidente fue “rehabilitar” los barrancos, “desde la costa hasta la cumbre” con hasta 1.000 camas turísticas, un parque temático (Milimand Park) y una industria de reconversión de neumáticos en diésel, advirtiendo la alcaldesa de que esas industrias “no serán las únicas”. En aplicación de la doctrina que imperaba en los bosques gallegos, que eran quemados para cambiar su calificación territorial, en Güímar pretenden cambiar un delito urbanístico por urbanizaciones turísticas e industriales. Unos magníficos ejemplos de lo que va a suponer dejar en manos de los ayuntamientos el desarrollo territorial. O, como dice nuestro presidente, el cambio de modelo económico de Canarias. Con mucho talento y con el IGTE, claro.

En nombre del empleo

Desde que Fernando Clavijo se hizo con la presidencia del Gobierno y el PSOE decidió hacer dejación absoluta de su papel como socio, los gestos, las declaraciones y las decisiones no pueden ser más evidentes: asistimos a una involución ambiental en toda regla. La imposición del gas como combustible de transición en lo que nos animamos a impulsar las renovables; la desprotección del palmeral del Oasis de Maspalomas porque las palmeras son datileras; la declaración de interés general del hotel de RIU en ese mismo enclave al tiempo que la justicia anula sus licencias urbanísticas; la declaración de interés general de dos plantas de biomasa en Granadilla y en el Puerto de La Luz y Las Palmas, y los anuncios velados de que se suavizarán las leyes para la construcción “sin consumir más suelo” (pícamelo menúo), son algunas de las evidencias. En los últimos estertores de la anterior legislatura ya arreciaron las presiones indecentes de los hoteleros tinerfeños para que el Gobierno diera vía libre a la introducción del gas licuado, antesala de las regasificadoras que el actual quiere imponer y a lo que se resiste el Cabildo de Gran Canaria. También contra esa Corporación a la que, por otro lado, se le incluye en el paquete de instituciones a potenciar en las nuevas leyes clavijistas, se intenta bendecir el hotel de RIU en el paraje del Oasis de Maspalomas y, en el colmo de los despropósitos, y siempre en nombre de la necesidad de inversiones y de la creación de empleo, como si fuéramos un país del tercer mundo, una incineradora de biomasa (“planta”, eufemísticamente) en el Puerto de La Luz y de Las Palmas. La Autoridad Portuaria ya ha puesto el grito en el cielo y los ecologistas han desvelado que el Gobierno dio el plácet después de conocer el informe de Sanidad que alertaba sobre los peligros para la salud pública de una instalación así. Hay que ser muy maúro para abrazar, en nombre de la sostenibilidad, un modelo energético que no es sostenible, no contribuye en absoluto a la soberanía energética y encima contamina (gases y partículas) a escasos metros de donde Gran Canaria recibe ya a más de un millón de cruceristas. El panorama ambiental no puede ser peor.

Fernando Clavijo acaba de regresar de una visita discreta a Madrid donde, según las crónicas, se reunió con el embajador de Francia en España “para captar inversiones” de la república amiga en Canarias. Maravilloso. De paso se encontró con Pedro Sánchez y María Dolores de Cospedal para recordarles que no se olviden de las Islas. Más maravilloso todavía. Tenemos como presidente del Gobierno de Canarias a un alcalde de pueblo, siento decirlo. Me cae bien Clavijo: parece una persona decente al que el cargo le queda demasiado grande, y sin menospreciar los esfuerzos que parece estar haciendo, lo que transmite es que no sabe dónde le queda la mano derecha. Este mismo viernes, a la salida de su reunión con la patronal tinerfeña de la construcción, a cuyos dirigentes explicó las bondades de la nueva ley del suelo de la que nadie conoce todavía papel alguno, alentó a las fuerzas vivas archipielágicas a “reinventarse para buscar nuevas vías de crecimiento que generen la creación de empleo”. Reinventarse es el término más empleado por los coach, esa especie de modernos visionarios que han proliferado de lo lindo tras el estallido de la crisis y la necesidad de la gente de encontrar salidas a las nuevas situaciones. Clavijo lleva reinventando Canarias desde que su partido, Coalición Canaria, lo invistió candidato a presidente. Ha reinventado hasta la pólvora, y en su afán por innovar ha descubierto que al sector de la construcción hay que darle nuevas oportunidades con una nueva ley del suelo que rompa los corsés que hasta ahora sufre. Pero eso sí, para que nadie se alarme, mediante la rehabilitación de edificios y espacios públicos y privados, más o menos lo que en los últimos años de su mandato pretendió su antecesor, Paulino Rivero. Es falso porque, en realidad, lo que pretende la reforma legislativa que se trae entre manos y aprovechando la sucesión interminable de sentencias contra la moratoria que está pariendo el Tribunal Supremo, lo que se nos viene encima es el regreso de la depredación ambiental. No deja de ser sintomático que en el “comité de sabios” que ha creado Clavijo para elaborar esa ley de la que solo se conocen retazos sólo figuren expertos en Derecho Urbanístico y en Derecho Administrativo. Ni un solo experto en Derecho Ambiental, ningún geógrafo, etnógrafo, oceanógrafo o parecidas especies en peligro de extinción.

¿En manos exclusivas de los ayuntamientos?