Santiago Pérez redacta el recurso de queja

El rechazo de la ILP sobre educación fue una muy mala decisión del Parlamento y del Gobierno de Canarias. Pero fue una decisión funesta para el Partido Socialista Canario, que precisamente se ocupa esta legislatura de esa cartera. Porque entre los promotores de esa iniciativa hay (o al menos había) un amplísimo número de personas comprometidas con la izquierda, votantes y militantes del PSOE, que en 2010, sin sospechar que dos años después los socialistas cogobernarían Canarias, se tomaron la molestia de escribir una ley, buscar 36.000 firmas y someterse al suplicio de la burocracia canaria. A todos ellos y a muchos que ni siquiera firmaron les sentó a cuerno quemado que el Parlamento ni siquiera se tomara la molestia de admitirla a trámite, y mucho peor les sentó que la decisión de la Mesa viniera avalada por un acuerdo del Consejo de Gobierno que se agarraba de manera infantil a un informe de Hacienda en el que se viene a decir que no hay dinero para estas boberías. Pero cuando la tormenta empezaba a amainar, cuando otras noticias de mayor o igual enjundia tapaban la anterior ?como siempre ocurre- la interposición de un recurso de queja ante la Mesa del Parlamento desató un cataclismo que ha obligado al Gobierno a reconsiderar su postura y recular por completo respecto a aquel rechazo. Pero, ¿qué dice esa queja que tanto ha inquietado al PSOE y a Coalición Canaria? O, mejor dicho, ¿quién elaboró esos seis folios que dejaban con los glúteos in the air a la dirigencia política canaria? Pues nada menos que Santiago Pérez, el ex dirigente socialista que abandonó su partido cuando descubrió que no lo querían ver por allí.

El rechazo de la ILP sobre educación fue una muy mala decisión del Parlamento y del Gobierno de Canarias. Pero fue una decisión funesta para el Partido Socialista Canario, que precisamente se ocupa esta legislatura de esa cartera. Porque entre los promotores de esa iniciativa hay (o al menos había) un amplísimo número de personas comprometidas con la izquierda, votantes y militantes del PSOE, que en 2010, sin sospechar que dos años después los socialistas cogobernarían Canarias, se tomaron la molestia de escribir una ley, buscar 36.000 firmas y someterse al suplicio de la burocracia canaria. A todos ellos y a muchos que ni siquiera firmaron les sentó a cuerno quemado que el Parlamento ni siquiera se tomara la molestia de admitirla a trámite, y mucho peor les sentó que la decisión de la Mesa viniera avalada por un acuerdo del Consejo de Gobierno que se agarraba de manera infantil a un informe de Hacienda en el que se viene a decir que no hay dinero para estas boberías. Pero cuando la tormenta empezaba a amainar, cuando otras noticias de mayor o igual enjundia tapaban la anterior ?como siempre ocurre- la interposición de un recurso de queja ante la Mesa del Parlamento desató un cataclismo que ha obligado al Gobierno a reconsiderar su postura y recular por completo respecto a aquel rechazo. Pero, ¿qué dice esa queja que tanto ha inquietado al PSOE y a Coalición Canaria? O, mejor dicho, ¿quién elaboró esos seis folios que dejaban con los glúteos in the air a la dirigencia política canaria? Pues nada menos que Santiago Pérez, el ex dirigente socialista que abandonó su partido cuando descubrió que no lo querían ver por allí.