Serramar se luce con sus delegados

A todas estas, ¿qué hace Serramar, la empresa adjudicataria, de momento provisionalmente, del servicio de seguridad del Cabildo de Gran Canaria contratando a un delegado en Canarias con estos antecedentes profesionales? Es fácil deducir que se trata de una decisión producto del pliego de condiciones técnicas del concurso, orientada a agradar al jefe del servicio que vigila el concurso y propone el nombre del adjudicatario. Serramar, no obstante, ha demostrado gozar de una puntería digna de mejor causa a la hora de elegir a sus delegados en las Islas, porque el primero, Rafael Gallego, tuvo que abandonar el puesto al resultar condenado por un delito de tráfico de drogas, por el que cumple condena de ocho años actualmente en la prisión Tenerife II. Por cierto, que aún siendo una exigencia del pliego de condiciones y de la Ley de Seguridad Privada que las empresas con más de treinta vigilantes tengan sede propia en la región donde han de prestar sus servicios, la Mesa de Contratación se saltó esta prescripción de manera más que atlética. Al menos en los tiempos del anterior delegado figuraba como sede social de la compañía el domicilio de aquel, en el Lomo de los Frailes.

A todas estas, ¿qué hace Serramar, la empresa adjudicataria, de momento provisionalmente, del servicio de seguridad del Cabildo de Gran Canaria contratando a un delegado en Canarias con estos antecedentes profesionales? Es fácil deducir que se trata de una decisión producto del pliego de condiciones técnicas del concurso, orientada a agradar al jefe del servicio que vigila el concurso y propone el nombre del adjudicatario. Serramar, no obstante, ha demostrado gozar de una puntería digna de mejor causa a la hora de elegir a sus delegados en las Islas, porque el primero, Rafael Gallego, tuvo que abandonar el puesto al resultar condenado por un delito de tráfico de drogas, por el que cumple condena de ocho años actualmente en la prisión Tenerife II. Por cierto, que aún siendo una exigencia del pliego de condiciones y de la Ley de Seguridad Privada que las empresas con más de treinta vigilantes tengan sede propia en la región donde han de prestar sus servicios, la Mesa de Contratación se saltó esta prescripción de manera más que atlética. Al menos en los tiempos del anterior delegado figuraba como sede social de la compañía el domicilio de aquel, en el Lomo de los Frailes.