Transparencia pero menos

Un baño de transparencia. Esa es la impresión que a primera vista pueden transmitir las noticias acerca de la publicación de los bienes de los ex ministros y actuales ministros del Gobierno de España. Los publicaba este jueves el BOE, que situaba a un secretario de Estado, el de Defensa, como el más rico de todos, con 18 millones de euros de patrimonio. Los datos, sin embargo, son extremadamente escuetos: bienes inmuebles y otros bienes. Insuficiente, absolutamente insuficiente, porque el ciudadano tiene derecho a saber en qué consisten exactamente esos bienes patrimoniales, dónde se encuentran, porque no es lo mismo que un ministro tenga una casa en Madrid que en Albacete, o que cobre un complemento como diputado por ser de Canarias si tiene un ático en la capital de España. Del mismo modo que resulta incompleta la información ofrecida si en el enunciado de la disposición se habla de “resolución de conflictos de intereses”. Es conveniente, por ejemplo, saber cuántas acciones tiene el millonario ministro Arias Cañete en empresas petroleras que contaminan y sufren accidentes laborales mortales; o si Morenés, el titular de Defensa, continúa teniendo intereses directos, indirectos o diferidos en empresas fabricantes de armamento, las que han conseguido que el Gobierno les pague una deuda multimillonaria que muy bien podrían haber fraccionado por el bien del país.

Un baño de transparencia. Esa es la impresión que a primera vista pueden transmitir las noticias acerca de la publicación de los bienes de los ex ministros y actuales ministros del Gobierno de España. Los publicaba este jueves el BOE, que situaba a un secretario de Estado, el de Defensa, como el más rico de todos, con 18 millones de euros de patrimonio. Los datos, sin embargo, son extremadamente escuetos: bienes inmuebles y otros bienes. Insuficiente, absolutamente insuficiente, porque el ciudadano tiene derecho a saber en qué consisten exactamente esos bienes patrimoniales, dónde se encuentran, porque no es lo mismo que un ministro tenga una casa en Madrid que en Albacete, o que cobre un complemento como diputado por ser de Canarias si tiene un ático en la capital de España. Del mismo modo que resulta incompleta la información ofrecida si en el enunciado de la disposición se habla de “resolución de conflictos de intereses”. Es conveniente, por ejemplo, saber cuántas acciones tiene el millonario ministro Arias Cañete en empresas petroleras que contaminan y sufren accidentes laborales mortales; o si Morenés, el titular de Defensa, continúa teniendo intereses directos, indirectos o diferidos en empresas fabricantes de armamento, las que han conseguido que el Gobierno les pague una deuda multimillonaria que muy bien podrían haber fraccionado por el bien del país.