El director general de Costas del Gobierno de Canarias, Antonio Acosta, ha anunciado la reactivación de la comisión mixta sobre el litoral, con el fin de “estar del lado de los afectados” por la normativa y “salvar” núcleos costeros “que para nosotros son tan importantes”.
Así lo ha expresado en declaraciones a los medios, a los que ha adelantado que trabajan en un “censo” de los núcleos costeros e irán analizando las diferentes circunstancias jurídicas para instar al Estado a comprender la costa canaria con su idiosincracia en una “relación basada en el entendimiento”.
Esta es la segunda comisión que se celebra en esta legislatura, ha dicho, en “un compromiso de este Gobierno” que busca “ir analizando las diferentes situaciones jurídicas que han ido cambiando hasta la fecha en el Estatuto de Autonomía”, que ahora confiere “otro marco legal para poder defender las situaciones existentes en Canarias y las diferentes sentencias también en los tribunales”.
Ha asegurado que han “ido dando pasos” a la posibilidad de “salvar esos núcleos que para nosotros son tan importantes” y que en esta cita estará centrada en el “trabajo jurídico” que es “primordial” para estudiar las “posibilidades que podíamos tener para llegar al desenlace y poder salvar la mayor parte de los asentamientos”.
Ha recordado que “han sucedido muchas cosas en el camino que han cambiado ese marco jurídico”, por lo que trabajan en base a “este informe con el que pretendemos seguir avanzando en la línea que queremos para Canarias”.
Ha instado al Estado “al entendimiento del litoral canario y de la forma de verlo desde nuestro archipiélago y no desde Madrid” y “la importancia que tienen para nosotros esos núcleos, porque son parte de la cultura y de la economía”.
Los servicios jurídicos han pedido “hacer una valoración jurídica de la situación global para después posteriormente, iniciar los trabajos”, con un informe encargado a la Fundación Universitaria de La Laguna a partir del cuyas conclusiones “se va a empezar a trabajar”.
La primera con conclusión es la necesidad de “hacer ese censo”, para el que hay dos vías, “una en suelos rústicos en los que tenemos que ir por la vía del valor etnográfico y las diferentes situaciones urbanísticas que tienen cada uno de los núcleos” y que determinan la situación legal actual de cada uno de ellos.
El Gobierno canario trata de “intentar resolver los problemas”, algo que “tiene varias opciones” como es “la desafección” o invocar por la disposición transitoria cuarta de la Ley de Costas y, “en función de cada una de las situaciones de esos núcleos, elegir una vía o por otra”.
Acosta ha querido “dejar claro” que el Ejecutivo regional “va a estar siempre al lado de los afectados”, tratando de “mantener un diálogo y que nos entiendan cuando hablamos de núcleos costeros en Canarias, que no son iguales a núcleos costeros en otro lado”, y “la importancia que tienen para nosotros”.
Con este informe jurídico, se va a iniciar el censo, que aunque ha confesado que “depende de una cuestión económica”, ya se trabaja y en el que “se va a tener en cuenta la participación de las personas que están en esos núcleos y de las asociaciones que forman parte”.