La carrera para mitigar las consecuencias de la crisis climática es un sprint contra el tiempo que España y el resto de estados miembros de la Unión Europea (UE) disputan a una velocidad y Canarias a otra. El Archipiélago, donde solo el 20% de la energía proviene de renovables, está por detrás de la mayoría comunidades autónomas en este sentido, pero quiere alcanzar la anhelada meta de 0 emisiones diez años antes que el resto, en 2040. Para algunos este objetivo es inalcanzable, demasiado optimista. Para otros es precisamente el modelo a seguir, sea realizable o no.
Un estudio publicado recientemente en la revista Energies por investigadores de la Universidad de La Laguna (ULL) hace una revisión del Plan de Transición Energética de Canarias, el famoso PTECAN, cuyo objetivo prioritario es programar un giro de 180 grados del modelo energético de las Islas para dejar de expulsar gases de efecto invernadero en poco más de 15 años (2040). Los autores ven esa meta inasumible, casi irreal. Y desgranan, un tanto por encima, las principales barreras que podrían frustrar ese sueño.
“Creemos que no sea va a cumplir. Y eso lo pensamos porque históricamente la planificación energética de Canarias ha tenido como resultado un cumplimiento nulo de las cosas que se han propuesto. Vemos lo que tenemos ahora, lo que queremos conseguir y los ritmos a los que se pretende ir y sentimos que no ha cambiado la filosofía del pasado. No se han tenido en cuenta las barreras institucionales, políticas, burocráticas ni financieras. No está claro”, resume Francisco J. Ramos-Real, primer autor de la investigación y catedrático de Análisis Económico por la ULL.
El propio trabajo advierte de que no se trata de un “análisis detallado”, sino que quiere sentar las bases de la discusión sobre gobernanza energética en un sistema aislado como el canario, donde cada isla debe abastecerse por sí sola, y que puede servir de ejemplo para otras regiones ultraperiféricas de Europa.
Ramos-Real y el resto de expertos hacen una revisión de todos los planes energéticos que se han aprobado en el Archipiélago, desde el PECAN de 1986, que abogaba por el uso del carbón para la generación de electricidad, hasta los más recientes. De todos ellos salta a la vista que sus propósitos más importantes no se cumplieron, como es el caso del PECAN de 2006, que perseguía un 30% de energía renovable para 2015 y a día de hoy ni siquiera se ha llegado a esa cifra.
Los firmantes del artículo achacan esto a la negativa de introducir gas natural, lo que en su opinión rebajaría la dependencia del petróleo, la falta de un organismo fiscalizador y el retraso en la instalación de proyectos fotovoltaicos y eólicos. También consideran que Canarias no ha sacado provecho de su posición dentro de la UE para introducir normativas comunitarias que fomenten la transición energética y que dicho “fracaso” está estrechamente vinculado a la falta de participación ciudadana. Dentro del furor actual por la aprobación de la ley climática “más ambiciosa” de todo el Estado, según el consejero de Transición Ecológica, José Antonio Valbuena, ellos ponen un poco de calma, especialmente porque el organismo encargado de la elaboración de los programas anteriores, el Instituto Tecnológico de Canarias (ITC), también hizo este.
“Tú puedes tener la mayor de las voluntades y decir que vas a instalar un 40% de energía eólica, por ejemplo. Pero, ¿de qué depende? Primero de los ayuntamientos y de la ocupación del territorio. Segundo, de que la red eléctrica sea capaz o no de admitir toda esa cantidad. Depende de unos sistemas de almacenamiento [como la central de bombeo Chira-Soria] que a día de hoy no existen”, puntualiza Ramos-Real.
Tanto el ITC como GESPLAN, la empresa pública que ha elaborado la Estrategia de Acción Climática del Archipiélago, prevén escenarios y ritmos distintos con respecto a la penetración de renovables. Para el primero, la producción bruta de energía limpia en 2030 será del 58%, mientras que para el segundo solo del 37%. El estudio de los científicos tinerfeños detalla que para lograr un porcentaje del 71% se tendría que quintuplicar la introducción de estas tecnologías, ya que en estos momentos se instalan, según el texto, 67 megavatios (MW) al año, por los 320 MW que harían falta. Los autores relacionan la lenta implantación a la alta protección del territorio insular (casi el 40% está protegido), a que Canarias acumula el mayor volumen de proyectos aprobados pero no llevados a cabo por Red Eléctrica y de nuevo a la escasez de medidas específicas para su agilización.
La investigación cuestiona qué va a ocurrir con los sistemas de almacenamiento de energía, claves para la descarbonización, pues de momento solo está en fase de construcción la central hidroeléctrica de Chira-Soria, en Gran Canaria, pero hacen falta tres más, según recoge la estrategia del Gobierno canario. Y también la incursión de tecnologías inmaduras, como la geotermia, el hidrógeno verde o la eólica marina, las cuales deberían verter algo de electricidad a la red en 2030 teniendo en cuenta el escenario más optimista.
Otro punto criticado por los expertos es el vaticinio de que el Archipiélago contará dentro de siete años con 466.000 coches eléctricos, cuando en estos momentos solo hay 6.000 y todo apunta a que la realidad social de Canarias hace impensable llegar a ese valor en un futuro próximo. Así como la esperanza de que el sector privado financie con 4.910 millones de euros (el 78% del total) la consecución de la revolución energética de los próximos años. “Existe una creciente preocupación en el mundo empresarial con respecto a la instalación de renovables por la falta de capacidad de transporte (…), el dilatado proceso de tramitación de permisos, que debería reducirse a menos de dos años, la falta de claridad en el ámbito regulatorio (…) y la ausencia de un mecanismo de tarificación horaria para cada sistema eléctrico aislado”, enumera el documento.
“No sé cómo lo van a hacer. Todavía no se ha creado la Agencia de Acción Climática para monitorizar todo esto”, remacha Ramos-Real. En esta línea ahonda el profesor de Ingeniería Química y Ambiental y director del Análisis Ambiental de Canarias, Eladio M. Romero González, quien hace unos meses replicó el mismo mensaje con respecto al objetivo de una Canarias neutra de emisiones en 2040. “Es imposible”, dijo ante el Colegio de Ingenieros Industriales de Santa Cruz de Tenerife.
Roque Calero, doctor en Ingeniería Industrial por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) y especialista en energías renovables, coincide con que la descarbonización completa para 2040 es “inalcanzable”, pero matiza algunas de las propuestas esgrimidas por el estudio de Ramos-Real y cía, como la entrada del gas natural. “Para eso harían falta infraestructuras muy potentes. Y son inversiones que andan por los 350 millones de euros cada una que luego hay que amortizar en un plazo de 25 a 30 años y no se pueden sustituir por renovables, lo cual significa un bloqueo enorme”.
El también catedrático en Ingeniería Mecánica cree que, como mucho, la penetración de renovables en 2040 será del 80%, pero que hay una remota posibilidad de escalar hasta el 100% si la geotermia y el hidrógeno verde cogen impulso, junto con la desalación y depuración de agua fuera de la red y los coches eléctricos también excluidos de ella mediante el intercambio de baterías. “Si no hacemos esto, es inviable. A no ser que se haga un esfuerzo excepcional agilizando todo el tema administrativo, cambiando los grupos tradicionales… Si hacemos 1.000 cosas muy rápidas, sí. Pero si no, es imposible”, concluye.
Ante esta tesitura, expertos en legislación medioambiental debaten sobre qué es mejor para luchar contra la crisis climática, si propósitos ambiciosos o iniciativas realistas, sobre todo después de saber que solo 26 de los 193 países que forman parte de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP) y prometieron reforzar sus políticas climáticas el año pasado finalmente no lo hicieron. Ana Márquez, técnico de Clima y Energía en SEO/BirdLife y coordinadora del proyecto Life Unify en España, cree que es mejor pasarse que quedarse corto.
“En política hay que ser ambicioso, porque a lo mejor no llegas, pero darás un gran paso y no te vas a quedar rezagado. Marcarse objetivos a largo plazo tiene un riesgo muy grande, porque te relajas, porque piensas que tienes bastante tiempo para cumplirlo. Por eso lo mejor son planes intermedios, y, si puede ser, que conjuguen ambas cosas”, señala.